viernes, 3 de marzo de 2017

¿IMPUESTOS VERDES PARA FINANCIACIÓN REGIONAL? (José Manuel Cansino en La Razón el 27/2/2017)

Acaba de constituirse la Comisión de Expertos nombrados por el Gobierno de la Nación para proponer medidas orientadas a la reforma del sistema de financiación autonómico. No formo parte de esa Comisión pero sí tuve oportunidad de conversar con uno de sus miembros recientemente.



Una de las ideas que parece bien asentada en las posiciones de salida es recurrir a los impuestos medio ambientales o ecológicos como un fuerte instrumento de financiación que, ocasionalmente, permita reducir otros impuestos ya existentes como, por ejemplo, el tramo autonómico del IRPF. Los economistas llamamos a este reciclado de impuestos el modelo del “doble dividendo” por permite obtener aumentos en la recaudación (primer dividendo) y reducir la carga de otros impuestos que pueden impactar negativamente sobre el empleo (segundo dividendo).
La recomendación del uso de los impuestos ambientales no es nueva. Por ejemplo, ha vuelto a ser señalada por la OCDE para el caso de España. Sin embargo, este tipo de impuestos se construyen sobre una gran paradoja; su vocación de extinguir la base impositiva que someten a gravamen. Naturalmente, una vez extinguida la capacidad impositiva la capacidad recaudatoria es irrelevante.
Para ello conviene tener bien claro en qué tipo de impuestos están pensando los miembros de la comisión y los expertos económicos internacionales. Se trata de impuestos sobre las emisiones de CO2 que, en la práctica, gravan en consumo o la producción de energía a la que se aplica un coeficiente de emisión que sirve para determinar la base imponible y la cuota a pagar. Nos referimos también a impuestos sobre el contenido en azufre de los combustibles. A la generación de residuos. A los impuestos sobre los fertilizantes y pesticidas. Al uso de materias primas y, más recientemente, al gravamen por el uso de infraestructuras (carreteras o zonas concretas de ciudades) con problemas de congestión.
Los impuestos ambientales tienen una vocación correctora de comportamientos más que recaudatoria. Constituyen uno de los denominados “instrumentos basados en el mercado” que intentan poner precio a lo que hasta entonces resultaba gratis (contaminar, utilizar las infraestructuras, etc). Su finalidad es promover conductas en los consumidores y en los productores orientadas a reducir las actividades lesivas con el medio ambiente.
Así, por ejemplo, si un usuario cambia su coche que usa un motor convencional por uno eléctrico o híbrido, reduce su factura en el Impuesto de Matriculación de Vehículos pero, sobre todo, reduce la recaudación por Impuesto Especial de Hidrocarburos. Téngase en cuanta que en los países europeos, el precio final del combustible está explicado entre un 40 y un 60 % por este tipo de impuestos. Recuérdese también que sólo la introducción de los convertidores catalíticos en los motores de combustión cambió radicalmente el perfil de sus emisiones.
Si las industrias intensivas en consumo energético avanzan en sus planes de mejora de la eficiencia energética (menor requerimiento energético por euro producido) o introducen sistemas de secuestro de las emisiones de carbono ¿cuánto acabarán pagando de estos impuestos sabiendo que además muchas de estas inversiones están subsidiadas con fondos públicos?
En el caso de la agricultura, si se ofrece por la autoridad una lista de fertilizantes baja en emisiones de amoniaco, ¿quién pagará por este tipo de impuestos que, además, han sido retirados en los pocos países que los introdujeron?
Para mayor abundamiento, si la discriminación de los residuos que hacemos los hogares abarata considerablemente el reciclaje y la recuperación de los mismos ¿por qué no reducen los ayuntamientos las antiguas tasas de recogida de basura?
Sin ánimo de ser exhaustivos, si para evitar el pago de tasas o impuestos por uso de carreteras o zonas congestionadas, acabamos usando el transporte público de forma masiva (que es lo que buscan incentivar estas tasas) ¿cuánto dinero afluirá a las arcas de la Hacienda recaudatoria?
La lógica principal de los impuestos convencionales ha sido la de ajustarse al principio de suficiencia lo que es tanto como estar diseñados sobre buenos asideros fiscales, es decir, bases amplias que permitan recaudar mucho con tipos impositivos soportables y, aparte del gravamen del consumo, recaigan sobre factores productivos poco móviles y fáciles de controlar. Este y no otro es el motivo de la fuerte imposición sobre las rentas del trabajo a través del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social y el más débil gravamen del rendimiento del capital que busca evitar su salida a paraísos fiscales o refugio en las SICAVs.

