lunes, 28 de noviembre de 2016

La navaja de Ockham llega a las pensiones (José Manuel Cansino en La Razón el 29/11/2016)

El recién estrenado Gobierno ha anunciado su intención de poner en marcha la tercera reforma del sistema público de pensiones en los últimos cinco años. Vaya por delante que, cualquiera que se atreva a afrontar la solución a los interrogantes que se ciernen sobre el sistema, tiene mi respeto. La política del avestruz no es nunca la solución.



Mi impresión, basada sólo en lo que ha trascendido a los medios de comunicación, es que esta nueva reforma va orientada a reducir el componente no contributivo del sistema caminando a un diseño esencialmente contributivo. En definitiva, un sistema en el que la percepción de una pensión exija al beneficiario haber contribuido previamente con sus cotizaciones. Esta impresión se sustenta en la aparente intención de sacar a las pensiones por viudedad y orfandad de los presupuestos de la Seguridad Social para basar su financiación en los ingresos procedentes de los presupuestos generales del Estado. De esta forma, en el sistema quedarían, fundamentalmente, las pensiones de jubilación que se financian con las contribuciones de los trabajadores actualmente ocupados y las de incapacidad permanente. La propuesta no es del todo nueva, ya la puso encima de la mesa el Ministro de Hacienda en 2015 y es parte del debate entre técnicos y académicos.
Poniendo cifras, las pensiones de orfandad las reciben con fecha uno de octubre de 2016, un total de 341.091 personas, suponen para la Seguridad Social un gasto mensual de 128 millones de euros y una pensión promedio de 375,48 euros. Por su parte, las pensiones por viudedad las reciben 2.3 millones de españoles, suponen un gasto de más de 1.500 millones de euros y una pensión promedio de casi 640 euros mensuales. En definitiva, esta propuesta supone sacar del presupuesto de la Seguridad Social y cargar en los presupuestos generales del Estado, un gasto mensual de 1.640 millones de euros. Subido a valor anual e incluyendo las dos pagas extras, el presupuesto de la Seguridad Social dejaría de asumir un gasto de unos 23.000 millones de euros ¿esto es mucho o poco?
La estimación del déficit de la Seguridad Social para 2016 es del 1,6 % del PIB. Si tomamos el último valor del PIB publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y correspondiente a 2015, el déficit sería de 17.200 millones de euros. Así las cosas, la propuesta de sacar del presupuesto de la Seguridad Social las pensiones de viudedad y orfandad supondría pasar los números de rojo a negro y, además, con superavit. Naturalmente, la presión aumentaría sobre los Presupuestos Generales del Estado que absorberían el gasto que antes asumía la Seguridad Social.
Si esta reforma sale adelante, el sistema de pensiones de la Seguridad Social financiaría las pensiones de jubilación que perciben unos 6 millones de compatriotas (con un gasto mensual de más de 5.700 millones de euros) y las pensiones por incapacidad permanente que perciben casi un millón de españoles y que suponen un pago mensual del sistema de la Seguridad Social de unos 875 millones de euros.
En definitiva, la propuesta supone dejar dentro del sistema a las pensiones que guardan una mayor proporcionalidad entre la cuantía de las cotizaciones y las pensiones percibidas. Actualmente, la pensión de jubilación promedio en España es un 80 % del valor del último salario cobrado mientras que las pensiones de viudedad se financian, en buena medida, a través del veterano Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI).
Aun siendo difícil sacar adelante la reforma –toda modificación de algo socialmente tan sensible como las pensiones es compleja-, es la solución más sencilla sin dejar de ser una solución a medio plazo. Vendría a ser algo así como una reforma basada en la Ley de la navaja de Ockham. En aplicación de esta Ley del medievalista Guillermo de Ockham, en igualdad de condiciones, la explicación (vale decir la medida) más sencilla suele ser la más probable (vale decir la más eficaz). En definitiva, cuando dos teorías (o medidas) en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. Como consecuencia, la reforma de las pensiones no aborda dos grandes problemas de fondo.
El primero es que, sin repuntar el empleo hasta los 20 millones de trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, el sistema seguirá en equilibrio inestable incluso con el enjuague de números que supone el paso de pensiones de orfandad y viudedad del presupuesto de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Pocos alertan sobre el gravísimo hecho de que la pensión media de los que acaban de jubilarse (unos 1.300 euros al mes) es muy superior al salario medio de los que ahora comienzan a trabajar (unos 850 euros al mes) y que son los que financian con sus contribuciones las pensiones de los jubilados. En esto consiste el denominado sistema de reparto.
El segundo es la cuestión demográfica. Sin crecimiento vegetativo, un sistema de reparto como fórmula para financiar la Seguridad Social es difícilmente sostenible. Lo recordaba oportunamente hace unos días la profesora María Teresa López, directora de la Cátedra de Política de la Familia de la Universidad Complutense. El modelo de financiación de reparto supone un contrato implícito entre la generación más joven y la de mayor edad. De hecho, sociológicamente y en esta última etapa de crisis, los abuelos –reacogiendo a hijos y a nietos en dificultades económicas- han demostrado ser un Estado del bienestar paralelo.
Con la navaja de Ockham en la mano, ni el desempleo se puede eliminar en un corto plazo ni los complejos inoculados por un progresismo mal entendido, animan a los políticos convencionales a poner en marcha políticas activas y de alcance de apoyo a las familias.

