martes, 31 de diciembre de 2013

EL PUNTO 54 DEL PAPA FRANCISCO (José Manuel Cansino en La Razón el 30/12/2013)



Precedido por una gran aceptación mediática, recientemente el Papa Francisco ha tenido oportunidad de estrenarse con su primer documento doctrinal. Lo ha hecho en la denominada exhortación apostólica EVANGELII GAUDIUM publicada el 26 de Noviembre.



El documento tiene un elevado contenido económico que motiva su comentario en esta tribuna. Además ha dado pie a una breve pero cualificada polémica por un aspecto novedoso que incorpora.
Efectivamente en su punto 54 el Santo Padre ha escrito "algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo".
La "teoría del derrame" ha sido la traducción al español elegida por el Vaticano para la originariamente denominada en EE.UU. "trickle-down theory". En virtud de esta teoría las rebajas de impuestos provocan un efecto positivo sobre la economía y no sólo sobre los más ricos (que son los principales beneficiarios), sino sobre el conjunto de la sociedad provocando así un efecto inclusivo de los más pobres.
La novedad del documento del Sumo Pontífice estriba en que la Iglesia no acostumbra a pronunciarse sobre las soluciones técnicas concretas que la Ciencia Económica aporta. Probablemente sea la mejor forma de no equivocarse vista la frecuencia con la que esta Ciencia yerra.
El ejemplo más reciente de este habitual no pronunciamiento sobre la oportunidad de recetas económicas concretas se encuentra en la Encíclica Cáritas in Veritate de su predecesor Benedicto XVI. El Papa emérito escribió "La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende «de ninguna manera mezclarse en la política de los Estados»". Estas afirmaciones las sostenía sobre cuatro documentos pontificales de primer orden, la Constitución pastoral Gaudium et spes (1965), la Encíclica  Populorum progressio, de Pablo VI (1967), la Carta apostolica Octogesima adveniens también de Pablo VI (1971), y la Encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II (1991).
Sin embargo, en esta ocasión, el Papa Francisco ha hablado de la "Teoría del Derrame" afirmando que "jamás ha sido confirmada por los hechos" y que "expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante".
Probablemente por esa opinión sobre la Teoría del Derrame, algunos Economistas Académicos habitualmente ajenos a la valoración de los documentos Morales, han expresado su opinión. Una de las que mayor eco ha tenido a pesar de su brevedad ha sido la del Director del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, Greg Mankiw. Lo ha hecho en forma de breve comentario o 'post' en su blog con tres observaciones a este punto 54 de la Exhortación Apostólica.


(El profesor Greg Mankiw)


El primer comentario es de tipo académico (una defensa del libre mercado como determinante del desarrollo y de una sociedad más moral). El tercero es de carácter irónico (dice que le hubiese gustado leer la valoración de la Papa de las exenciones fiscales de la Iglesia). El segundo es de carácter político.
Esta segunda observación del profesor Mankiw radica en el hecho de que la "teoría del derrame" ("trikled-down theory") es una manera peyorativa en la que la izquierda estadounidense se refiere a la misma. De hecho, su acuñación se atribuye al humorista Will Rogers en la etapa de la Gran Depresión iniciada con el crack de 1929. Se volvió a utilizar para descalificar la política económica de los gobiernos de Ronald Reagan (la "Reaganomics"). Por todo ello, Mankiw sostiene que los documentos papales deben propiciar debates rigurosos y no contaminados por términos peyorativos.

Sea como fuere, hay que reconocer al menos dos interesantes resultados de este primer documento teologal que el Papa Francisco rubrica. El primero que el Papa haya descendido al arriesgado terreno de la técnica desde la Teología, lo que -como se ha visto- no es algo precisamente cómodo en una Ciencia tan viscosa como la Económica. El segundo es que los Economistas -principalmente los académicos- no se hayan mostrado indiferentes ante un documento que sin forzar las cosas puede sumarse a la Doctrina Social de la Iglesia. Cuando Ética y Economía dejan de ser disciplinas autistas, las personas salimos ganando.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla.

lunes, 23 de diciembre de 2013

El semanario italiano 'Panorama' me pide mi opinión sobre una posible Cataluña independiente

Esto es lo que publica la revista-semanario 'Panorama' (nº 2485, página 35) que me pregunta por la viabilidad de una hipotética Cataluña independiente:

"La Catalogna, dal punto di vista delle finanze pubbliche, è una regione ampiamente sovvenzionata dal governo iberico da diversi anni. Il debito pubblico dichiarato alla Banca di Spagna é di oltre 53 millardi di euro. Senza la protezione della Spagna e fuori dall'Ue, il debito sovrano di una 'ipotetica Catalogna indiependiente non avrebbe spazio nei mercati finanziari internazionali. Senza la possibilità di indebitarsi ulteriormente, il noestato non protebbe mantenere i servizi pubblici essenziali. Nouve spese per la difesa e gli affaria esteria sarebbero del tutto insostenibilli."

Este es el texto que remití

"Desde el punto de vista de las finanzas públicas, Cataluña es una región que lleva años rescatada por el Gobierno de España. Su deuda pública reconocida alcanza los 53.665 millones de euros según las cifras del Banco de España. Sin el aval de España y fuera de la UE, la deuda pública de una hipotética Cataluña independiente no encontraría colación en los mercados financieros internacionales. Sin los ingresos de un mayor endeudamiento, Cataluña no podría mantener los servicios públicos básicos -educación, sanidad y atención a la dependencia-. Si seguir financiando estos servicios elementales sería ya imposible, asumir nuevos gastos propios de un Estado Independiende (por ejemplo, Defensa y representación exterior) sería imposible de soportar por su economía.


José Manuel  Cansino es Profesor Titular de la Universidad de Sevilla y profesor invitado de la Universidad de Lund (Suecia)."

Lo que Vanessa vale (José Manuel Cansino en La Razón el 23/12/2013)


  
Bien porque se prevén unas grandes rebajas en enero y con ellas el retraso de muchas compras, bien por pintar de color el oscuro panorama, lo cierto es que el alumbrado navideño se adelantó este año.
Y fue paseando envuelto por el frío, alumbrado por las guirnaldas y visitando Nacimientos cuando nos la encontramos.