Esta lógica tradicional choca con la vocación de los impuestos ambientales que no es otra que incentivar cambios en las conductas que acaben reduciendo las bases imponibles, sea en forma de emisiones de carbono, de consumo de energía o de ocupación de las infraestructuras de transporte saturadas. Una vez reducidas las bases, la recaudación sería exigua.

EL COMERCIO EXTERIOR ENTRE ANDALUCÍA Y ASIA (José Manuel Cansino en La Razón el 20/2/2017)

Hace poco se han hecho públicos los datos acumulados de enero a noviembre de 2016 de las exportaciones e importaciones de empresas andaluzas con el resto del mundo. Los datos son de acceso gratuito en la web de Extenda. En cifras globales y para este periodo, Andalucía exportó por valor de 23.230 millones de euros e importó por un monto de 22.055 millones; esto es, registró un ligero superávit en su balanza.



Aunque el principal destino de las exportaciones andaluzas son los países europeos (66.16 %), en interesante detenerse en la situación de nuestros clientes asiáticos. El interés no es por exotismo sino porque la información sobre su situación económica es mucho más escasa y las incertidumbres, en cambio, mayores.
El mercado asiático supone casi el 13 % de las exportaciones andaluzas y casi el 22 % de las importaciones. Del conjunto de clientes asiáticos sobresalen, además de China, Japón, Corea del Sur e India.
El miedo a una recesión en China parece que se disipa. Tan es así que se espera un crecimiento para esta economía del 5.8 % del PIB en el año en curso del 6,1% para el año próximo. Con una inflación que sigue siendo baja a pesar de la fuerte subida de los precios de la vivienda en las zonas urbanas, una de las mejores expectativas está puestas en unas mayores facilidades para la importación de servicios turísticos.
En cambio, existe una notable preocupación por el desarrollo de la “banca en la sombra” o “shadow banking”. La «banca en la sombra» es el con­­junto de entidades financieras, infraestructura y prácticas que sustentan operaciones financieras que ocurren fuera del alcance de las entidades reguladoras. Así lo define el servicio de estudio de CaixabankMoody’s estima que este sector alcanzó los 58,3 billones de yuanes en junio de 2016 (27,5% del total de activos bancarios del sector formal). Sin embargo, esta cifra no es excesivamente elevada para los analistas ya que representa el 80% del PIB chino, frente al 150% del PIB que este sector representa en EE. UU. El problema no es tanto de tamaño sino de la velocidad a la que está creciendo un sector que estuvo en el origen de la reciente crisis que se desató con las hipotecas “subprime” en el país norteamericano.
Junto con China, se espera que el crecimiento económico alcance en Japón el 1,0% en 2017 y baje al 0,8% en 2018. Ni siquiera con tres presupuestos suplementarios en 2016, la economía japonesa acaba de arrancar si bien ha tenido que reponerse al impacto de la apreciación del yen. Con todo, sigue alarmando el volumen de deuda pública del país nipón: el 240% del PIB para 2018.
Bastante más ritmo que la economía japonesa es el que se espera de Corea del Sur país para el que se prevé que el crecimiento sea del 2.75 por ciento en 2017 y del 3 por ciento en 2018. El perfil netamente exportador de este país asiático queda patente cuando nos detenemos en el dato de su superávit de por cuenta corriente del que se estima permanezca en el 6.5 por ciento del PIB.
Junto a los buenos datos anteriores, dos son las principales amenazas de la economía coreana; el rápido aumento de la deuda de los hogares y la de ser el país que afronta el envejecimiento más rápido de la población de la OCDE.
Por último pero no menos importante, hay que referirse a los clientes indios de las empresas andaluzas. La India seguirá siendo la economía del G20 de más rápido crecimiento. El previsto para 2017-18 es del 7,5%.
En este país el consumo privado está respaldado por la subida de los salarios y pensiones públicos y por una mayor producción agrícola, a raíz de un retorno a la lluvia normal. Hay que subrayar que la vulnerabilidad de la India a las lluvias monzónicas y a las sequías es muy alta. Precisamente los fuertes programas de reconstrucción de las infraestructuras públicas han elevado mucho tanto la deuda estatal como la de varias regiones. India registra un alto déficit público en comparación con otras economías emergentes. A pesar de ello el gobierno está varando la posibilidad de reducir el impuesto de sociedades.

