miércoles, 10 de agosto de 2016

PENSIONES Y CERTEZAS (José Manuel Cansino en La Razón el 25 de Julio de 2016)

La sociedad occidental, desde los años sesenta del pasado siglo, amplió el aforismo de que nada había tan cierto en la vida como la muerte y los impuestos por el de que la muerte, los impuestos y las prestaciones del estado del bienestar eran -las tres- certezas incuestionables. Estas tres supuestas certezas (la última es tramposa) han evolucionado de forma muy diferente. La muerte se ha alejado a lomos de una mayor longevidad, los impuestos cada vez se evaden más cómodamente a través de paraísos fiscales y similares y, conforme la sociedades se hicieron más opulentas, Wagner y Baumol probaron que aumentaban sus demandas de prestaciones públicas. No hay que saber más que unos rudimentos de Economía y algo de matemáticas para saber que esto es difícil de sostener. Difícil sobre todo si se conjuga con elevadas tasas de desempleo, salarios devaluados y un suicidio demográfico que azota al continente europeo desde hace casi dos décadas.



Ahora el gobierno todavía en funciones ha vuelto a echar mano del fondo de reserva de la Seguridad Social, otros 1000 millones de euros más y ya va por la mitad del valor que llegó a alcanzar en los años del boom inmobiliario.
Pero resulta que tampoco en esto los grandes partidos son capaces de acordar unas bases estables que permitan seguir pagando las pensiones sin echar mano de la hucha de la Seguridad Social. Es aquí donde la propuesta del PSOE en boca del ex ministro Jordi Sevilla merece una atención mucho mayor que despacharla con los aplausos o los pitos del debate electoral con frecuencia epidérmico.
El PSOE propone financiar el desfase de las pensiones con la creación de un recargo solidario al estilo francés, la llamada Contribución Social Generalizada. Este impuesto recaudó en 2012 casi 90.000 millones de euros en Francia. Técnicamente se trata de una figura tributaria añadida a las cotizaciones a la Seguridad Social y aquí es donde comienzan los problemas. España tiene un volumen de desempleo marcadamente mayor que el francés y subir las contribuciones es tanto como encarecer la contratación y devaluar el salario neto en el probable caso de que el incremento de la contribución recayese sobre empleadores y empleados.
Desde la perspectiva del reparto de la carga fiscal, la propuesta socialista daría una vuelta de tuerca más al sistema tributario español que cada vez recae más sobre las rentas del trabajo y el consumo. Las rentas de capital son internacionalmente mucho más móviles y acaban en paraísos fiscales vía despachos de asesoramiento ubicados en Panamá o Gibraltar.
Este y no otro es el problema de la propuesta socialista pero no que sea mala o que no suponga una solución a un problema que todos quieren esquivar conjurando al Pacto de Toledo sobre las pensiones. La propuesta tiene el problema de no favorecer las creación de empleo y agudizar un reparto de la carga fiscal sobre los hombros de los trabajadores por cuenta ajena y consumidores.
Es oportuno recordar que el informe de la Comisión de Expertos que en 2014 recomendó una batería de medidas para una nueva reforma fiscal en España, recomendó introducir impuestos que favorecieran la preservación del medio ambiente y cuya recaudación pudiera servir, además, para reducir la carga de otros tributos como las propias contribuciones a la Seguridad Social.
En un artículo que acaba de publicar la revista Carbon Management, he tenido la oportunidad de colaborar con los profesores Cardenete, Román y Ordóñez estimando cómo tendría que ser un impuesto sobre el consumo de electricidad en España para poder alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos en la agenda del denominado H2020. Como máximo el tipo impositivo alcanzaría un 7 % y podría permitir la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Naturalmente este impuesto sería soportado por los consumidores e impactaría negativamente sobre la competitividad de los productos españoles intensivos en consumo de electricidad. Pero, si no aumenta la recaudación en un país donde pronunciar la palabra "recortes" es un pasaporte a la oposición política, el estado del bienestar tendría grandes problemas en partidas tan sensibles como las pensiones.
Es cierto que es posible aumentar la recaudación reduciendo el nivel de fraude fiscal máxime en un país como España donde el volumen de la economía sumergida ronda el 25 % del PIB, pero yo soy poco optimista en este ámbito. Creo que las cifras sobre cuánto dinero se recaudaría de más reduciendo el fraude suelen sobre estimarse.

El colapso del Sistema de pensiones no es algo inminente, se puede seguir enjugando con la recaudación de otros ingresos, pero antes o después será una certeza. Tan incuestionable como que con la vida van la muerte y los impuestos.