Tenía en su cara dibujada la felicidad y en los brazos a Vanessa; unos ojos azules que cabían en cuatro meses y que verán -Dios lo quiera- escribir su vida.
La propuesta que le hicieron a la madre de Vanessa fue 700 euros y nueve horas al día, o a la calle. Es posible que tuviese más suerte que miles de madres a las que sólo les mostraron la puerta de la calle cuando todo empezó a derrumbarse en 2008, pero esas fueron las opciones en este caso.
Los economistas llamamos 'salario de reserva' al salario por debajo del cual no aceptamos un empleo.
El valor concreto del salario de reserva es diferente para cada persona pero la Ciencia Económica se basa en la Ley de los grandes números y, con demasiado desacierto, sólo aspira a calcular valores promedio o, todo lo más, valores promedio diferenciados por rango de edad, sexo o nivel de estudios.
Hay varios factores que hacen que el salario de reserva suba o baje. Uno de ellos y probablemente el más discutido es la cuantía de la prestación por desempleo y la duración de esta.
Una prestación por desempleo elevada y prolongada en el tiempo hace que el salario de reserva aumente respondiendo a un razonamiento inmediato que viene a decirnos, "por pocos euros más que me ofrecen en este trabajo, prefiero seguir en casa cobrando el desempleo”. Y es sobre este argumento sobre el que se apoyan quienes defienden tanto la disminución de la prestación como la duración de la misma. Con ello pretenden reducir el nivel de paro favoreciendo que los desempleados acepten nuevos trabajos por la perentoria razón de no tener otros ingresos.
Los economistas, que también tenemos nombre para esto, lo denominamos transición del desempleo hacía el empleo, pero también podríamos llamarlo "procesión" hacia el empleo o principio de "quillo, no hay más remedio que ponerse a trabajar".
Estimo que a la madre de Vanessa llegaron en los seis primeros meses de paro unos 653 euros mensuales. Si sigue sin encontrar un empleo que supere su salario de reserva, aún podrá cobrar unos 617,74 euros al mes durante otros dieciocho meses.
De momento lo que podemos afirmar es que el salario de reserva de la madre de Vanessa está por encima de 700 euros y nueve horas de trabajo diarias, parte de las cuales se cobrarán en dinero B y, naturalmente, su empresa no cotizara por ellas.
Así qué "sabes lo que te digo, José Manuel" que yo con mi paro y lo que gana mi marido me quedo criando a esta -ahí estaban los cuatro meses de ojos azules de Vanessa- y no la dejo con nadie. El profesor Rafael Sánchez Saus ha recordado estos días el problema demográfico escribiendo “sin merecer una sola portada de periódico, el problema demográfico se ha ido convirtiendo en la principal amenaza que gravita en el medio y el largo plazo sobre la sociedad española”.
Estar con Vanessa cada minuto de sus primeros años le supone a la madre renunciar a 47 euros mensuales los primeros meses y 82,26 euros hasta que alcance los dos años.  Habrá quien diga que criar a Vanessa vale la suma de todo a lo que renuncia.
La madre de Vanessa seguirá figurando en la dramática lista de desempleados y las personas que trabajamos le financiaremos su prestación como ella hizo cuando trabajaba con quienes no tenían empleo.
Conozco a esta mujer y no le teme al trabajo. Todo lo contrario. Anduvo peleando hasta el final incluso cuando sabía que su empresa se iba a pique porque la Administración no abonaba las facturas pendientes y el banco ya no renovó ninguna póliza de crédito más.
Saldremos de la crisis y Vanessa verá a su madre encontrar un nuevo empleo y llegar tarde a casa con la espalda destrozada -su trabajo le obliga a pasar muchas horas de pie tras un mostrador-. Pero cuando llegue, le regalará el mejor tiempo del día. Era lo que estaba haciendo aquella tarde cuando su familia y la mía paseábamos visitando Nacimientos.

Saldremos de esta. Siempre se sale. Pero cuando esto pase, no duden de que los que ahora se lamentan de las barbaridades cometidas en el tiempo de la burbuja, no tardarán un instante en volver a hacer lo mismo. Entre otras cosas, a cambio de pagar 700 euros mensuales por nueve horas al día.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

miércoles, 18 de diciembre de 2013

Astilleros, petroleras y espías (José Manuel Cansino en La Razón el 9/12/2013)

 ¿Qué pueden enseñar acerca del funcionamiento de las empresas profesores a los que la legislación les dificulta poner una mano en la gestión empresarial durante toda su vida académica? Éste fue uno de los desafíos que puso encima de la mesa el profesor José T. Raga con el rigor provocador que le caracteriza. Lo hizo con motivo de su intervención en la presentación del Programa de doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales de la Universidad de Sevilla. Efectivamente, el estatus de trabajar «a tiempo completo» hace muy difícil compartir la actividad docente y la profesional; algo que no ocurre, por ejemplo, con los profesores de las ciencias de la salud.
Y es que el equilibrio entre la oferta y la demanda tiene poco que ver con el acuerdo que se ha cerrado a finales de noviembre entre Repsol y el Gobierno argentino. Un acuerdo con implicaciones directas para la industria naval gallega que merece un análisis detenido por las varias implicaciones que conlleva.