No debemos llevarnos la falsa impresión de que por poner el foco en los países asiáticos, resultan los principales destinos para las exportaciones andaluzas o la procedencia de las importaciones. El análisis que se ha hecho sólo pretende aportar modestamente alguna información adicional sobre estos países que sí son, en cualquier caso, unos clientes importantes.

lunes, 13 de febrero de 2017

RECORTES EN LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA (José Manuel Cansino en La Razón el 13/2/2017)

Que el nivel de estudios es un determinante de los ingresos salariales es, no sólo intuitivo, sino también, empíricamente demostrable. Los matices que admite esto último es que no sólo es el nivel de estudios el que determina el salario de cada cual pero, aun así, sigue siendo un determinante fundamental. Más viscoso resulta medir la calidad del nivel de estudios de cada persona y la previsible forma en la que también influye en el nivel de vida de cada cual.



En estos días han coincidido en el tiempo la reedición de las amenazas de la Consejería de Educación andaluza de reducir las plazas en colegios concertados y la publicación del análisis del profesor Manuel Hidalgo de la Universidad Pablo de Olavide, que evidencia el fuerte impacto que la reciente crisis ha tenido en los salarios de los jóvenes andaluces. El comentario que de ambos hechos realizo aquí es enteramente propio y no debe relacionarse con el riguroso al análisis de este excelente profesor.
Hay dos preguntas que me planteo ¿cómo es el gasto per cápita en educación no universitaria en Andalucía? y ¿qué porcentaje de la población muestra un bajo nivel educativo? Si el primero es pequeño, posiblemente el segundo sea alto y ayude a explicar el fuerte deterioro de los ingresos, principalmente de los más jóvenes.
El gasto per cápita educativo en Andalucía está justo en la media nacional si se manejan los datos más recientes del Ministerio de Educación y los demográficos del Instituto Nacional de Estadística. Andalucía gasta algo más de 872 euros por persona en educación no universitaria, lejos de las dos regiones que gozan de un sistema fiscal privilegiado –las provincias vascas y Navarra-. En estos dos casos, el gasto es de casi 1.273 euros y 985, respectivamente. Naturalmente, hay que ver estos datos en perspectiva histórica. Desde luego el gasto educativo en estas dos regiones del norte de España ha estado siempre, sistemáticamente, muy por encima de la media nacional.
Pero si Andalucía gasta tanto como la media nacional, el porcentaje de personas con bajo nivel educativo está muy por encima. El profesor Florentino Felgueroso divulgaba en redes sociales un gráfico que mostraba que el porcentaje de personas entre 24 y 65 años con un bajo nivel educativo en Andalucía era del 50.9, sólo superado por Extremadura (57.5) y con un promedio nacional del 41 %. Como es sabido se trata de las dos regiones con la menor renta per cápita en España; una posición casi tan pertinaz como la que mantienes vascos y navarros a la cabeza del gasto educativo.
El acceso a la Educación sigue siendo el mejor mecanismo de movilidad en el nivel de renta en cualquier parte del mundo pero, particularmente, en las zonas más desfavorecidas. Si a esto le añadimos la exigencia de ser una Educación de calidad, el resultado esperado es mejor aún. A nadie se le ocurriría ir contra centros educativos que han demostrado esa calidad sobre todo si lo han hecho en entornos difíciles. Bueno, a nadie o a casi nadie.
El Colegio Altair de Sevilla es un colegio concertado y de educación diferenciada que consigue que sus alumnos reduzcan la tasa de abandono a sólo el 10 % en una zona donde el promedio está entre el 40 y el 50 %. Una exhaustiva información del periodista Romualdo Maestre ha sacado hace sólo unos días. Si primase el criterio de la excelencia educativa, este colegio debería ser analizado con interés para ver lo que puede replicarse en otros centros.
Sin embargo, en la enseñanza concertada se solapan los argumentos ideológicos y los administrativos que, con frecuencia no van a la par. Es lo que ocurre con la enseñanza diferencia si, además, está impartida por un colegio de inspiración católica. Habrá que ver si el principal asidero que las familias de la zona tienen para conseguir prosperidad para sus hijos sucumbe o no a la discriminación por razón de convicciones religiosas.