Si la reforma de las pensiones sólo es, esencialmente, mover las pensiones del presupuesto de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, la cuestión que queda abierta es ¿de dónde salen en los Presupuestos Generales del Estado los 23.000 millones de euros necesarios?

miércoles, 23 de noviembre de 2016

PROYECTO ISLERO. UN LIBRO NECESARIO

Aunque las energías renovables reciban desde hace años la atención mediática como apuesta para el abastecimiento energético, otras energías “limpias” (no emisoras de gases de efecto invernadero) siguen formando parte de la denominada matriz energética. Es el caso de la energía de fisión nuclear. Pero también hay otras energías limpias que son la apuesta de muchos convencidos para el futuro abastecimiento energético. En este segundo caso es obligado hablar de la denominada Fusión Nuclear por vía de confinamiento inercial. Es obligado, además, con motivo de la reciente publicación de “Proyecto Islero” (Editorial Guadalmazán) de General del Ejército del Aire y Catedrático de Física Nuclear desde 1973, Guillermo Velarde, uno de los científicos españoles de mayor prestigio internacional. El General Velarde –alma mater del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid- es un claro defensor de este tipo de técnica que tiene un doble uso; militar y civil. En este segundo caso para la generación masiva de energía eléctrica.



Cuando el 17 de enero de 1966 se produjo el accidente en Palomares (Almería) de un bombardero norteamericano B52 que era abastecido en el aire por un avión cisterna, 4 bombas termonucleares (de mucha mayor potencia que las nucleares) cayeron sin detonar sobre suelo y mar español. Este militar y científico español fue uno de los destinados a analizar los restos de las bombas norteamericanas. Con sus estudios previos desarrollados en la Junta de Energía Nuclear y los hallazgos de Palomares descubrió por sí sólo el mecanismo de las bombas termonucleares –el método Ulam-Teller- lo que permitía a España convertirse en el quinto país del Mundo en poder fabricar bombas atómicas y termonucleares.
El profesor Velarde no fue enviado a Palomares por azares del destino; en 1963 le encargaron la dirección técnica del Proyecto Islero para la fabricación de bombas atómicas. En ese año ya era un reputado experto que trabajaba en la Junta de Energía Nuclear (JEN) si bien y por indicación de las propias Fuerzas Armadas, obviando su condición de militar. La calidad científica de quienes trabajaron en la JEN es difícil de exagerar aunque cualquier esfuerzo sería vano en un país donde impera un fuerte sentimiento antimilitar y antinuclear. Sin embargo es necesario recordar que los tres pilares científico-técnicos creados con posterioridad a la Guerra Civil fueron la propia JEN, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA). Los dos últimos superviven en la actualidad con una reputación internacional incuestionables. Sin embargo, la Junta de Energía Nuclear desapareció transformándose en el actual Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). No por ello el general Velarde dejó de trabajar en el Proyecto Islero que llegó a contar con el apoyo del presidente Adolfo Suárez y el Teniente General Gutiérrez Mellado. No fueron los únicos apoyos que sus trabajos científicos recibieron, también contó con el respaldo del que fuese General de la División Azul, Agustín Muñoz Grandes.