PENSIONES Y CERTEZAS (José Manuel Cansino en La Razón el 25 de Julio de 2016)

La sociedad occidental desde los años sesenta del pasado siglo amplió el aforismo de que nada había tan cierto en la vida como la muerte y los impuestos por el de que la muerte, los impuestos y las prestaciones del estado del bienestar eran -las tres- certezas incuestionables. Estas tres supuestas certezas (la última es tramposa) han evolucionado de forma muy diferente. La muerte se ha alejado a lomos de una mayor longevidad, los impuestos cada vez se evaden más cómodamente a través de paraísos fiscales y similares y, conforme, la sociedades se hicieron más opulentas, Wagner y Baumol probaron que aumentaban sus demandas de prestaciones públicas. No hay que saber más que unos rudimentos de Economía y algo de matemáticas para saber que esto es difícil de sostener. Difícil sobre todo si se conjuga con elevadas tasas de desempleo, salarios devaluados y un suicidio demográfico que azota al continente europeo desde hace casi dos décadas.



Ahora el gobierno todavía en funciones ha vuelto a echar mano del fondo de reserva de la Seguridad Social, otros 1000 millones de euros más y ya va por la mitad del valor que llegó a alcanzar en los años del boom inmobiliario.
Pero resulta que tampoco en esto los grandes partidos son capaces de acordar unas bases estables que permitan seguir pagando las pensiones sin echar mano de la hucha de la Seguridad Social. Es aquí donde la propuesta del PSOE en boca del ex ministro Jordi Sevilla merece una atención mucho mayor que despacharla con los aplausos o los pitos del debate electoral con frecuencia epidérmico.
El PSOE propone financiar el desfase de las pensiones con la creación de un recargo solidario al estilo francés, la llamada Contribución Social Generalizada. Este impuesto recaudó en 2012 casi 90.000 millones de euros en Francia. Técnicamente se trata de una figura tributaria añadida a las cotizaciones a la Seguridad Social y aquí es donde comienzan los problemas. España tiene un volumen de desempleo marcadamente mayor que el francés y subir las contribuciones es tanto como encarecer la contratación y devaluar el salario neto en el probable caso de que el incremento de la contribución recayese sobre empleadores y empleados.
Desde la perspectiva del reparto de la carga fiscal, la propuesta socialista daría una vuelta de tuerca más al sistema tributario español que cada vez recae más sobre las rentas del trabajo y el consumo. Las rentas de capital son internacionalmente mucho más móviles y acaban en paraísos fiscales vía despachos de asesoramiento ubicados en Panamá o Gibraltar.
Este y no otro es el problema de la propuesta socialista pero no que sea mala o que no suponga una solución a un problema que todos quieren esquivar conjurando al Pacto de Toledo sobre las pensiones. La propuesta tiene el problema de no favorecer las creación de empleo y agudizar un reparto de la carga fiscal sobre los hombros de los trabajadores por cuenta ajena y consumidores.
Es oportuno recordar que el informe de la Comisión de Expertos que en 2014 recomendó una batería de medidas para una nueva reforma fiscal en España, recomendó introducir impuestos que favorecieran la preservación del medio ambiente y cuya recaudación pudiera servir, además, para reducir la carga de otros tributos como las propias contribuciones a la Seguridad Social.
En un artículo que acaba de publicar la revista Carbon Management, he tenido la oportunidad de colaborar con los profesores Cardenete, Román y Ordóñez estimando cómo tendría que ser un impuesto sobre el consumo de electricidad en España para poder alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos en la agenda del denominado H2020. Como máximo el tipo impositivo alcanzaría un 7 % y podría permitir la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Naturalmente este impuesto sería soportado por los consumidores e impactaría negativamente sobre la competitividad de los productos españoles intensivos en consumo de electricidad. Pero, si no aumenta la recaudación en un país donde pronunciar la palabra "recortes" es un pasaporte a la oposición política, el estado del bienestar tendría grandes problemas en partidas tan sensibles como las pensiones.
Es cierto que es posible aumentar la recaudación reduciendo el nivel de fraude fiscal máxime en un país como España donde el volumen de la economía sumergida ronda el 25 % del PIB, pero yo soy poco optimista en este ámbito. Creo que las cifras sobre cuánto dinero se recaudaría de más reduciendo el fraude suelen sobre estimarse.