Como es sabido, en abril de 2012 el Gobierno argentino expropió el 51 % de YPF, filial de la compañía española Repsol. Pocas certezas hay en economía pero una de ellas es que sin seguridad jurídica no puede desarrollarse el comercio. Por tanto, antes o después, el Gobierno argentino tenía que acordar un pago indemnizatorio por la expropiación. Recuperar la confianza de los inversores extranjeros en Argentina va a tardar en restablecerse pero mucho más si el acuerdo con Repsol no se hubiera cerrado.
Y es aquí que entró en juego –poco limpio– uno de los accionistas de Repsol: la empresa semipública Petróleos de México –Pemex–. Esta empresa es propietaria desde los años 90 del siglo pasado del 9,4 % del accionariado de Repsol y ha mostrado repetidamente su interés por ampliar su presencia bien comprando el 20% en manos de Sacyr o el 12% en poder de La Caixa. El interés de la compañía Repsol está no en sus yacimientos (expropiados) sino en su negocio de exploración.
Paralelamente, Pemex firmó en mayo de 2012 (justo después de la expropiación argentina) un contrato con la Junta de Galicia que implicaba el desarrollo de una inversión de 250 millones de euros y la generación de unos 2.500 empleos en el sector naval. Repárese en que lo que Pemex firma con la Junta de Galicia es un contrato y no un documento político. Así lo ha puesto de manifiesto un informe de la Abogacía del Estado.
Cualquier incumplimiento de un contrato por parte de una empresa semipública de la entidad de Pemex no sólo compromete la credibilidad de la empresa, también la del Gobierno copropietario.
El contrato de Pemex consistía en la construcción de 14 remolcadores, dos barcos-hotel y una gran plataforma logística en Punta Langosteira (La Coruña) para todo el suministro a Europa. Tengamos en cuenta que el petróleo que España importa del Golfo de México es una parte estratégica de nuestro mix de abastecimiento. Los contratos con la industria naval incumbían a las empresas Hijos de Barreras (Vigo) y Navantia (Ferrol).
¿Y qué tiene que ver la industria naval con la indemnización de Argentina a Repsol? Pues algo que desde luego no está en un gráfico de curvas de demanda y oferta.
La indemnización que el Gobierno argentino ha ofrecido es de 5.000 millones de dólares. En un primer momento, 1.500 millones en efectivo y 3.500 en activos petrolíferos en empresas de las que Repsol sería socio minoritario. Un acuerdo que fue rechazado por el Consejo de Administración de Repsol.
A partir de aquí, las informaciones que han trascendido evidencian que el Gobierno argentino ha utilizado el interés de Pemex de expandirse en el país austral a cambio de que presione para que Repsol aceptase el acuerdo.
La presión más visible pero no la única fue su anuncio de no cumplir sus compromisos con la industria naval gallega.
Las presiones menos visibles han podido ser las de intentar convencer tanto a Sacyr como a La Caixa para que votasen a favor de la propuesta argentina. De hecho, se llegaron a ofrecer a Sacyr suculentos contratos para la construcción de infraestructuras en Argentina. Finalmente, ni Sacyr ni La Caixa (que desarrolla el 76% de su negocio fuera de Cataluña) se plegaron a los intereses de Pemex.
La otra maniobra que ha trascendido de Pemex ha sido pedir la influencia del magnate mexicano Carlos Slim en favor de la oferta argentina a cambio del desarrollo de su empresa América Móvil en ese país.
El Gobierno español ha desplegado una intensa y eficaz labor diplomática (lleva haciéndolo desde la expropiación de YPF) que ha cambiado, por ejemplo, el futuro inmediato de la industria gallega.
Finalmente la oferta del Gobierno argentino aceptada por Repsol ha sido cambiar los 3.500 millones de euros en activos de valoración muy discutible por 3.700 millones en títulos de deuda pública (que, no obstante, tienen una alta calificación de riesgo). Además, Pemex ha desbloqueado sus compromisos con la industria naval gallega.
Hay varias lecciones que deben extraerse de este sórdido episodio de intereses.
La primera es que si la seguridad jurídica argentina ya había quedado en evidencia con la expropiación de YPF, la mexicana no ha salido, precisamente, bien parada.
La segunda es que los astilleros españoles deben seguir ganando en competitividad, por ejemplo como la que ya tienen en la construcción de buques metaneros, pero el resto del desarrollo del negocio nada tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda sino con el ejercicio de lobby y un eficaz servicio de inteligencia.
La tercera es que no puede ser práctica habitual de una industria salir a manifestarse para que sea el Estado quien le garantice la supervivencia. ¿Por qué los mineros o los trabajadores del sector naval pueden salir a exigir que el Gobierno reflote su industria y no lo hacen con el mismo eco los albañiles, periodistas o camareros?
Muchas de estas lecciones faltan en las facultades de Economía de nuestra Nación por esa obsesión por dificultar que quienes enseñan Economía tengan un contacto directo con las empresas; al menos como los docentes sanitarios tienen con los pacientes.
José Manuel Cansino

lunes, 16 de diciembre de 2013

ENTENDIENDO LA FACTURA DE LA LUZ (José Manuel Cansino en La Razón el 16/12/2013)



Para entender su factura eléctrica y la importancia de la reforma de este sector que ahora se debate, permítame recomendarle lo siguiente.
En primer lugar elimine del precio final el 21 % de IVA.En definitiva de esto no tiene la culpa el sector eléctrico ya que es un impuesto general sobre el consumo y Vd lo paga en casi cualquier otro servicio que tenga contratado.
Luego quítele también casi un 5 % de un impuesto especial sobre la electricidad. Este sí es un impuesto que no tiene que pagar en otros suministros pero, ojo, hay pagos similares por la recogida de basuras o el consumo de agua que también son servicios y suministros cotidianos en su hogar.
Después de impuestos Vd se queda con el grueso de su factura. Esa que tan vertiginosamente está creciendo en muy pocos años, que se espera que siga creciendo y que hace de la luz española una de las dos más caras de la Unión Europea.



Ese grueso que supone pagar entorno a 17 céntimos de euro por Kilowatio/hora consumido, incluye tres conceptos de importancia desigual; el más importante es el precio del consumo eléctrico de su hogar, el precio de la potencia instalada que Vd ha decidido tener y el precio de alquiler de equipos de contador que permiten facturarle.
Sigamos. El precio de la energía se divide en dos partes prácticamente iguales. Es el final de un proceso largo de generación, transporte y comercialización de la electricidad pero es una fotografía bastante ajustada.
Esas dos partes funcionan de manera muy diferente. Una representa ‘el componente de mercado’. Es el resultado de subastas trimestrales en un mercado en el que cada día hay que casar la oferta con la demanda de electricidad garantizando que no haya interrupciones en el suministro. El precio diario de este mercado es el que se está disparando estos días por encima de los 90 euros porMegawatio/hora. Un precio que no alcanzaba ese valor desde 2002 y que ha motivado que el Gobierno pida a la Comisión Nacional de la Competencia que averigüe qué ha ocurrido.
Bien ¿por qué se pide a esta Comisión que investigue la subida del precio? Porque el 96 % del mercado de generación eléctrica lo abastecen sólo tres empresas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Unión Fenosa) lo que hace de los acuerdos colusivos una posibilidad técnica. Aunque esta cuestión es muy compleja, una gestión estratégica de la composición de la oferta eléctrica puede hacer que el precio suba o baje mucho.
La segunda parte del grueso de su factura es la denominada ‘parte regulada’ y viene establecida por normativa estatal.
Esta parte es la que intenta financiar los costes del sistema eléctrico español; el sistema que garantiza que industrias y familias tengan acceso a esta electricidad pero a un precio verdaderamente alto.
Si los ingresos no cubren los costes del sistema se produce el denominado déficit de tarifa (se preveía para este año casi 6.000 millones de euros). El déficit acumulado año a año asciende ahora a unos 30.000 millones de euros.
Entre los costes a financiar no sólo están las primas a las energías renovables aunque probablemente sea el componente que más debate ha generado por el ‘boom’ de estas tecnologías, especialmente la fotovoltáica. Sin embargo y aún siendo la cuantía de las primas un aspecto muy discutible, ya existía un fuerte déficit de tarifa en 2005 cuando las plantas fotovoltáicas no estaban en funcionamiento.
La otra parte importante de este componente ‘regulado’ del precio de su consumo eléctrico es el coste de financiar el transporte y la distribución de electricidad desde donde se produce hasta su casa. Este coste está fijado en gran medida por la única empresa que en régimen de monopolio transporta la electricidad, Red Eléctrica Española. Es un coste que nunca se ha auditado. En otros términos este coste se fija según el criterio de la empresa monopolista a quien le incumbe.
De manera que en su recibo de la luz, que seguramente estará acogido a la TUR (Tarifa de Último Recurso), Vdpaga tres cosas; impuestos, precio de mercado de la energía eléctrica y parte de los costes del funcionamiento del sistema. Las dos últimas partes son verdaderamente complejas.
De todo esto se acaba de tratar en un exhaustivo Seminario de Expertos organizado por la Cátedra de 
Economía de la Energía y del Medio Ambiente que la Fundación Roger Torné financia en la Universidad de Sevilla y que ha contado con dos grandes expertos; María José Colinet y Carlos Serra.
Con todo Vd (y yo) preparémonos para futuras subidas, bien sea en el recibo bien sea a través de los Presupuestos Generales del Estado.

martes, 3 de diciembre de 2013

BALANCE: CUESTA ABAJO Y CON FRENOS (José Manuel Cansino en La Razón el 2/12/2013)


En lo que llevamos de 2013 las empresas españolas han seguido mostrando resultados negativos aunque menos lesivos que en 2012. Esto es lo que se desprende de la información publicada por el Banco de España en su Boletín Económico de Noviembre que acaba de ver la luz.
Este Boletín –imprescindible para cualquier analista de la coyuntura económica española- contiene una jugosa información procedente de la Central de Balances Anual y de la Central de Balances Trimestral (CBT).