Velarde siguió trabajando en el Instituto de Fusión Nuclear (IFN) adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1981 hay 3 grupos de investigación en el IFN; uno dedicado a los reactores de fisión nuclear, otro a la fusión nuclear por confinamiento inercial –la gran apuesta de este científico español- y otro dedicado al estudio de la proliferación, terrorismo nuclear y tráfico ilícito de materiales radioactivos donde destaca la profesora Natividad Carpintero. Precisamente sin la perseverancia de esta extraordinaria profesora probablemente no hubiese visto la luz este libro que es tan necesario desde varias perspectivas.
Pero “Proyecto Islero” cuenta una historia de sacrificio y superación personal en aras de la Ciencia y del servicio a la Nación española. Al leerlo no he podido evitar que vengan a mi mente otro libro y otro Velarde. El libro que he recordado es el de “Los tónicos de la voluntad” del Premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal. Aunque realmente ese es el subtítulo de “Reglas y Consejos sobre investigación científica”. Es una obra escrita para brindar a los jóvenes investigadores recomendaciones y consejos en su orientación profesional hacia su trabajo. Recuerdo que nos recomendaba esta obra el profesor José María O’Kean a los alumnos del seminario de Economía Política que él dirigía. Años después me lo regaló el hoy también profesor de Economía, Francisco Gómez.
Tampoco he podido evitar recordar a otro Velarde, en este caso, el catedrático de Economía Juan Velarde Fuertes con quien tuve la oportunidad de trabajar estrechamente en alguna ocasión. Por cierto que es muy recomendable leer el “Liber amicorum” que publicó la Editorial Actas en 2007 a partir de la iniciativa del editor Luis Valiente y el profesor Emilio de Diego.
La posibilidad que España tuvo de convertirse en potencia nuclear con fines disuasorios finalizó cuando el 1 de abril de 1981 nuestra Nación firmó las Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica por las que renunciaba oficialmente a la fabricación de armas nucleares. Pero el libro del General Velarde arroja fundadas dudas de que otros países, firmantes de acuerdos similares, cumplan en la práctica con sus obligaciones. Dos cuestiones resultan especialmente inquietantes. La primera es la sospecha de que Irán dispone de plantas ultracentrifugadoras para enriquecer uranio con fines militares y que está vulnerando el acuerdo ´Joint Comprehensive Plan of Action’ con el grupo P5 +1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) y la Unión Europea. La segunda son las actividades de la denominada Red Jan para el suministro de ultracentrifugadoras que permiten el enriquecimiento del uranio de una central nuclear convencional para su uso en la fabricación de bombas nucleares. La red toma el nombre del ingeniero pakistaní Abd al Qadir Jan que fue quien desarrolló el armamento nuclear en ese país asiático.

Para saber más les invito a comprar el libro. Leerán también sobre la duda razonable de la autoría de ETA  en el atentado del Presidente del Gobierno, Almirante Carrero Blanco.

martes, 15 de noviembre de 2016

¿Y AQUÍ CUÁNTO SE GANA? (José Manuel Cansino en La Razón el 14/11/2016)

En Andalucía el salario mensual es unos 200 euros inferior a la media nacional a pesar de que las horas mensuales efectivamente trabajadas sean prácticamente las mismas. No es fácil encontrar una única causa explicativa de esta diferencia aunque un dato importante es que el PIB andaluz per capita es el 74 % del PIB per capita nacional.