El colapso del Sistema de pensiones no es algo inminente, se puede seguir enjugando con la recaudación de otros ingresos, pero antes o después será una certeza. Tan incuestionable como que con la vida van la muerte y los impuestos.

jueves, 21 de julio de 2016

¿DÓNDE APARCA EL PREMIO NÓBEL? (José Manuel Cansino en La Razón el 18/7/2016)



Acaba de publicarse el ranking de las 1.000 mejores universidades del mundo que elabora el Center for World University Rankings (CWUR). Se estima que a lo largo del mundo existen unas 17.000 universidades. Los rankings se utilizan para comparar el prestigio de las universidades a nivel nacional e internacional. El ranking del CWUR no es el único ni el más conocido de este tipo (el más conocido en el de Shangai) pero, como los demás, siempre logra un cierto recorrido mediático. Sólo una universidad española, la Universidad de Barcelona, figura entre las 200 mejores del mundo. De entre las diez primeras universidades españolas que aparecen, sólo la de Granada y la Universidad de Sevilla –por este orden- son andaluzas.



La metodología que sigue el CWUR incluye entre sus criterios el número de premios internacionales (por ejemplo, el Nobel) obtenidos tanto por sus profesores como por sus licenciados; la cantidad de antiguos alumnos que han llegado a ser consejeros delegados (CEO) de las principales empresas del mundo puestos en relación con el tamaño de la universidad; el volumen de trabajos de investigación de alto impacto y aparecidos en publicaciones influyentes y de prestigio; las citas, y las patentes.
De las diez universidades mejor posicionadas, ocho son estadounidenses y dos británicas. Si Vd tiene curiosidad, este es el orden: Harvard, Stanford y Massachusetts Institute of Technology, Oxford, Cambridge (estas dos, británicas), Columbia, Berkeley, Chicago, Princeton y Yale.
Resumir la explicación de este éxito en unas pocas palabras es siempre temerario pero no me equivocaría mucho si coincido con quienes sostienes que la clave está en el trabajo de estas universidades orientado a la “captación del talento” venga de donde venga. Sin duda es este un modelo que poco se parece a la preocupación de la universidad española principalmente orientada a la “consolidación” del talento local.
A pesar de que el sistema universitario español ahora contempla explícitamente un sistema de incorporación de talentos externos a través de un proceso tan regulado como los habituales de promoción interna, en las universidades españolas estamos lejos de reservar una plaza de garaje con el nombre de cada uno de los premios Nobel que forman parte de nuestros claustros. Es sólo un ejemplo de lo que hace la Universidad estadounidense de Berkeley. Allí, los premios Nobel tienen plaza de aparcamiento gratis. Me atrevo a sostener que en cualquier universidad española esta iniciativa sería abiertamente rechazada y, si alguna se atreviese a establecer esta distinción automovilística, no sería yo quien recomendase a la eminencia tal dejar su coche en el sitio reservado. La universidad española es –como no puede ser de otra forma- reflejo de su sociedad. Una sociedad abiertamente hostil a promoción meritocrática y, en cambio, muy apegada a un igualitaristo letal. Entre la “colleja” al empollón y el ninguneo al académico premiado sólo hay una diferencia de edad y contacto físico. Pero regresemos a la cuestión de los rankings.
Los rankings universitarios tienen un enorme impacto en la sociedad. Su interpretación es sencilla y resultan accesibles al gran público por lo que influyen en las decisiones trascendentales como la elección de la universidad en la que se desea cursar los estudios. Aunque no son perfectos son la única herramienta para dar visibilidad a una universidad en un mundo donde “no existe lo que no se ve”. Esta fue una de las conclusiones compartidas por los participantes en un reciente seminario organizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en el Centro Asociado de Madrid-Escuelas Pías de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED.
Entre los mejores conocedores de cómo se elaboran estos rankings está el profesor Domingo Docampo de la Universidad de Vigo. Por ejemplo, en el Ranking de Shanghai, que valora fundamentalmente la investigación, se tienen en cuenta los alumnos y profesores que han recibido premios Nobel o medallas Fields. De nuevo aparece la importancia de la captación de talento y el sentido de las plazas de garaje que la Universidad de Berkeley reserva a “sus” premios Nobel. El mismo ranking también valora especialmente los artículos científicos incluidos en las revistas de mayor reputación que son las incluidas en el “Science Citation Index – Expanded” y en el “Social Science Citation Index”. Esto último es una importante barrera para universidades como las españolas por lo siguiente.
Las universidades con un peso importante de titulaciones de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Humanidades se sitúan, ya de partida, en una posición de desventaja respecto a las que cuentan con mayor número de titulaciones de Ciencias Experimentales y de Ciencias de la Salud. La razón estriba en que resulta más probable que los profesores-investigadores (aquellos que imparten docencia e investigan) o los investigadores que trabajan en Ciencias Experimentales y de Ciencias de la Salud tienen una mayor tradición de investigación orientada a este tipo de publicaciones y también un mayor número de revistas en las que publicar. Adicionalmente, los experimentos son más fácilmente repetibles, suelen disponer de mayores fondos y, como consecuencia, resultados más abundantes susceptibles de ser publicados.
Con todo y sin alharacas, sería interesante analizar los modelos de éxito relativo que han llevado a varias universidades españolas y andaluzas a estar entre las 500 primeras (tanto en este ranking del CWUR como en el de Shangai). Por ejemplo, en línea con el peso otorgado a los puestos obtenidos por los alumnos en las principales empresas, la Universidad de Sevilla elevó a rango de Vicerrectorado la actividad de transferencia tecnológica. En los últimos meses, el sistema nacional de promoción de los profesores atribuyó un mayor peso curricular (aún por aclarar) a este tipo de actividades. Otro ejemplo es el apoyo dado a la mejora de las publicaciones de sus miembros en revistas científicas y a la obtención de proyectos de I+D en convocatorias competitivas. Así, a través de su Plan Propio, la Universidad de Sevilla facilita que los investigadores responsables de proyectos de esta naturaleza podamos disponer de personal técnico que auxilie en las muchas obligaciones administrativas. Son sólo dos ejemplos a los que podría sumarse la labor del Vicerrectorado de Internacionalización, clave en la tarea de poner a esta Universidad en el mapa académico mundial.