Desde luego no sería el único caso en el que se suprimen los recursos educativos donde mayor acción compensadora tienen. El mencionado profesor Felgueroso, en su reciente artículo “Lo que el recorte se llevó: evidencias sobre el Programa de Acompañamiento Escolar” ha señalado que “entre los años 2009 y 2014, el gasto público en educación se recortó en un 16.8%. Los gastos a cargo del Ministerio de Educación se redujeron en un 34.7% y los de las CCAA en un 14.9%. Estos recortes no fueron neutrales. En especial, sólo desde el 2012, la partida (…) dedicada a la educación compensatoria, es decir, aquella destinadas por ejemplo a mejorar las oportunidades educativas de alumnos de entornos socioeconómicos más desfavorecidos se redujeron en más de un 90%.” Esto es lo que hay.

miércoles, 8 de febrero de 2017

DESIGUALDAD Y AUGE POPULISTA (José Manuel Cansino en La Razón el 6/2/2017)

A diferencia de lo que ha ocurrido en el conjunto del mundo, la desigualdad en la distribución de la renta ha aumentado en España tras la denominada ‘Gran Recesión’ de 2008. La principal explicación de esa acentuación de la desigualdad está en la excepcional caída del empleo en nuestra Nación. Así lo concluye José Mestres Domenech, investigador ‘Caixabank research’ en un interesante número (el de enero de 2017) en el que se trata esta cuestión. Para Mestres, entorno al 75 % de la mayor desigualdad en España responde a la caída de los ingresos del trabajo como consecuencia de la destrucción de empleo.



Junto con España pero de manera más acentuada EE.UU. y Alemania también muestran notables deterioros en la medida de la desigualdad. La clave para entender la situación estadounidense según Javier García-Arenas, también investigador de ‘Caixabank research’ está en la acentuada polarización laboral de ese país y el actual empobremiento de las clases medias que entre 1950 y 1980, pudieron acceder a empleos en la industria manufacturera con salarios elevados en relación a su nivel de estudios.
Para el conjunto del mundo la OCDE estima que entre 2008 y 2013, la desigualdad en la distribución de la renta ha disminuido si se tiene en cuenta principal –aunque no sólo- el denominado Índice de Gini. Este índice alcanza el valor 0 en la situación de equidistribución y 1 (o 100) en el caso extremo de que una única persona acapara el total de la renta de un país. La reducción en los niveles de desigualdad ha venido de la mano del crecimiento de tres principales economías emergentes muy pobladas; China, India e Indonesia.
Lo que también se pregunta el informe del Departamento de análisis de la entidad financiera catalana con domicilio social en Madrid, es la relación entre la desigualdad en la distribución de la renta y el auge político de los populismos si bien con el foco puesto –llamativamente- sólo en los etiquetados como populismos ‘de derechas’ inexistentes, por otra parte, en España en el día de hoy.
El análisis de Javier García-Arenas permite conocer un resumen de los resultados disponibles ofrecidos por las publicaciones científicas. Estos resultados sólo analizan la relación entre desigualdad y auge populista (que el autor atribuye al Partido Republicano) en EE.UU. La conclusión es que existe una evidencia estadística aunque no muy robusta entre los estados más expuestos a la competencia con China frente a los que no lo están. El análisis lo realizaron los economistas David Autor, David Dorn, Gordon Hanson y Kaveh Majlesi. Un estudio reciente demostró que entre 1999 y 2011 EEUU perdió 1.98 millones de empleos como consecuencia de la competencia comercial con China. De ellos 985.000 correspondieron a la industria manufacturera sobre la que se había construido la clase media norteamericana.
Sin embargo y cuando se analizan otros países aunque siempre con el foco puesto en los populismos “de derechas”, las variables económicas no juegan un papel protagonista en la explicación de este auge electoral. Por ejemplo, los economistas alemanes Manuel Funke, Moritz Schularick y Christoph Trebesch encuentran que el apoyo electoral a estas opciones –entre las que supongo incluyen a la AfD- aumentó un 30 % tras las crisis financieras ocurridas entre 1870 y 2014.
Finalmente, otros investigadores subrayan que frente a las variables económicas, los factores culturales son igualmente importantes a la hora de explicar la irrupción electoral de los partidos que etiquetan de esa manera tan apresurada. Por ejemplo, Ronald Inglehart y Pippa Norris mostraron que las variables culturales mostraban mejor el auge de estas opciones políticas. Esas variables culturales respondían a la preferencia de una parte significativa del electorado europeo a preservar su identidad cultural frente a un cambio de la misma fruto de una inmigración masiva. En este mismo sentido el profesor Eric Kaufmann ha indicado que los partidarios del ‘Brexit’ estaban mucho más preocupados por la inmigración que por la desigualdad. Probablemente, un estudio similar para el incipiente ‘Frexit’ podría dar resultados similares.