Para dar robustez a este comentario es necesario aclarar que todos los datos proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para los salarios hemos tomado el dato del coste salarial total de la Encuesta del segundo trimestre de 2016. Este dato no incluye, por ejemplo, las contribuciones a la Seguridad Social y nos dice que el salario promedio en Andalucía está cerca de los 1.750 euros al mes aunque, por sectores, es más alto en el sector industrial (unos 2.100 euros). Por simplificación hemos tomado como referencia el salario que aparece atribuido en la estadística a las secciones B a la S.
La misma encuesta del INE nos da el número efectivas de horas trabajadas al mes. Este dato desmiente que los andaluces estemos más tiempo en el trabajo que el resto de los españoles con independencia de cuanto de eficaz es nuestra jornada laboral. El número de horas al mes en Andalucía fue en el segundo trimestre de 2016 de 154.6, esto es, sólo 40 minutos más que la media nacional. No obstante, el sector en el que más horas “se echan” es en el de la construcción con un promedio de 160 horas que es, más o menos, el mismo número de horas en este sector para el conjunto de la Nación española.
Por último, el dato del PIB regional per capita está tomado de la Contabilidad Regional de España que elabora el mismo INE. Un análisis estilizado de este dato debería complementarse con algún índice de concentración de riqueza, por ejemplo, el conocido Índice de Gini, pero excede del objetivo de este artículo. La Contabilidad Regional española sigue ofreciendo una fotografía que muy poco favorece a la economía andaluza. Si damos el valor 100 al PIB per capita de España, todas las regiones con valores superiores mostrarían un mayor “nivel de riqueza” y “menor” en caso de estar por debajo de 100. Andalucía arroja el valor de 74, por tanto, muy lejos de valores como el 136 de Madrid, el 130 de Vascongadas o el 123 de Navarra. Únicamente Extremadura (69,4) y Melilla (73,7) muestran peores resultados.
Una lectura reposada de estos datos recomendaría orientar los esfuerzos de la Administración Pública al sector industrial tanto en términos de incentivos como formativos (en el nivel de los ciclos de formación profesional y en el de las carreras de ingeniería industrial y asimiladas). En el plano de los incentivos hay que destacar como acertada la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 que es una continuación al Plan Andaluz de Desarrollo Industrial ejecutado entre 2008 y 2013. Pero esto no debe hacernos caer en el error de pensar que el nonato despegue industrial de Andalucía vendrá de la mano del sector público; corresponde al sector privado. Por cierto que no deja de llamar la atención que nadie invoque la Ley de Memoria Histórica para desmotar los dos grandes polos industriales andaluces, el químico en Huelva y el energético en el Campo de Gibraltar. Ambos fueron ejemplos claros del desarrollismo planificado de los gobiernos denominados ‘tecnócratas’ que predominaron desde los años 60 del siglo XX.

Por supuesto es mucho más fácil retirar del callejero nombres ahora proscritos (véanse los casos de Eduardo Rivas y Jerónimo Pérez de la Rosa en Sevilla, ambos asesinados en 1935 –sic-) que despedir a miles de trabajadores en los pocos núcleos o ‘clusters’ industriales de Andalucía donde, recordemos las cifras del inicio de este artículo, mayores salarios de pagan. 

martes, 8 de noviembre de 2016

LA GEÓGRAFA DUBLINESA (José Manuel Cansino en La Razón el 7/11/2016)

Al bajarse del tren en la estación de ferrocarril del “Gran Canal” en Dublín, se da uno de bruces con las oficinas de Google en Irlanda, lo que los anglosajones llaman el “Headquarter” de la compañía en Europa. No es la única oficina que la multinacional californiana tiene en Europa (en Madrid están en la Torre Picasso y en el denominado Campus Google) pero sí una de las más importantes y de mayor notoriedad mediática a propósito del pago de sus impuestos. Las grandes empresas que operan en Europa utilizan como sede Irlanda donde el impuesto de sociedades es del 12,5% en lugar del 25% que tenemos en España, además de ofrecer otras ventajas fiscales que acaban consiguiendo que toda empresa que persiga los máximos beneficios acabe operando en Irlanda.