Me temo que seguirá sin haber plaza de garaje reservada a los premios Nobel que trabajen en las universidades españolas, pero aquellas que estén decididas a mejorar su posición en estos rankings, tienen ejemplos donde mirarse por mucho que estos listados –como toda obra humana- sean perfectibles.

sábado, 16 de julio de 2016

CRECER LIMPIAMENTE A LA AMERICANA (José Manuel Cansino en La Razón el 11/7/2016)



La atropellada visita del presidente estadounidense a España y particularmente a Andalucía, motiva este artículo que analiza el modelo de crecimiento de EEUU desde la perspectiva medioambiental. Hasta su relevo por China, EEUU ha liderado durante casi todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI-. Aunque ahora sea la segunda potencia en emisiones de GEI sigue siendo la primera economía mundial por lo que su comportamiento y su implicación en los acuerdos internacionales de lucha contra el Cambio Climático sigue siendo determinante.



Desde 2005 la economía estadounidense registra un llamativo y aparente patrón de desacoplamiento entre una tasa creciente de crecimiento económico y una reducción en el volumen de emisiones de GEI medidas en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Las emisiones de GEI en 2013 fueron inferiores a las de 2005 en 582,57 millones de toneladas mientras que su PIB había crecido en 1.357,79 billones de dólares americanos (el billón americano es 10 elevado a la 9). Parecen haber alcanzado la meta de cualquier modelo de crecimiento sostenible -seguir creciendo al tiempo que reducen las emisiones de gases contaminantes-. Este hecho ha motivado algunas investigaciones de los expertos en economía ambiental cuyo objetivo es determinar los factores que explican este aparente desacoplamiento bien para reforzarlos bien para replicarlos en otros países.
Los resultados arrojan que las ganancias en eficiencia energética (cantidad de energía necesaria para producir un dólar de PIB) explican principalmente este desacoplamiento. En 2000 se necesitaban 0.2 toneladas equivalentes de petróleo para producir 1000 dólares de PIB estadounidense; en 2013, la cantidad había bajado a 0.15 según la Agencia Internacional de la Energía. Dado que las emisiones de GEI se calculan a partir del consumo de energía multiplicando la cantidad de los diferentes combustibles fósiles consumidas por un "factor de emisión", resulta crucial reducir el consumo energético por unidad de producto. Sólo de esa forma es posible crecer y reducir las emisiones contaminantes a un mismo tiempo. Yo me incluyo entre los que que consideran que la contribución de la mejora de la eficiencia al desacoplamiento está sobre dimensionada pero así resulta de los análisis incluidos los que he tenido la oportunidad de realizar junto con los profesores Ordóñez, Román, Sánchez-Braza y Rodríguez-Arévalo.
La estructura del sistema productivo de EEUU también parece haber contribuido al desacoplamiento entre emisiones y crecimiento económico. En esto, sin embargo, el análisis debe afinarse hasta conocer en qué medida el resultado obedece a un proceso de deslocalización ("outsourcing") de la industria estadounidense a otros países con una legislación medio ambiental menos exigente. Para medir este efecto deslocalización en el denominado "comercio de emisiones" los economistas desarrollan modelos multi-regionales Input-Output. 
Por último y para sorpresa de quienes han alabado la política de Obama en favor de las energías renovables, el mix energético de ese país no parece haber favorecido el desacoplamiento sino más bien, todo lo contrario. Actualmente más del 83% del mix Energético de EEUU sigue estando basado en los combustibles fósiles.
Un aspecto que no debe pasarse por alto en este análisis es el fuerte desarrollo que en los mismos años en los que parece haberse alcanzado el desacoplamiento en EEUU se ha desarrollado intensamente la técnica del "fracking" para la obtención de petróleo y de gas de esquisto.  Las reservas de crudo extraíble en Estados Unidos ascienden a 264.000 millones de barriles. Así lo estima un estudio de la consultora especializada Rystad Energy. Rusia se queda con el segundo lugar, con 256.000 millones de barriles, y con el tercero, Arabia Saudí, que cuenta con 212.000 millones de barriles de reserva de crudo.
Los efectos medioambientales del "fracking" no se reflejan en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero estadounidense porque no implican, principalmente, mayores emisiones pero sí la contaminación de acuíferos subterráneos consecuencia de la filtración de disolventes químicos.