La CBT ofrece información de una muestra de 746 empresas que representan el 12.6 % del Valor Añadido Bruto (VAB) nacional; variable que gruesamente podemos asimilar al PIB. Los datos se refieren a las empresas no financieras, esto es, incluyen a la mayoría pues sólo se quedan fuera las entidades bancarias y empresas de seguro. La fuente de información primaria son encuestas que las empresas envían voluntariamente al Banco de España y se conjugan con los datos que ofrecen los registros mercantiles en los que las empresas han de depositar anualmente sus cuentas. La información de los registros mercantiles sirve para corregir el sesgo hacia las grandes empresas que son las únicas que se pueden permitir rellenar encuestas y remitirlas a la CBT.
Entre 2007 y 2012, las empresas españolas habían acumulado una caída de más del 25 % de su VAB; una cifra que por sí misma justifica el término ‘Gran recesión’ con el que los economistas nos referimos a estos años durísimos que no supimos prever. Es una caída que se reparte desigualmente entre sectores pero que ha golpeado con mayor dureza a tres; Construcción (17.2 %), Comercio (7.3 %) e industria manufacturera (5.4 %). El comportamiento de estos tres sectores explica el 70 % de la destrucción de empleos en España; unos cuatro millones desde el inicio de la crisis.
Pues bien, este recorrido ‘cuesta abajo’ parece que persiste en 2013 pero con frenada. Los datos ofrecidos por el Banco de España sostienen que la caída del VAB es ahora del 2.2 % frente al descenso del 4.5 % en 2012. Bien es cierto que para llegar a esta cifra han descontado el efecto distorsionador del sector energético que se ha visto afectado, entre otras cosas, por la rotura del suministro de gas procedente de Egipto. La ‘Primavera árabe’ está teniendo unas consecuencias económicas nefastas para estos países.
Junto a lo anterior, el comportamiento del Resultado Económico Bruto se muestra coherente con el del VAB, disminuyendo un 2 % en los tres trimestres de 2013 frente a una caída del 7.5 % en 2012. Esto es lo que explica que cuando ahora preguntamos a propios y extraños lo de ‘¿cómo va la cosa?’, la respuesta no sea inequívocamente ‘la cosa está fatal’, sino que depende del sector en el que se mueva nuestro interlocutor.
Con todo, el comercio y la hostelería siguen llevándose la peor parte con una caída en lo que llevamos de 2013 del 4.6 % de su VAB. Este sector y el de la Información y comunicación concentran el mayor número de despidos en lo que va de año. Despidos que explican que el gasto en personal en las empresas no financieras españolas siga disminuyendo a razón de un 1.9 % en 2013; también un poco menos que en 2012.
Las exportaciones continúan siendo el componente más dinámico del sector empresarial no financiero español y dentro de él, del sector industrial en el que las exportaciones tienen un protagonismo mayor. Siguencobrando peso los destinos exportadores fuera de la Unión Europea. Por productos, muestran un muy buen perfil exportador la fabricación de materiales de transporte y la fabricación de productos minerales o metálicos. El reverso de estos sectores está en la caída en las exportaciones de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco y de productos informáticos y electrónicos.
En definitiva, los datos no permiten hacer ninguna lectura triunfalista de la actividad económica sino más bien ratificar que la superación de la crisis será prolongada en el tiempo, muy apoyada en reducciones salariales que tardaremos décadas en recuperar y, en cualquier caso, vendrá en buena parte del extranjero.


José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

domingo, 24 de noviembre de 2013

CALLE DEL PECADO Y JUSTIPRECIO José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.


En una calle sin salida ni tapia peliculera que al saltarla ensanche el horizonte, unos pocos naranjos de esos que resisten el calor como adoquines y unos cuantos pisos que anidarán, seguramente, sueños infinitos, se lee el nombre de un ilustre economista sevillano que por tener poco reconocimiento no tiene ni el nombre bien escrito.
A la cabeza del paro y a la cola de la renta per cápita, ni son muchos ni concluyentes los estudios que han abordado las causas de la fragilidad económica de Andalucía; quizás estamos demasiado a gusto cantándonos nuestras lindezas y dispuestos a culpar de nuestras penas a los caciques cortijeros y a los industriales de la ribera del Llobregat.



Lo que sí es cierto es que el imaginario colectivo de una sociedad es el que se ocupa de señalar a los modelos a imitar y a los villanos a los que repudiar. Y el nomenclátor callejero es un buen indicador del imaginario de una sociedad. A él se encumbran vecinos notables, devociones hondas y fechas recordadas o que nos obligarán a recordar.
Como en tantas cosas, lo difícil del nomenclátor no es llegar a él en forma de rótulo. Lo difícil es supervivir al revanchismo y a la terrible pregunta aldeana de “¿Y este tío que hizo por la gente del barrio?”. Tremendo preámbulo de un pleno municipal de algún ajuste histórico que cambiará a alguien olvidado por un vecino efímeramente ilustre.
Y viene todo esto a colación de la publicación de la obra “Economía y Economistas Andaluces» (Ecobook) que ha coordinado la profesora Rocío Sánchez Lissen. Una obra que nace ya como una obligada referencia para los interesados en conocer cómo los economistas en Andalucía vieron pasar del Siglo de Oro al maldito oro olímpico en desempleo.
Uno de los autores más importantes y mejor olvidados, incluso en las facultades de Economía, sirvió al profesor Manuel Lagares para la presentación de esta ambiciosa y bien construida obra.
Precisamente un autor que coincide –cinco siglos después- con muchos de los que buscan en las carencias morales, las raíces de la crisis económica actual. Un planteamiento que yo no comparto del todo pero que da para muchas conferencias de los que no mostraron escrúpulos especuladores en época de bonanza y tampoco los tendrán apenas la Bolsa recupere los 10.000 puntos y el Ibex’35 vuelva a dar subidas de festín.
Los británicos no sólo se quedaron con Gibraltar sino que también desde finales del siglo XVIII se ocuparon de eclipsar académicamente las aportaciones económicas de los doctores españoles de la Universidad de Salamanca. Un patrimonio cultural que no figura en ninguna ‘app’ para ‘smartphone’ ni, consecuentemente, en el imaginario colectivo de este país tan fuerte como España que logra supervivir unido a pesar de llevar siglos queriendo destruirse.
La explosión económica a la que dio lugar el descubrimiento del Nuevo Mundo y la vitalidad del siglo XVI cogió de sorpresa a los teólogos y moralistas. Incapaces de dar juicios morales a las leyes que regían un comercio que se había multiplicado.
Esta fue la tarea principal en la que se emplearon los teólogos e incipientes economistas de la Escuela o Universidad de Salamanca. Sus obras son manuales de confesionario que se publicaban en auxilio de quienes habían de administrar la absolución de los pecados y nada sabían de tipos de cambio, de préstamos con interés o sobre todo, de cuál era el precio justo de las cosas. Cobrar de más era pecado.