Paseando por la capital irlandesa durante el reciente puente de Todos los Santos, no se exagera si se estima que el 10 % de los que allí estábamos éramos españoles, bien de visita, bien trabajando. El ambiente que se respira y la notable actividad comercial evidencian que este país no sólo salió del rescate que pidió a la “troika” sino que ha recuperado un buen pulso económico.
Al regresar de Dublín me topé con los datos de empleo o desempleo (son las dos caras de las misma realidad) correspondientes al mes de Octubre. El dato de paro es de casi un 10 % menor que el de octubre del año pasado aunque un 1,2 % mayor que el registrado en Septiembre de este año. Para Andalucía, los casi 920.000 desempleados inscritos en el sistema público de empleo se reparten muy desigualmente entre sectores económicos, 585.522 en el sector servicios (un sector tan grande y heterogéneo como para incluir a un asesor financiero y a un peluquero), 111.229 son jóvenes que aún no han encontrado un primer empleo y, por tanto, su perfil laboral no está registrado, 97.670 en la construcción (que sigue creciendo pero no lo hará al ritmo del boom inmobiliario), 66.165 en la agricultura y 57.961 en la industria. Por supuesto, que el menor número de parados se registre en el sector industrial andaluz no significa que sea el que más empleo genere sino, precisamente, que su peso en nuestra economía sigue siendo tan pequeño que no atrae a trabajadores.
El ritmo de creación de empleo en España sigue siendo débil aunque el dato de afiliación a la Seguridad Social de Octubre haya sido bueno, pero sobre todo, los salarios de los nuevos contratos son muy bajos. Esto explica por qué había tanto español en Irlanda en el Puente de Todos los Santos. Permítanme abundar en un ejemplo.
En la Calle Richmond de la capital dublinesa están dos de los más reputados restaurantes de cocina española en Irlanda. Uno de ellos regentado por dos empresarias catalanas que, por supuesto, ambientan el local con referencias fotográficas y decorativas netamente españolas. En uno de ellos atiende una joven y simpática irlandesa licenciada en geografía por una universidad andaluza que tiene dos cosas muy claras. La primera es que desea regresar al sur de España en cuanto junte el dinero suficiente para pagarse el máster y financiar su nueva estancia. La segunda es que, en sus futuros planes profesionales no está trabajar en España. Lo que aquí gano trabajando de camarera en una semana, lo gano allí en un mes nos dice.
En plan –bien trabado- de la geógrafa dublinesa es hacer una apuesta contra la tendencia general del mercado. Al contarlo me recordó a la película “La gran apuesta” (The big short) de Adam McKay basada en el libro del mismo nombre de Michael Lewis, sobre la crisis financiera del 2007 al 2010 por la acumulación de viviendas y la burbuja económica. Acostumbro a recomendar esta película a mis alumnos tanto en Chile como en España. Es una historia basada en una apuesta a corto plazo (short) contra la tendencia alcista del mercado inmobiliario por parte de unos jóvenes avispados que vieron que la burbuja inmobiliaria sólo podía explotar.
“La gran apuesta” de la geógrafa dublinesa era aprender muy bien español (ya lo hablaba casi a la perfección) porque los angloparlantes acostumbran a despreciar las demás lenguas incluyendo las autóctonas (apenas un 2 % de los irlandeses hablan gaélico). Así las cosas nos decía, muchas multinacionales vinieron a Irlanda buscando las ventajas fiscales como Google. Estas empresas necesitan personal cualificado que hable no sólo inglés sino particularmente español. Ya el 7,9 % de los usuarios de Internet se comunica en español y es la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales, Facebook y Twitter, algo que conoce muy bien Google. Particularmente el español es la segunda lengua más utilizada en Twitter en ciudades mayoritariamente anglófonas como Londres o Nueva York. El uso del español en la Red creció más de un 1.100 % entre los años 2000 y 2013.
Si Dios –que aún tiene una presencia muy mayoritaria en Irlanda- así lo dispone, “la gran apuesta” de la geógrafa dublinesa le saldrá muy bien mientras que otros seguirán contemplando mes a mes, los datos de paro registrado y los bajos sueldos que la crisis nos dejó en herencia.



viernes, 4 de noviembre de 2016

EL GRAN EXPERIMENTO DE LUCHA POR EL CLIMA (José Manuel Cansino en La Razón el 31/10/2016)


Apenas ocho o diez países del Planeta son responsables de las dos terceras partes de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI). Son los gases causantes del calentamiento global y del consecuente cambio climático.