En esta tema sin embargo, hay dos cuestiones que el científico no debe dejar de señalar. Por ejemplo, no es riguroso no prestar la misma atención a los movimientos populistas enraizados en la izquierda radical. En este sentido, sería tan pertinente analizar el Brexit como el fallido Grexit sobre la base de que las motivaciones políticas en el primero y en el segundo caso eran diferentes. La segunda cuestión es la rapidez con la que se reparten las etiquetas de populistas a partidos que tienen una ideología muy transversal frente a los esquemas tradicionales derecha/izquierda, conservadores/liberales, provida/proaborto. Naturalmente esto complica los análisis y quizás por eso escasean.

martes, 7 de febrero de 2017

DE LA CORRESPONSABILIDAD A LA ARMONIZACIÓN FISCAL (José Manuel Cansino en La Razón el 30/1=2017)


En la reciente Conferencia de Presidentes Autonómicos la presidenta andaluza ha invocado la necesidad de una armonización fiscal que homogeneice la carga fiscal de los españoles. Con independencia del peculiar y frágil soporte legal de este foro, no debe pasarse sin un análisis detenido la –a mi juicio- sensata demanda de la Señora Díaz.



Para que nadie se llame a engaño me cuento entre los españoles que piensan que el desarrollo del Título VIII de la Constitución vigente no sólo no ha resuelto las demandas de los nacionalistas sino que, muy al contrario, las ha acentuado hasta llevarnos donde nos encontramos; una impugnación creciente de la soberanía nacional que reside en el conjunto de los españoles. Yo no dudo de la buena fe de los legisladores constituyentes, sólo me limito a constatar que la “natural”insatisfacción de las demandas nacionalistas nos han llevado a una situación insoportable de la que los modelos de financiación autonómica no escapan.
Para que la presidenta andaluza reivindique la ‘armonización’ es necesario entender cómo y cuándo se ha llegado a una situación fiscal que es dispar según donde resida el contribuyente. Sin duda, el diferente trato fiscal más visible es el que exhibe el gravamen de las herencias –sin tributación en unas regiones y duramente gravadas en otras como en Andalucía-. Pero no es el único.
El origen del proceso que ahora pide revertir la presidenta andaluza es lo que los hacendistas llaman ‘cesión de la capacidad normativa’ en materia de impuestos a las comunidades autónomas. Esto es, hay que recordar el momento en el que se pasa de ceder únicamente a las regiones la competencia para gestionar un impuesto que es igual para todos los españoles a poder introducir modificaciones en el mismo. Cuando se hace esto último (se cede la capacidad normativa), los impuestos pueden llegar a ser tan diferentes como ocurre con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (esencialmente gravamen sobre las herencias) o sólo un poco diferentes como ocurre con el IRPF. La clave está en si la cesión de la capacidad normativa es más o menos amplia.
Aunque con algunos precedentes, el momento clave de la cesión de la capacidad normativa de impuestos claves en nuestro sistema tributario fue el 15 de julio 2009, fecha en la que así lo acuerda el Consejo de Política Fiscal y Financiera dando luego origen a la Ley 22/2009 de 18 de Diciembre impulsada por el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Recuérdese que es un año cercano a la reforma de muchos estatutos de autonomía, entre ellos el de Andalucía ¿Quién voto a favor de este acuerdo que abría la puerta al diferente trato fiscal entre españoles aparte del que ya se otorgaba a los residentes en Navarra y las tres provincias vascas?