Figura muy relevante en este electo de economistas teólogos fue el sevillano Tomás de Mercado. Un fraile dominico que sirvió al profesor Lagares para presentar «Economía y Economistas Andaluces». Fray Tomás de Mercado fue un intelectual que ni está en las ‘apps’ de los ‘smartphone’, ni compartiendo imaginario colectivo con Belén Esteban, ni tiene el nombre completo en su calle (le falta el ‘de’ en su calle sevillana), ni su calle tiene salida. Esperemos que la economía andaluza sí la tenga y en nuestro imaginario encuentren hueco fechas y nombres que hicieron de Andalucía y de España, una tierra prodigiosa.




José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

LO QUE HAY TRAS EL DIEZ EN DESEMPLEO (José Manuel Cansino en La Razón el 18/11/2013)

Más de diez puntos porcentuales de diferencia existen entre la cifra de parados andaluces y la media nacional. Diez puntos porcentuales que resumen en una cifra de aséptica estadística el drama de miles de rostros. Un drama pertinaz porque pertinaz es el diferencial de paro andaluz sobre el conjunto nacional y pertinaz también, el diferencia español respecto a la media de nuestros socios europeos. Es la lacra de la que nuestra economía no logra librarse pero que en Andalucía alcanza niveles que hubiesen estallado ya en revuelta social si no fuese por tres elementos sobresalientes y algún otro latente.



Los tres elementos que sobresalen son el sistema de prestaciones por desempleo (algo que sólo se sostiene en la cohesión nacional y solidaridad), la red familiar que pese a lo maltrecho de la institución y los ataques que viene sufriendo sigue siendo una eficaz barrera frente al hambre y la miseria, y el nivel de economía sumergida. En este último caso no existen datos regionalizados –al menos que yo conozca- pero las estimaciones disponibles mantienen a España en el triunvirato europeo ex equo con Grecia e Italia y en torno al 25 % del PIB.
El otro elemento, latente en esta ocasión, es una venenosa dosis de indolencia que no admite métrica pero que nos adormece en un imaginario de todo a 100, de sociedad desresponsabilizada en la que la tasa de paro juvenil de los andaluces rebasa el 60 % y entre las andaluzas de 20 a 24 años, casi alcanza el 70 % según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año.
La sociedad desresponsabilizada es fruto de un asistencialismo mal entendido. Ese asistencialismo que se arroga lo público sobre la premisa de la desconfianza en la capacidad de autosuperación del ser humano está muy extendido en toda España. Pero en Andalucía es más acentuado si cabe. El porcentaje que representan los asalariados del sector público andaluz sobre el total de los empleados es del 20 % mientras que en el conjunto nacional se cifra en el 16.8 %. Este mismo hecho se puede leer desde otro punto de vista.
Esa otra perspectiva es la que nos da idea de la musculatura del sector privado de la economía en cuanto a su capacidad de generación de empleo. El 64.9 % del total de ocupados en España trabaja como personas asalariadas en el sector privado. Esa misma cifra en Andalucía se queda en el 59.9 %.
Por sectores, el análisis no arroja grandes alegrías. La industria en Andalucía absorbe sólo al 9 % de los asalariados frente al 15 % a nivel nacional. Andalucía tiene un peso determinante del sector servicios en el que naturalmente computa la mayor parte del sector público. Medido por el peso de las personas contratadas alcanza el 81 %; cuatro puntos más que la misma cifra a nivel nacional.
El perfil educativo ofrece pistas importantes sobre este diferencial. Lo hace siempre pero especialmente en mitad de un nuevo enfrentamiento que vuelve a situar al sistema educativo en mitad de la pugna política. Nada hemos aprendido de los países que, además de tener tasas de desempleo muy inferiores, hace tiempo que hicieron de su sistema educativo una cuestión de Estado al abrigo de las banderías políticas.
El peso de la población activa con sólo estudios primarios es superior en Andalucía que en el conjunto de España (14 % frente al 11 %). También lo es el de las personas con la primera etapa de la educación secundaria (34 % frente al 29 %). El porcentaje de quienes han alcanzado la segunda etapa de la educación secundaria es casi el mismo pero se invierte cuando comparamos a la población activa más formada. En este caso, el porcentaje de andaluces con estudios superiores (excepto doctorado) es marcadamente inferior al de la media nacional (29 % frente al 35 %).

Quien huyendo perezosamente de las cifras se contentase con algunos titulares, podría encontrarlos en estos. La población activa en Andalucía debe mejorar su formación si quiere reducir su elevada tasa de paro juvenil. El tejido industrial andaluz sigue sin tener la capacidad de generación de empleo que tiene a nivel nacional. Lo anterior recomienda hacer las maletas para buscar empleo fuera y esto no es necesariamente malo; lo perverso es la indolencia de esperar encontrar trabajo en el barrio o en la oficina de debajo de casa para subir a desayunar con mamá. Por último, el sector público contribuye a explicar el mayor peso del sector servicios de Andalucía y en buena medida es el resultado de una concepción paternalista de lo público que ha tratado de compensar la falta de iniciativa privada. Un intento de compensación que no digo que no haya sido inspirado por la buena intención de quien con el dinero público ha creado unos puestos de trabajo que el sector privado no ofrecía, lo que escribo es que no es ese el camino hacia una economía competitiva ni un sector público sostenible.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

“Ethic labeling”, cuando se compra según conciencia; (por José Manuel Cansino en http://www.forouniversitarioelescorial.com )

Con motivo de una interesante intervención del profesor de Economía, Jaime Javier Domingo, en el Centro de Estudios de la Asociación Católica de Propagandistas de Sevilla, se generó un fructífero intercambio de ideas que resumo en este artículo . La conferencia llevaba el título de “Economía y compromiso cristiano”.
De las cuatro áreas tradicionales del análisis microeconómico -Demanda, oferta, mercados y distribución- los pensadores cristianos suelen prestar especial atención a la cuarta; la que explica la distribución de la renta (y los derechos de propiedad) según el valor de la aportación de los factores productivos a la producción.
La crítica a la particular forma en la que se reparte el valor generado por una empresa o el conjunto de una economía entre las personas acaba conduciendo a la Caridad como acción compensatoria o redistributiva de carácter voluntario. Especialmente esto es así tras la promulgación de la Encíclica ‘Cáritas in Veritate’ de Benedicto XVI.