La visión superficial de que la legislación medioambiental norteamericana es muy laxa no se corresponde con la realidad. Incluso antes de la firma de tratados internacionales, un somero análisis de la Ley de Aire limpio de EEUU (Clean Air Act) bastaba para comprobar que había un importante compromiso de preservación medioambiental. Sin embargo, los resultados gruesos de que este país ha conseguido seguir creciendo económicamente y, al mismo tiempo, reducir sus emisiones de gases contaminantes, deben analizarse con prudencia pero también con interés. Con un interés desprejuiciado.

miércoles, 6 de julio de 2016

SI EUROPA ESCONDE LA CABEZA (José Manuel Cansino en La Razón el 4/7/2016)

Lo que se ve es sólo la espuma de un fuerte mar de fondo que se corresponde con el descontento de una generación que sabe que vivirá peor que sus padres. Esa generación está optando mayoritariamente por nuevos partidos políticos euroescépticos (gruesamente calificados de populistas de izquierdas o derechas) o independentistas. Parte de esta reflexión me dicen que corresponde al eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart. No lo he podido corroborar pero lo suscribo.



Los británicos mayoritariamente han elegido salirse de la Unión Europea aplicando lo dispuesto en el artículo 50 del Tratado de Lisboa y lo han hecho frente a las amenazas sobre las malas consecuencias económicas advertidas por los presidentes de los principales países europeos, el de EEUU y los líderes de las más influyentes empresas multinacionales. Lo han hecho no porque ignoren esas consecuencias sino porque valoran más otros aspectos de su relación con la Unión Europea y no son los únicos. Lo ha advertido Nick Farage líder del UKIP, partido impulsor del Brexit. El presidente del Verdaderos Finlandeses, Sebastian Tynkkynen que cuenta con representación en el Parlamento Europeo ya se ha adelantado a pedir un referéndum que también ha exigido la presidenta del Frente Nacional francés, Marie Le Pen, primer partido en intención de voto. En términos no muy diferentes parece posicionarse el líder del FPÖ austríaco, Norbert Höfer, incluso antes de la sentencia del Tribunal Constitucional de ese país obligando a repetir las elecciones presidenciales, sin duda el tipo de sentencia que peor puede calificar la calidad de un sistema democrático. Por último y sin ánimo de agotar una lista demasiado prolija, el ministro húngaro de Gobernación, János Lázáz, ha declarado que votaría por abandonar la UE si Hungría lo sometiese a consulta.
Si las instituciones europeas se empecinan en responder al euroescepticismo galopante con la miope estrategia de descalificar como ‘ultra’ a todo el que cuestione la estructura comunitaria, la británica puede ser sólo la primera pieza que caiga de un dominó que aún tiene veintisiete fichas en pie.
La cuestión es demasiado compleja para entenderla en una tribuna de análisis pero hay, al menos, cinco aspectos que merecen espigarse sobre todo porque suelen obviarse en el análisis agotado de quienes proponen resolver la crisis europea con la letanía de invocar ‘más Europa’.
El primero es el que explica el mapa electoral húngaro, país –no se olvide- netamente receptor de los fondos de cohesión europeos. Hasta 1718 parte de Hungría estuvo ocupada por el Imperio Otómano. En este país y en sus países fronterizos, la presión migratoria de la población desplazada por la guerra en Siria junto con la probabilidad de la entrada de Turquía en la Unión Europea, hace que su población no esté dispuesta ni a mantener la política migratoria dictada por Bruselas ni las exigencias del Tratado de Schengen en vigor en Hungría desde el 21 de diciembre de 2007. Cada vez que explota una bomba en Turquía, en estos países se oye muy cercana. La política migratoria de la Unión Europea es una fuente de euroescepticismo creciente. Decir lo contrario es mentirnos a nosotros mismos.
El segundo argumento es que el largo periodo de paz que la cooperación comercial europea ha favorecido desde su impulso por la corriente demócrata-cristiana de los años cincuenta del pasado siglo, es minusvalorado por una sociedad europea y occidental, mayoritariamente ‘presentista’ y hedónica. Hay un casi desinterés por el pasado, por la Historia. Esto conlleva minusvalorar la idea tan arraigada de que los lazos comerciales entre naciones espantan las guerras por mor del beneficio y la ganancia mutua –¡hay si en España se pusiese en valor las aportaciones de la Escuela de Salamanca!-.