Técnicamente hablando, en Economía, el cambio climático es una externalidad negativa perfecta (es decir, de manual) y, además, de carácter global. Ya de por sí esto lo convierte en un problema difícil de gestionar pero más aún si se tiene en cuenta que afecta de forma desigual a los diferentes países y que tiene un carácter dinámico. Esto último nos obliga a tener en cuenta a las generaciones futuras que serán quienes principalmente sufrirán sus efectos.
Todo lo anterior es lo que subraya Javier Labandeira, unos de los principales expertos españoles en políticas fiscales de lucha contra el cambio climático. Acaba de visitar la Universidad de Sevilla para impartir una sesión magistral en el Máster de Economía y Desarrollo en colaboración con la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente.
Su apuesta decidida sigue siendo el Mercado Europeo de Derechos de Emisión (EU-ETS en su acrónimo en inglés). Un sistema que se encuentra en su cuarta fase y cuya magnitud hay quien la subraya definiéndolo como el 'gran nuevo experimento de política económica'. En persuadir a los técnicos de la Comisión Europea y a los parlamentarios de Estrasburgo dedica el profesor Labandeira buena parte de su trabajo en el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia. Técnicamente este mercado es un sofisticado instrumento económico para poner precio a la contaminación, más exactamente, a cada tonelada de dióxido de carbono que las empresas contaminantes emiten a la atmósfera. De esta forma, si una empresa supera la cantidad de emisiones de GEI que su país de residencia la ha concedido, debe acudir a este mercado a comprar derechos a emitir más gases contaminantes a las empresas que no agotaron toda su capacidad contaminante. La oferta y la demanda harían el resto.
Las estimaciones esperaban que la tonelada de GEI alcanzase un precio de 20€ pero la realidad es que actualmente está entorno a 5€. No hay una explicación clara de este resultado. No obstante, parte de esa explicación puede estar en la presión ejercida por las empresas más contaminantes para modificar el reparto de derechos de contaminación en cada país y parte también en la crisis primero y la lenta recuperación actual.
Con todo, la Unión Europea está cumpliendo con sus compromisos en materia de cambio climático y que, más allá del superado Protocolo de Kioto, quedaron plasmados en el denominado Horizonte 2020. Este compromiso, exigible legalmente, comprometía a la Unión a reducir para ese año un 20 % las emisiones de GEI, otro 20 % el consumo de energía primaria al tiempo que aumentar la producción de energía de origen renovables en un 20 %.
Prácticamente se da por hecho que se alcanzarán los objetivos del Horizonte 2020. Ahora Europa está trabajando en su hoja de ruta a La Luz de los Acuerdos de París ratificados este mismo año en Nueva York. EUROPA espera alcanzar la descarbonización de su economía para el año 2050 lo que es tanto como conseguir desacoplar nuestro crecimiento económico de mayores niveles de emisiones contaminantes. En mitad de ese plazo, para 2030, ya se manejan algunas cifras aunque aún no se han plasmado en ninguna normativa de obligado cumplimiento. En la exposición del profesor Labeaga, las cifras que van tomando cuerpo son las siguientes: una reducción del 40% en las emisiones de GEI, lograr que el 27% de la energía consumida tenga un origen renovable, reducir el consumo de energía también en un 27 % suponiendo constante el nivel tecnológico ahora disponible y, finalmente, aumentar en un 15% la interconexión de las redes eléctricas nacionales, algo que es muy necesario para el desarrollo de las energías renovables.

En este marco hay tareas para todos; empresas, ciudadanos y administraciones públicas. Pero, fundamentalmente, lo que hay es la oportunidad de frenar el cambio climático.