Pocas veces el análisis trasciende del ‘área Microeconomía ‘ de la distribución para analizar la parte del mercado o más exactamente de sus ‘fallos’ que llevarían a un análisis desde la moral de la imperfección de los mercados y de la forma en la que la acción regulatoria puede acercarlos o alejarlos del bien común .
Menos frecuente aún es oír a los intelectuales cristianos analizar el ‘área o bloque del consumidor’ que también forma parte de la Microeconomía. Lo habitual es despachar la cuestión con una llamada oportuna a la austeridad o una condena genérica al consumismo. Un modelo -el consumista- que de revisarse a la baja llevaría a millones de personas al paro. Entiéndase esto como un mero pronóstico técnico y no como un juicio moral.
Pero de todas las partes del análisis Microeconómico, el bloque de la Producción es el que menos atención ha recibido de los moralistas cristianos. Con frecuencia se sigue hablando del beneficio de la empresas como si el consumidor fuese una mera víctima de campañas de publicidad alienantes.
Hace más de medio siglo que la definición de beneficio empresarial reducida a la diferencia de ingresos y costes de producción fue abandonada por los economistas académicos. Sin embargo sigue en el discurso de los moralistas.
Los consumidores disponen de un instrumento extraordinario para hacer de la actividad económica algo más próximo a su ideal moral. Ese instrumento es su soberanía. La soberanía que, no en todos pero si en muchos mercados, les permite elegir qué productos y a qué empresas comprar según su código ético. Por ejemplo los consumidores decidirían dónde y qué comprar según si la política de recursos humanos de la empresa en cuestión respeta la baja por maternidad, las garantías de promoción profesional, la igualdad de oportunidades, etc. O según se tenga certeza de que los productos que comercializan no están fabricados en situaciones de explotación infantil. O que la empresa garantiza el respeto al medio ambiente.
Todo esto se ha resuelto en muchos ámbitos a través del etiquetado. El etiquetado ayuda al consumidor a resolver su problema de falta de información y discriminar a favor de la compra de lo que valora.
Los británicos fueron pioneros en el ‘eco labeling’; un sistema que advierte al consumidor de las emisiones de CO2 empleadas en la obtención de cada producto. De esta forma el consumidor si lo desea, puede discriminar en favor de los productos y empresas ‘limpias’.
En el campo ético ya existen precedentes importantes. Por ejemplo hay fondos de inversión que exhiben su certificado ‘ético’ cuando una consultora garantiza que entre sus activos subyacentes no hay acciones o valores de ninguna empresa que se dedique a negocios considerados ‘anti éticos’.
Los consumidores pueden usar su soberanía en esta misma forma. Las asociaciones de consumidores o algunas consultoras podrían poner en marcha la obtención de este tipo de certificaciones o etiquetado ético a las empresas que voluntariamente se sometan a las auditorías.
El resultado sería el mayor beneficio de estas empresas, de sus trabajadores, de sus proveedores y, en fin, de lo que los anglosajones llaman ‘stakeholders’ de la empresa.
Merece la pena explorar este camino.

Los euros que cuesta el bosque (José Manuel Cansino en La Razón el 11/11/2013)



El tratamiento del asma cuesta al Estado francés hasta 1.500 millones de euros al año. La estimación de este coste se ha realizado a través de estándares de ingresos hospitalarios, duración del tratamiento, coste del mismo, etc. Es un tipo de cálculo similar al que en algunos sistemas de sanidad pública española se utiliza para emitir la «factura» por estancia hospitalaria que se entrega a los usuarios para concienciar sobre el valor de la atención recibida.
Los expertos recuerdan que el desarrollo del asma y otras enfermedades respiratorias tiene un componente genético pero también un componente ambiental –externo– que con frecuencia actúa como desencadenante del factor genético. Lo que sorprende es que a pesar de que el componente genético precursor del asma se ha mantenido demográficamente estable, en cambio, el número de pacientes afectados se ha multiplicado en las últimas décadas. La emisión a la atmósfera de algunos gases contaminantes está entre los principales factores explicativos de este hecho.
Precisamente de esto acaba de hablar el profesor Ramón Folch, prestigioso y pluridisciplinar científico español, en la Universidad de Sevilla, invitado por la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente.
Folch advierte de la paradoja en la que vive instalada la sociedad de consumo según la cual se compra y se vende casi todo sin saber cuánto vale casi nada.
El ejemplo que utiliza para sostener su argumentación es preguntarse ¿cuánto vale un bosque? La pregunta no es económicamente irrelevante y el célebre economista británico Alfred Marshall ya definía a la Ciencia Económica como aquella que se ocupa de los negocios ordinarios de la vida. Poco más ordinario hay que respirar aire limpio.
El bosque se puede valorar por el precio de la madera que acumula medida en metros cúbicos. Sería éste el cálculo más directo habida cuenta de que existe una industria maderera que opera en un mercado donde es fácil conocer el precio que rige. Pero –se pregunta Folch– ¿es este el único valor del bosque?, ¿no tiene valor económico la pérdida que se experimentaría al dejar esa superficie de fijar CO2?, ¿no tiene valor económico la pérdida de albedo de la superficie una vez talada?, ¿y la pérdida de biodiversidad?, ¿y el coste por la previsible laminación hídrica?, ¿y el coste por la pérdida de la capacidad de retención del suelo que antes permitían los árboles y la superficie forestal? Así continuó formulando preguntas a un auditorio joven y atento hasta la cuestión final de ¿cuánto vale económicamente el bosque que desaparece del imaginario colectivo de quien lo tiene como una de sus referencias?
La economía tiene mucho que avanzar para encontrar respuestas a estas preguntas sin ignorar los avances que ya permiten técnicas como la valoración de contingentes. De estas técnicas también habló recientemente y en la misma facultad el profesor Mario Soliño en la Jornadas de Economía y Medio Ambiente que organizan anualmente las doctoras Yñíguez y Sanz con el patrocinio de la Fundación Roger Torné.
Gráficamente, la cuestión es que en el cálculo del valor económico de tantas cosas tenemos una hoja de cálculo con demasiadas celdas vacías y, sin embargo, como decía Lord Kelvin, sin números, el conocimiento científico no es enteramente satisfactorio.
Esto es lo que se ha hecho en Francia al calcular lo que cuesta la atención a los pacientes asmáticos. Se necesita también un cálculo con vocación holista de lo que cuesta reducir los contaminantes que desencadenan estas y otras enfermedades respiratorias que tienen un impacto especialmente grave en la población infantil.
Por ejemplo, varios investigadores de esta cátedra de la Universidad de Sevilla están investigando junto a economistas de la Universidad sueca de Lund la valoración económica de la presencia de las energías renovables en el mix energético español. La valoración se calcula no sólo por las emisiones de CO2 que se mitigan, sino también por el daño en la salud evitado.
Sólo con este tipo de cálculos en el sentido en el que hablaba Lord Kelvin se puede discutir con mayor rigor si el coste del régimen especial de las energías renovables es excesivo o insuficiente. Bastaría comparar el coste con el beneficio.
Sin la discusión en cifras de este tipo de cuestiones, la decisión política en materias conexas como la energética, la salud o el medio ambiente acaba siendo un terreno abonado para la demagogia y el «lobby» de los «hunos» y los otros.
La cuestión clave es que para responder a cuestiones como cuál es el sistema energético óptimo hay que valorar el coste económico del asma o responder a la pregunta de ¿cuánto vale el bosque que contribuye a fijar el CO2?
La información económica es un «input» más del proceso de decisión política. No pretende imponer una visión economicista de las cosas pero ayuda a embridar el poder de los embaucadores y de quienes persiguen intereses espurios.
* Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