Las Comunidades Autónomas que dieron su apoyo al acuerdo de reforma fueron Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las abstenciones correspondieron a las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y a la Ciudad Autónoma de Melilla. Que nadie se llame a engaño, los impuestos para los que no se cedió tal capacidad fueron aquellos sujetos a armonización por parte de la Unión Europea. De no haber sido así, probablemente también se hubieran cedido en todo o en parte.
Por tanto, el gobierno andaluz, entre otros, respaldó con su voto, un sistema de financiación que ahora cuestiona por el resultado (completamente previsible) al que ha conducido. Tan previsible como que la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, a la que dio origen anunciaba que “Los principios de autonomía (…) se refuerzan en este nuevo sistema (…) mediante el incremento de las competencias normativas de éstas de cara a que tengan una mayor capacidad para decidir la composición y el volumen de ingresos de que disponen”.
De ese acuerdo y de forma resumida, nació el respaldo legal para que las Comunidades Autónomas asumieran importantes competencias normativas en el IRPF (por ejemplo, el importe del mínimo personal y familiar, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general y deducciones varias). Otro tanto ocurrió con el Impuesto sobre el Patrimonio en el que las regiones asumieron competencias sobre mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones de la cuota. Por supuesto también se hizo lo propio con el ahora tan cuestionado Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (herencias para la mayoría de contribuyentes afectados). De esta forma y a partir de 2010 las Comunidades Autónomas asumieron competencias en las reducciones de la base imponible, la tarifa del impuesto, las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente y también sobre deducciones y bonificaciones de la cuota. La lista aún alcanza al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a los tributos sobre el juego y al luego desaparecido a instancias de la Unión Europea, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Cuando se pierde el sentimiento de pertenencia a la misma Nación y se socava la soberanía de la sociedad española, cualquier acto conjunto –hasta pagar a escote el aperitivo- se torna difícil. La cesión de la capacidad normativa de 2009 siguió el equivocado modelo de pensar que ceder a las demandas descentralizadoras apaciguaría la presión secesionista aunque licuándola en el “café para todos” que mal inspiró el desarrollo del Título VIII de la Constitución.


martes, 24 de enero de 2017

EL ÚLTIMO DE LA FILA PONE EL PRECIO DE LA LUZ (José Manuel Cansino en La Razón el 23 de enero de 2017)


En Andalucía existen siete centrales de ciclo combinado para generación eléctrica. Cuentan con una potencia instalada de 5.972 Megavatios (apenas el 0.5 % de la potencia instalada en España), y pueden estar muy tranquilas. Probablemente no sufran ningún escachre ni apedreen sus instalaciones los consumidores enfadados por la pregonada subida de la factura de la luz. El sistema eléctrico es demasiado complejo para que el español medio –ese que se remanga diariamente la camisa y se echa familia y Patria a la espalda- sepa que el ministro de industria las ha señalado indirectamente como actoras principales de la subida.


(Central térmica Bahía de Algeciras)