EN ESTA CASA SÓLO VIVO YO (José Manuel Cansino en La Razón el 24/10/2016)


Una información imprecisa sobre el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social casi ha coincidido en el tiempo con la publicación de las proyecciones demográficas para España por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambas noticias sumadas han provocado cierta preocupación que en ningún caso ha superado la inquietud por saber si Bob Dylan aceptaba o no el Nobel de Literatura.



El INE nos dibuja el perfil demográfico de nuestra Nación en el horizonte de 2066. Dentro de 50 años, las españolas vivirán hasta superar –en promedio- los 91 años, tendrán un hijo en torno a los 33 años y poco más, esto es, el INE señala que la tasa de fecundidad (número medio de hijos por mujer) será de 1.38 años, una de las más bajas del mundo. Los varones viviremos hasta los superar los 88 años y compartiremos un sentimiento con las españolas; la soledad. Ya en 2031 el INE estima que más de 11.5 millones de hogares españoles (el 60 %) acogerán a una o dos personas, no más. Serán mayoritariamente viviendas urbanas ya que se prevé un muy intenso abandono de las zonas rurales que golpeará, principalmente, a Castilla-León, Galicia y Asturias.
Entre 2046 y 2066 morirán muchas personas en España, la mayoría nacidas al albur del ‘baby boom’ registrado entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el despegue económico español en la mitad de los años 60 del siglo pasado. Al mismo tiempo el número de partos se reducirá en un 22 % con respecto a los registrados al inicio del siglo XXI.
Con todo lo anterior, el INE ofrece dos valores extremos en su proyección demográfica para 2066. La proyección optimista alcanzaría los 43.96 millones de españoles frente a los actuales 46.43. La previsión pesimista reduce la cifra hasta los 38.46 millones cuando se asume la hipótesis de una restricción a los flujos migratorios. Sin duda, la apuesta europea de suplir su decrepitud demográfica por una fuerte inmigración (unos 10 millones de personas en total se necesitarían para compensar) está recibiendo un fuerte rechazo social. Pensar que las personas se pueden sustituir como si fuesen piezas sin tener en cuenta las diferencias culturales y religiosas, ha demostrado ser tan erróneo como esperar que los terribles conflictos bélicos y las hambrunas desapareciesen de la faz de la Tierra.
Lo que algunos han llamado el ‘suicidio demográfico’ de España y, por extensión, de Europa tiene su impacto indudable en la sostenibilidad financiera de un sistema de pensiones inspirado en el criterio del reparto, es decir, un sistema que financia las pensiones actuales con las cotizaciones de los trabajadores empleados. Sistema que se ve amenazado por la evidente tendencia a invertir la pirámide demográfica, haber bajado los salarios (y por ende, las cotizaciones) tras la crisis de 2008 y mantener una tasa de desempleo de casi el 20 % de la población activa.
Es aquí donde se encendió la alarma de un hipotético agotamiento del Fondo de Reserva de las Pensiones. En realidad no es exactamente así.
El Fondo comenzó a nutrirse de ingresos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado en el año 2000 a pesar de haberse creado en 1997. Su finalidad era la de ser un mecanismo de financiación (vale decir hucha) en etapas de fuerte desempleo como la que se inició en 2008. A la gestión del Fondo se le pusieron algunas limitaciones. Una muy importante iba dirigida a impedir que algún gobierno agotase fulminantemente sus reservas.
Para ello se estableció un límite anual equivalente al 3 % del valor que sumaban las pensiones contributivas y la gestión de las mismas. Cuando en 2012 el daño de la crisis era ya muy grave, el Parlamento respaldó que la aplicación del citado límite quedase suspendida provisionalmente. La provisionalidad de la suspensión expira a finales de este año 2016. Por tanto, aunque el Fondo sigue achicándose, lo que ahora urge parece que es conseguir un acuerdo parlamentario y mayoritario (ahí es nada) para una nueva prórroga. Los expertos estiman que esta necesidad no remitirá hasta que en España vuelvan a estar empleados unos 20 millones de trabajadores.
Pero, en un sistema de pensiones inspirado en el criterio del reparto, si no hay jóvenes trabajando, no hay posibilidad de financiación si esta se basa en las cotizaciones a la Seguridad Social. El problema es que apenas hay voluntad política por incluir la cuestión demográfica en la agenda política.
La defensa de la natalidad parece tener un efecto absurdamente estigmatizante y que provoca la paradoja por la que se preguntaba en estos días el profesor Rafael Sánchez Saus “¿por qué hay causas cuya defensa sólo puede hacerse desde la alegría, aunque los tiempos sean pésimos, y otras que hacen aflorar la rabia aunque todo reme a su favor?”
La reflexión de este pensador –mente especialmente preclara en la Universidad española- la hacía refiriéndose al nuevo éxito en Francia de la convocatoria de Le Manif pour Tous, un movimiento ciudadano cuyo fin primordial es la defensa de la familia sin adjetivos. Una familia que –según el INE- no existirá en la mayoría de los hogares españoles dentro de 50 años, salvo que decidamos otra cosa.