lunes, 4 de noviembre de 2013

Bienvenido Mr Fondo ( José Manuel Cansino en La Razón el 4/11/2013)






Las recientes declaraciones del presidente del Banco de Santander en Nueva York sobre el regreso del capital extranjero a España junto a la notable subida de las cotizaciones en Bolsa ha despertado el interés de muchos analistas por saber quienes son estos inversores.
Olga Grau ofrecía hace unos días una muy jugosa información. 

 A comienzos de septiembre el fondo de inversión Apollo Management International, que maneja a nivel internacional 113.000 millones de dólares compró EVO, la filial de NovaGalicia Banco por 60 millones de euros. 

Otros fondos han comprado las plataforma inmobiliarias de varias entidades financieras españolas. Entre ellos están los traspasos de las plataformas inmobiliarias de Bankia a Cerberus; de Catalunya Banc a Kennedy Wilson y Värde Partners; y del 51% de Servihabitat (La Caixa) a TPG. Un poco antes, en diciembre de 2012, Banesto vendió su filial inmobiliaria Aktua al fondo Centerbridge por 100 millones.

Posiblemente la última de las operaciones más sonadas ha sido la compra de la auto cartera de FCC por parte de Bill Gates a cambio de 116 millones de euros. La fortuna de Gates tiene una magnitud superior a muchos fondos de inversión y 'hedge funds'.

A diferencia de los fondos de inversión soberanos de los que nos ocupamos hace poco desde estas mismas páginas , los fondos de inversión privados gestionan fondos de pensiones, capital de empresas de seguros, parte de los propios fondos soberanos de algunos países y grandes fortunas privadas. Su 'modus operandi' es hacer de manera muy sofisticada algo muy intuitivo, comprar barato, vender caro y generar unas plusvalías que van a manos de sus propietarios regularmente. 

Cuando piensan que una economía ha tocado fondo y con ello el precio de sus activos (financieros y reales), entran comprando fuertes sumas a las espera que se revaloricen conforme la remontada se va desarrollando. Así lo han hecho en California, en Irlanda y ahora en España una vez que la prima de riesgo está a niveles reducidos y estables y los indicadores económicos apuntan a una recuperación.

Pero hay algo que no se debe pasar por alto sobre todo teniendo en cuenta el poder de estos fondos capaces de desestabilizar o estabilizar países enteros. Me refiero a que la mayoría de estos fondos tienen residencia y operan desde paraísos fiscales. Escapan de la tributación principal de los países de donde obtienen sus plusvalías .

Es curioso que en los días en los que hemos conocido que Estados Unidos tenía intervenida hasta la máquina del café de centenares de miles de personas, en los mismos años en los que se es capaz de rastrear un barco cargado de ultra centrifugadoras de uranio camino de Libia para luego montar una guerra y derrocar a un tirano amigo de Occidente, en este tiempo decimos, se argumente que es imposible acabar con los paraísos fiscales desde donde se mueve un capital financiero con la misma capacidad desestabilizadora que un arsenal bien repleto.


Conforme la crisis se va ensombreciendo parece que poco o muy poco va a cambiar. La economía financiera seguirá muy desvinculada de la economía real y con una capacidad de influencia que supera a la de los gobiernos. Mientras tanto, aquí España, aquí los fondos de inversión, por favor, pasen y sírvanse que tenemos precios de saldo y una dignidad que parece tan derogada como la Doctrina Parot.

José Manuel Cansino. profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

martes, 29 de octubre de 2013

RETRATO DE UNA NÁUFRAGA DESEMPLEADA (José Manuel Cansino en La Razón el 28/10/2013)



Mujer, joven, extranjera y residente en Andalucía. Ese es el retrato más habitual de desempleado que nos deja la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Es el retrato de las personas que naufragan en esta crisis que no cesa en la mayoría de los hogares a pesar del cambio de tendencia que cada vez es más consistente.