Es una verdad parcial y, al mismo tiempo, es una explicación política de urgencia que pretende identificar a un culpable sin rostro –el elevado precio del gas- sobre el que se viertan las iras de los que pagan y también de los que buscan rédito político de cualquier cosa. Efectivamente, el mayor precio del gas natural es responsable de parte de la subida del precio de la luz, que ha llegado a sobrepasar en algún momento los 95 euros por Megavatio/hora cuando la ‘paz del mercado’ se alcanza con cuarenta euros. Los precios se fijan para cada una de las 24 horas del día y lo establece el último de la fila. Pero ¿quién es el último de la fila?
La lonja de la electricidad o mercado mayorista funciona con una particularidad que la diferencia mucho de las lonjas de pescado. Hay un orden en la fila para vender electricidad y ese orden se establece por tecnología de producción. Es un orden creciente en precio de manera que el último que consigue vender es el que fija el precio que sirve tanto para ‘su’ electricidad como para todas las cantidades que se ofrecieron antes a precios más bajos. De esta forma, el que acepta entrar a precio cero sabe que el precio real que ingresará nunca será nulo porque vendrá determinado por la última de las tecnologías que entren en función de la demanda que exista. Como las últimas no entrarán a precio cero, tampoco las primeras acabarán recibiendo un precio nulo.
Primero entran las que ofrecen su electricidad a un aparente precio cero o muy reducido. El adjetivo ‘aparente’ es muy importante pero no es momento de detenernos en ello. Las empresas que venden su electricidad a precio cero son las que utilizan energías renovables porque la ley –en aras de su fomento- les otorgó (no sólo en España) prioridad de vertido. Luego entran las centrales nucleares a vender su electricidad (lo hacen en segundo lugar porque así se garantizan una venta segura ya que sus reactores no pueden dejar de funcionar salvo que se programe su parada). Luego lo hacen las centrales térmicas que utilizan carbón, estas lo hacen con un precio más elevado. Finalmente (con un pequeño matiz para las centrales hidráulicas de bombeo), entra el último de la fila que se llaman centrales de ciclo combinado y utilizan el gas natural como parte de su combustible. Ahí está el gas al que el Ministro apuntaba como el responsable de la subida de la factura pues el precio de este combustible desde marzo del año pasado ha subido extraordinariamente. Para ser exactos, el precio del gas ha pasado de los 1.959 dólares por ‘British Termal Unit’ a los 3.202 en Enero de 2017.
Las Centrales de Ciclo Combinado se multiplicaron en España entre 2002 y 2011 principalmente. Implicaron inversiones millonarias que no se ejecutaron con espíritu caritativo sino de lógico beneficio. Estaban pensadas como “mecanismo de cierre del sistema eléctrico”. Entraban en producción las últimas y sólo cuando la demanda se disparaba por frio o por calor. Su tecnología le permitía, como a los coches, pasar de 0 a 100 en muy poco tiempo para evitar que se produjesen apagones. El ‘boom’ de las energías renovables dio al traste con esas expectativas de beneficio ya que las renovables entraban antes, y lo hacían con una mayor cantidad año a año de manera que la entrada en producción de ciclos combinados apenas era necesaria. Sin producción no había ingresos y el nivel de enfado de sus propietarios se disparaba si no fuese porque, en muchos casos, eran los mismos propietarios de los parques eólicos. Véase el caso de Iberdrola.
Sin embargo y de pronto coinciden tres circunstancias que añadir al mayor precio del gas natural. La primera y más evidente la ola de frio no sólo en España –esto es importante- sino también en centro Europa. La segunda es que la capacidad de intercambio de energía eléctrica entre España y Francia a través de los Pirineos se ha multiplicado desde octubre de 2015 cuando entró en operación el interconector entre los dos países que permitía pasar de intercambiar 1.400 a 2.800 Megavatios. Esto supone que España puede comprar más electricidad en Francia pero también Francia puede comprar más electricidad en España. La tercera circunstancia es que siete centrales nucleares francesas están en parada suponiendo que una tercera parte de sus reactores nucleares están sin funcionar en un país en el que el 78 % de la electricidad es nuclear y están pasando más frio que nosotros. De hecho Francia se ha abastecido no sólo de España, también de Bélgica, Luxemburgo y Alemania, por ejemplo. Más frío, más demanda (interior y exterior) y –ahora sí- un precio más caro del gas explican por qué el precio de la luz –ese que pone el último de la fila en entrar en el mercado- va a subir.
Con todo, demasiado complejo como para que los ciudadanos decidan apedrear a las plantas de ciclo combinado que, a fin de cuentas, son la barrera última frente a los apagones y las sufridoras de la subida del precio del gas.


martes, 17 de enero de 2017

UN LITRO DE AGUA, 500 DE GASOLINA (José Manuel Cansino en La Razón el 16 de Enero de 2017)