El tercer argumento es el de las imperceptibles ventajas del Mercado Único en vigor desde 1991 y pieza central de la Unión Europea. Su fundamento teórico está en ‘La Riqueza de las Naciones’ de Adam Smith (1776) y en el famoso ejemplo de la fábrica de alfileres. La amplitud del mercado favorece la especialización de los países en aquellas tareas en las que muestran más destreza y de todo se benefician, en último término, consumidores y empresarios. Naturalmente, los beneficios esperados de ese gran mercado único europeo exigían la libertad de circulación de mercancías –desaparición de las aduanas comerciales-, personas –Acuerdo de Schengen- y de capitales –la liberalización que más rápidamente se logró-. Pues bien, como se argumentaba al inicio de este artículo, los más jóvenes no perciben esa ganancia derivada del Mercado Único sino –después de la crisis de 2007- un tipo de empleo cada vez peor pagado (en España lo hemos llamado devaluación externa), con menos garantías laborales y más lejos de casa. Una parte no pequeña de la población ve en el flujo migratorio una explicación directa de la devaluación salarial e invocan el principio del derecho preferente efectivo para ocupar un empleo en su país.
El cuarto argumento es muy líquido por su carácter eminentemente técnico. Se deriva de la naturaleza esencialmente monetaria del Tratado de Lisboa y, más específicamente, de las reglas de juego que imperan en los dieciocho países que integran la zona euro. El Tratado de Maastricht en vigor desde el 1 de noviembre de 1993 era técnicamente una ‘Constitución monetaria’ esto es una ‘Ley fundamental’ basada en el objetivo de garantizar el control de la inflación mediante el uso de la política monetaria. Efectivamente, la inflación es un grave problema económico que ha conseguido conjurar la Unión Europea pero frente al problema del desempleo o de los salarios bajos –a los que todos ponemos fácilmente rostro humano- las bondades de la inflación son líquidas, complejas de entender y consecuentemente de valorar por la mayor parte de la población. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht imponía la limitación del déficit público por encima del 3 % del PIB junto con la posterior prohibición de que los bancos centrales comprasen directamente la deuda emitida por los países con déficit. La única medicina de Maastricht era la reducción del gasto público para los países deficitarios. En definitiva lo que los euroescépticos han definido como las políticas ‘austericidas’ a aplicar a una población educada en la convicción de que el Estado del Bienestar se financia sin esfuerzo. Desde luego frente a una reducción de las pensiones a cambio de algo tan ‘líquido’ como garantizar el control de la inflación, el rechazo de la población es inmediato.
El quinto y último elemento ha sido el error de minusvalorar el sentimiento nacional y la evolución demográfica. Los hacedores de la actual Unión Europea han minusvalorado la identidad nacional de sus miembros. Se ha llegado a la convicción de que ceder la capacidad legislativa del 80 % de las principales leyes a Bruselas, era algo aplaudido por la sociedad europea instruida en el discurso de que cualquier incidencia se resolvía con ‘más Europa’ y el correlativo menos capacidad de decisión de los estados miembros. Una parte determinante de la sociedad europea no está dispuesta a seguir así y la Unión debe aprender la lección de que una cosa es la estrecha cooperación internacional y otra la suplantación de la identidad nacional de los estados miembros.

Si la Unión Europea no toma nota del resultado británico y del marcado cambio en el mapa político europeo, se corre el riesgo de volver a un proteccionismo empobrecedor y decimonónico como consecuencia de unas virtudes de la libre circulación que no se perciben mayoritariamente. Desde luego no por aquellos que ya saben que les espera un futuro peor del que han disfrutado sus padres.

martes, 5 de julio de 2016

NIEBLA EN DESPEÑAPERROS. GRAN BRETAÑA AISLADA (José Manuel Cansino en La Razón el 20/6/2016)


 ¿Cuál sería el impacto de la salida del Reino Unido –Brexit- en la economía andaluza? Veamos algunas cifras. Andalucía exportó a este país en 2015 por valor de 1.707 millones de euros; lo que supuso tan sólo el 6,8 % del total de las exportaciones regionales. A esta cifra hay que añadir los 266 millones exportados a Gibraltar, colonia que como nos advierte Mercedes Valdivia, experta en el sector y profesora del Máster de Comercio Internacional de la Universidad de Sevilla, tiene categoría de “tercer país” desde el punto de vista aduanero. Pero incluso sumadas ambas cifras, sigue resultando una cifra verdaderamente pírrica que apenas alcanza el 7 % del total de las exportaciones. De hecho, y este es un dato que se suele omitir, Andalucía vende al resto de España más que a todos los países del extranjero juntos. En 2013 (último dato ofrecido por el Centro de Predicción Económica –CEPREDE-) las empresas andaluzas vendieron al resto de España por valor de 28.454 millones de euros frente a los 24.967 que sumaron el total de las exportaciones andaluzas al extranjero en 2015.