DÍGAME LO QUE SE DEBE (José Manuel Cansino en La Razón el 17/10/2016)


Los españoles debemos más de tres veces lo que producimos anualmente. Para ser exactos, sumadas las deudas de las Administraciones Públicas, las empresas no financieras (todas las que no se dedican al sector bancario o a los seguros, principalmente), las familias y las ONG, debemos casi 3.3 billones de euros. Entre el debut de la crisis en 2008 y el año 2015, nuestro endeudamiento ha aumentado en casi 420.000 millones de euros, una cifra que puede alarmar pero que exige un análisis estilizado.



Para empezar los comportamientos de las instituciones españolas han sido muy dispares; mientras que las deudas de las familias españolas se han reducido drásticamente (ahora debemos casi 185.000 millones menos que al inicio de la crisis) y también las deudas de las empresas (se han reducido en casi 290.000 millones de euros), el endeudamiento del sector público ha pasado de los 513.522 millones a 1.4 billones de euros en los últimos seis años. Esto último sitúa a la deuda pública española por encima del 100 % del valor de nuestro PIB. Administración General del Estado y Comunidades Autónomas han sido quienes más han contribuido a este rápido endeudamiento.
¿Y a quien le debemos el dinero? Pues, principalmente, a nosotros mismos. De los 3.3 billones de euros que debemos, 2.4 se deben a los propios residentes en España, esto es, la parte ahorradora del país le presta a la otra parte que necesita financiarse. Sin embargo, hay un dato que ha cambiado. Me refiero a nuestras deudas con el resto del Mundo. Si en 2008 debíamos 493.283 millones de euros, ahora debemos casi 354.000 millones de euros más.
Bien, ahora reflexionemos cuánto de grave es esto. Cualquiera de nosotros con un préstamo hipotecario a la espalda, debemos al banco una cantidad superior a lo que ingresamos en un año. Lo mismo le ocurre al conjunto de España; debemos tres veces más del valor de lo que producimos en un año (el PIB). Pero si los hipotecados vivimos mayoritariamente ocupados en devolver nuestro préstamo pero no necesariamente angustiados, tampoco España debería vivir angustiada por deber más de tres veces lo que genera en un año. En Economía decimos que la deuda se parece más a un variable ‘stock’; es relativamente estable y poco a poco desciende conforme se amortiza o aumenta moderadamente. Los ingresos (vale decir el PIB) son una variable flujo, cada año se generan salvo situaciones de crisis. La clave está en el ritmo al que crece la deuda y al que lo hacen los ingresos. La situación española no es de las peores.
Sí es mucho más preocupante la situación global de las economías desarrolladas. El endeudamiento sigue creciendo pero el crecimiento sigue siendo imperceptible. El Fondo Monetario Internacional acaba de dar el dato del endeudamiento conjunto de las economías del Mundo; asciende al 225 % del PIB mundial.

Lo cierto es que en España se están saldando las deudas privadas mejor que en países bastante más ricos.