El proyecto Aurora es la denominación llamativa que sus impulsores han dado al desarrollo de una Unidad Móvil Autónoma de Generación de Energía Renovable. En él participan las empresas Sacyr S. A., Kemtecnia S. L., Ariema S. L. y el liderazgo investigador lo despliega el profesor José Manuel Andújar Márquez de la Universidad de Huelva (UHU). Del interés del proyecto da buena cuenta la financiación pública que ha conseguido; casi dos millones de euros, pero también las presentaciones que están haciendo en aquellos países con unas necesidades energéticas muy altas y una geografía compleja que dificulta la instalación de centrales eléctricas convencionales, incluso aquellas que usan energías renovables. Particular interés ha mostrado Indonesia; una de las grandes potencias asiáticas que cuenta con unas 17.000 islas que necesitan ser abastecidas de energía.



El proyecto permitirá comercializar, cuando la tecnología esté del todo madura a nivel de mercado, unidades generadoras portátiles de energía que utilizan el hidrógeno como fuente primaria de energía para generar electricidad. Indonesia tiene reservas de gas natural de las que puede extraer el hidrógeno necesario. Actualmente el 48 % del hidrógeno se obtiene a partir del gas natural, el 30 % del petróleo, el 18 % del carbón y el 4 % por electrolisis.
Según la propia Universidad de Huelva divulga, el hidrógeno generado se almacena en la Unidad Móvil Autónoma de Generación para producir posteriormente energía eléctrica limpia mediante una pila de combustible, ya que el único residuo es vapor de agua. Naturalmente, para ello han tenido que trabajar primero en resolver eficientemente el problema del almacenamiento del hidrógeno. En no pocas ocasiones hemos insistido desde estas páginas que uno de los grandes desafíos que tiene la energía eléctrica es resolver el problema del almacenamiento pues, hasta ahora, la mayor parte de la electricidad generada tiene que consumirse de manera instantánea. El almacenamiento del hidrógeno es parte de la solución de la ecuación del almacenamiento.
Para resolver el problema del almacenamiento del hidrógeno el equipo de la UHU desarrolló el proyecto ENERGENOS: Almacenamiento y disponibilidad de energía en base al hidrógeno. También en este proyecto contó como socio empresarial a Kemtecnia S. L., en esta ocasión junto a Hidrógena Desarrollos Energéticos S. L. y el Centro de Tecnología del Silicio Solar (CENTESIL). El proyecto contó con casi un millón de euros de financiación pública. También llevó a cabo el proyecto de “Construcción de una pila de combustible modular: instrumentación y control, monitorización online”. Todo bajo el impulso y liderazgo del profesor José Manuel Andújar. El resultado ha sido una pila –que es parte de la unidad de generación portátil- que funciona cuando no hay recurso renovable (principalmente sol y/o viento). La unidad de generación Aurora está previsto comercializarla en diferentes potencias, la del prototipo desarrollado por la UHU es de 30 kw. Una de las características fundamentales de Aurora –resalta la propia universidad andaluza- es que va alojada entera en dos contenedores estándar, con lo cual puede ser transportada a cualquier parte del mundo. En Indonesia parece que lo tienen claro. Además esta característica permite un despliegue muy rápido ante situaciones de catástrofes naturales. Aurora dispone además de un brazo robótico que se programa en la UHU, y que permite un despliegue casi automático del sistema completo; sólo se necesita un operario. No en balde, este científico es también experto en la utilización de drones.

En mitad de un repunte del precio del petróleo como el que se observa desde hace un año, siempre vuelve a emerger el debate de la cuestión energética como asunto principal con implicaciones en el uso de recursos escasos, cambio climático y desarrollo económico. Parte de la solución pasa por un modelo de generación descentralizada como el que ofrece el proyecto Aurora pero, desde la perspectiva de la producción masiva de energía eléctrica en grandes plantas, la energía de fusión nuclear sigue siendo para mucho, el Dorado. También para el profesor Andújar que de manera muy ilustrativa explicaba al periodista Enrique Morán que “cuando la nuclear de fusión sea una realidad, un litro de agua de mar equivaldrá a 500 de gasolina”.