Otra cuestión deferente es el turismo británico que, junto con el alemán, siguen suponiendo los principales clientes que eligen las costas andaluzas como destino para sus vacaciones. Pero, que nadie se llame a engaño, si las encuestas se confirman y Gran Bretaña decide abandonar la Unión Europea (UE), el impacto sobre nuestras exportaciones no tiene que ser muy alto pues no habría cambio de moneda ni mayor incertidumbre asociada al pago a crédito de las operaciones en divisa británica. El riesgo sería el mismo que el existente ahora. Entre 2008 y 2016, la variación promedio del tipo de cambio de la libra esterlina frente al euro ha sido del 0,28 % pero la prima del seguro que garantiza un tipo de cambio para una operación con pago aplazado se determina por la varianza del tipo de cambio y no por la media. En este caso hay que tener en cuenta que al inicio del periodo de crisis, la libra llegó a devaluarse hasta más del 20 % entre noviembre y diciembre de 2008.
El impacto sobre la economía andaluza de la salida del Reino Unido sería pequeño pero no despreciable. Esto exige un análisis más fino. Veámoslo. Al Reino Unido fuera de la UE le sería más interesante tomar el puerto de la colonia de Gibraltar como punto de entrada de sus mercancías al resto de países de la Unión frente a puertos alternativos y más próximos como el de Rotterdam ¿Por qué?
Para productos británicos como las bebidas alcohólicas (por ejemplo el güisqui –sic-) o el tabaco que entran en la categoría de “mercancías sensibles”, las empresas exportadoras británicas que decidieran introducirlos por el puerto de Rotterdam tendrían que aportar una garantía bancaria individual para el tránsito por carretera en el territorio UE que encarecen considerablemente los productos. En cambio, si decidiesen entrar por Gibraltar (que tiene el mencionado estatus aduanero de ‘tercer país’) sería más cómodo y barato al evitar los aranceles y garantías bancarias que tendrían que pagar si tocaran suelo de otros países europeos. Sorprendentemente, el efecto del Brexit sería beneficioso para Andalucía debido a la ignominia de mantener una colonia extranjera en territorio español que está siempre rayando la frontera de actuar como paraíso fiscal.
A diferencia de otros territorios como Cataluña, cuya viabilidad económica fuera de España es inimaginable salvo en situación de penuria severa, Gran Bretaña puede prescindir cómodamente del paraguas económico de la Unión Europea. La ‘city londinense’ sigue siendo el principal puerto de entrada de capitales procedentes de las excolonias británicas y de las relaciones comerciales –con frecuencia ilegales- que mantienen con los países que antes conformaban la ruta de la seda y luego la del opio. A esto hay que añadir el colchón multimillonario que le permiten a Gran Bretaña el movimiento de dinero a través de los paraísos fiscales ubicados en las islas del Canal de la Mancha que siguen operando con total y grosera impunidad.
Económicamente, Gran Bretaña puede seguir riéndose de su famoso chiste “Niebla en el canal; el continente aislado” como tituló el periódico The Daily Mail. Andalucía –de no ser por el turismo- podría adaptar su versión al caso de Despeñaperros o en el Estrecho.

Las consecuencias del Brexit son más de naturaleza política que económica aunque su salida de la Unión también lo sería del Sistema Europeo de Banco Centrales y de la liquidez que le aporta en caso de futuros pánicos bancarios. La Unión Europea ha conllevado un largo periodo de paz de más de setenta años tras los dos cruentos episodios de guerras mundiales del siglo XX. Los fundadores tenían en la cabeza lo mismo que los escolásticos de la Escuela de Salamanca y otros; el interés comercial entre las partes es un bálsamo frente al riesgo de conflicto. Pero Europa debe reconocer que no ha conseguido imponer una identidad propia por encima y diferente de las identidades nacionales que la integran. Aunque es innegable que todas las etapas de crisis son caldo de cultivo para las reivindicaciones nacionalistas en lo político y proteccionistas en lo económico, Europa no debe vivir de espaldas al deseo mayoritario de sus socios de mantener una clara identidad nacional. Una identidad nacional que no es incompatible con la cooperación internacional. Estructuras como la OTAN o la ONU lo recuerdan diariamente. 

miércoles, 15 de junio de 2016

TARDE O TEMPRANO SON LAS IDEAS (José Manuel Cansino en La Razón el 13/6/2016)


En mitad de un calor sólo combatido por la comodidad de la climatización del Salón de Grados de la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla, acaba de ser recibido con gran dignidad el economista don Juan Velarde Fuertes en la Academia Andaluza de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente que preside el catedrático de matemáticas, Antonio Pascual. Lo ha hecho como académico de honor, máxima distinción sólo compartida hasta ahora con el cardenal Amigo Vallejo.
Aunque Sevilla es ciudad rica en tradiciones, principalmente anudadas a la liturgia de la Semana Santa, no es una de ellas la de ver a señores académicos vestidos de frac en una facultad donde buena parte de los alumnos se examinan en bermudas y chanclas. Siempre es oportuno recordar la aportación a la Ciencia de alguien y no darla por conocida, primero por mor de las generaciones más jóvenes, pero también para todos aquéllos que están convencidos de que Ramón y Cajal fueron dos inventores muy importantes, o por aquellos profesores de Historia que no saben explicar a sus alumnos quién fue Blas de Lezo porque no lo conocen.



(De izqda a derecha, Lagares, Carmen Núñez -Decana de Económicas, Pascual, Velarde y Fdez-Arufe)


En un acto presidido por el Consejero de Empleo y Catedrático de Universidad, José Sánchez Maldonado, el memorial de méritos o «Laudatio» que avalaban al profesor Velarde para recibir la distinción correspondió al académico don Manuel Lagares Calvo, hacedor de las últimas y más importantes reformas fiscales en nuestra Nación. Una «Laudatio» en la que no sólo se centró en sus aportaciones científicas, responsabilidades profesionales y académicas, sino también en su prolífica labor de divulgador que inició de manera sistemática en la sección de Economía del diario «Arriba» y luego continuó en muchos otros medios. Precisamente fue una profesora de Economía de la Universidad de Sevilla, la profesora Palma Gómez-Calero quien, a propuesta del profesor Camilo Lebón, dedicó su tesis doctoral a la obra periodística de Velarde.
Velarde habló de los economistas no andaluces que se habían afanado en intentar resolver los problemas económicos de Andalucía desde el limeño Pablo de Olavide, Jovellanos y su contribución a la incorporación laboral de las mujeres andaluzas, hasta el momento sujetas a unas limitaciones férreas, Ramón Carande o Marjorie Grice-Hutchinson, usando como hilo conductor la lucha contra la pobreza. Precisamente hablando de este problema y en una economía que durante siglos fue esencialmente agrícola, se refirió a las trabajos de Ramón Carande en el Instituto de Estudios Políticos cuando el célebre economista era consejero nacional de Falange en 1941 y estudiaba la reforma agraria sobre la base de los trabajos de Pascual Carrión y el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. Era en esa economía agraria regada por la pobreza en 1956 cuando todavía se pagaba a 15 pesetas el jornal en los campos de algodón. Los braceros habían de estar en el tajo al ser de día, salían de noche y para regresar a casa tenían que poner señales, pues no reconocían el camino de otra forma. A los más pequeños, incapaces de llevar tres surcos de algodón hacia delante, les pagaban tres pesetas menos de manera que entre la familia suplían el resto para que también pudiese recibir el jornal completo de las quince pesetas. Con frecuencia la cena era un trozo de pan y una sardina.
Para sacar a Andalucía y al resto del agro español de esa situación de necesidad de pusieron en marcha medidas muy importantes como el Instituto Nacional de Colonización que, sólo en Andalucía, creó unos cien pueblos en el Valle del Guadalquivir. Una reforma agraria de la que está prohibido hablar por el estigma ideológico de quienes la impulsaron tomando como referencia la experiencia fascista en el Agro Pontino y los «kibutz» israelíes por aquel entonces muy exhibidos por la social democracia. Al frente de la arquitectura de los pueblos de colonización estuvo José Tamés, destacando también el arquitecto José Luis Fernández del Amo.
Como decía Ismael Medina, el profesor Velarde, nacido en 1927 y pese al fuerte torrente de voz sobre el que descansan sus intervenciones, está en primera línea de la generación que se despide en mitad de una cultura –la Occidental– que sólo venera la juventud. 
Velarde volvió a hacer un alegato contra el proteccionismo económico precisamente ahora que vuelven a alzarse voces que lo reivindican argumentando que los beneficios económicos del libre comercio van parejos con la concentración de riqueza.

Finalizó con un mensaje de esperanza usando las palabras de Keynes con las que cierra su «Teoría General», tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados los que determinan el futuro.