Pero estilicemos los datos que nos ofrece la EPA. Por ejemplo, ¿hay una clara ‘feminización’ del desempleo en España? Los datos nos dicen que no. La tasa de paro de las personas mayores de 16 y menores de 64 años es sólo un poco mayor entre las mujeres (26.67 %) que entre los hombres (25.63 %). Pero, ¡atención!, si la mujer reside en Andalucía (36.37 % de paro) o en Extremadura (33.24 %), sus posibilidades de estar parada aumentan notablemente. Parte de la explicación de la elevada tasa femenina de desempleo en Andalucía (38.06 %) y en Extremadura (35.14 %) la puede el lector interesado encontrar en ‘El campo andaluz y extremeño’, un libro que tuve la oportunidad de coordinar en 2003 y que publicó el Consejo Económico y Social. Una situación muy similar aparece en las dos Castillas –Madrid, a un lado, aunque también es Castilla ¡faltaría más!-.
En el resto de regiones, la tasa de paro femenina o es inferior a la masculina (Canarias y Baleares) o es muy similar (Cataluña).
Por su complejidad, un comentario más detenido merece la situación de los residentes extranjeros. Sobre esta cuestión me llamaba la atención recientemente en Twitter el profesor Mario Bilbao, de la Universidad de Sevilla. El profesor Bilbao subrayaba la contribución de la reducción de la población activa en la explicación de la bajada del paro registrado. Tras ello estaba el regreso a sus países de origen de miles de personas extranjeras residentes hasta el momento en España.
Efectivamente, el perfil de ‘náufrago’ de esta terrible recesión económica nos dice que la tasa de paro entre los extranjeros mayores de 16 años es del 36.82 % (¡prácticamente la misma tasa de desempleo que en Andalucía!) frente al 24.20 % de la población española. Naturalmente esto empuja a muchas personas extranjeras a tomar las maletas de regreso. Pero desde la perspectiva de la política económica para reducir el desempleo esto tiene una lectura económica terrible ya que la mejor política sería “no hacer nada”. Bastaría con esperar que la población extranjera siguiese su camino de regreso y que la destrucción de empleos se frenase, para conseguir bajar la tasa de paro sin apenas crecimiento económico.
Analicemos esto. Las estadísticas del Ministerio de Empleo nos dan buena información. Ojo que ahora no seguimos los datos de la EPA que hasta ahora veníamos comentando. Bien, estas otras estadísticas nos dicen que la variación absoluta de contratos laborales en España entre enero y septiembre de 2013 ha sido de 74.300 empleos netos. Esto es, el número de empleos que se crea es mayor que el que se destruye aunque en un número muy reducido si se tiene en cuenta que la población activa en España es de más de 22.7 millones de personas. Además, existe una fortísima destrucción de contratos indefinidos de enero a septiembre de 2013 (-287.100) compensada por la mayor creación de empleos temporales (+361.400). Alguien se ha definido a este proceso como el resultado brutal de unos hijos con contratos temporales que echan del trabajo a sus padres y abuelos que tenían contratos indefinidos. Si al final tenemos que quedarnos con las mayores cicatrices que recuerden esta recesión, sin duda esta será una de las más grandes.
Por tanto, tenemos una pequeña generación neta de empleo de carácter temporal pero ¿y la población extranjera? Pues efectivamente como me decía el profesor Bilbao, la población extranjera se está marchando en buena medida. De regreso a la EPA, los datos nos dicen que con respecto al tercer trimestre de 2012, la población extranjera de más de 16 años residente en España se ha reducido un 4.83 %, esto es, en casi 220.000 personas. Son las “Maletas de desafío y desarraigo” que recuerda la periodista Noelia Acedo.
Hay quien demanda un plan específico de empleo para Andalucía dada la pertinaz primera posición que ocupa en el ‘ranking’ del desempleo español. Si hay quien necesita de un plan así será la ciudad de Melilla, cuna del poeta Antonio Rivero Taravillo, con un 41.20 % de paro. No es la mejor estrategia recurrir a rancias políticas keynesianas que no resuelven problemas estructurales de debilidad del tejido empresarial andaluz, de las malas prácticas de la Administración y de los casos extremos del uso de los fondos para la formación para financiar lo “infinanciable”.

Bajemos a la realidad cotidiana y “remanguémonos” cada cual en su responsabilidad. Mi realidad es trabajar con unos excelentes alumnos universitarios de entre los que hablan perfectamente inglés son los extranjeros cuya lengua nativa no es, precisamente, la de Chesterton.

José Manuel Cansino. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

lunes, 21 de octubre de 2013

DEL FRÍO PACÍFICO AL VATIO SUREÑO (José Manuel Cansino Muñoz-Repiso -*- en La Razón el 21/10/2013)



El paradigma del Calentamiento global o Cambio Climático se soporta en la mayoritaria convicción científica de que está provocado principalmente por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivados de acciones humanas (antropogénicas). Si la evidencia científica se cuestiona se tambalearía una parte central de la política mundial vigente con implicaciones en materia energética, medio ambiental, de ayuda al desarrollo, en el precio de los alimentos, etc.
La revista ‘Nature’ publicó el pasado 28 de agosto un artículo científico que resume (técnicamente es una ‘Research Letter’) una investigación de los científicos Yu Kosaka y Shang-Ping Xie y que arranca de manera tan directa como esta: “A pesar del aumento continuado de las concentraciones de GEI en la atmósfera, la temperatura media anual del Planeta no ha aumentado en el s. XXI desafiando la visión de que las fuerzas antropogénicas provocan el calentamiento climático”.
Para estos científicos el agua fría de la zona tropical del Océano Pacífico está frenando el calentamiento global del Planeta. Un calentamiento que la mayor parte de países quiere limitar a 2º C.



Su principal hallazgo es que los repuntes temporales de las temperaturas del Planeta pueden ser causados por el movimiento de las aguas oceánicas calientes y frías que transfieren calor y frío a la atmósfera. Se trataría de un patrón de circulación de las aguas similar a los ciclos de calentamiento y enfriamiento de La Niña (cuando el agua se enfría) y El Niño (cuando se calienta) en la zona tropical del Océano Pacífico.
Al artículo de ‘Nature’ ya le han llovido críticas fundamentadas en parte de los propios hallazgos de estos científicos. Estas críticas sostienen que a largo plazo las emisiones de GEI se impondrán sobre los mencionados fenómenos naturales. Esa es la opinión, por ejemplo, de Andrew E. Dessler de la Universidad A & M de Texas.
La cuestión es que la publicación de esta investigación coincide con otras cuestiones en un corto periodo de tiempo.
Por ejemplo coincide con las declaraciones del británico Nicholas Stern que en enero de este año reconoció haber minusvalorado en su influyente informe de 2006 las consecuencias del calentamiento global.
Coincide también con las reuniones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), la última de las cuales finalizó el pasado viernes en Georgia. En estas reuniones se diseñan las más influyentes recomendaciones sobre la lucha contra el calentamiento global que han de desarrollar los países sensibles a este problema.
Además se produce casi al mismo tiempo en el que la influyente consultora Wood Mackenzie afirma que el carbón será en 2020 el combustible más utilizado en el mundo, por delante del petróleo, con 4.4 mil millones de toneladas equivalentes de petróleo. Repárese en el carácter altamente contaminante de este combustible del que depende principalmente la generación de energía eléctrica en China.
Y por último coincide con la recta final de la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico Español que parece resuelta a poner orden en las primas a las renovables y a enterrar el sueño del autoconsumo energético albergado por muchos consumidores y empresas.
¿Sería el final de la industria de las energías renovables la ruptura del paradigma del cambio climático? Probablemente no y al menos por tres razones que no siempre manejan adecuadamente.
Primero porque el mundo desarrollado es muy sensible a la calidad aire y cada vez tolerará menos un mix energético mundial dominado por el combustible fósil y menos aún por el carbón. Segundo porque si se cumplen las previsiones de las curvas de conocimiento, en no pocas tecnologías renovables pronto se alcanzará la “paridad de red” que las hará competitivas con las tecnologías “sucias”. Tercero y no menos importante, porque para una parte muy significativa de las potencias económicas occidentales, las energías renovables tienen un carácter autóctono que les otorga un notable papel geoestratégico en caso de ruptura del suministro fósil. Un riesgo de ruptura que siempre aflora cuando hay conflictos o tensiones en Asia Central, Oriente –Próximo y Medio- o Venezuela.

Este último rol del ‘Vatio sureño’ por subrayar su habitual relación con la energía solar, no está puesto en valor por las empresas del sector. De él se hablará en los próximos días en la Universidad de Sevilla.


(Planta termosolar de generación eléctrica)


(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

lunes, 14 de octubre de 2013

EL PP CATALÁN SE EQUIVOCA (José Manuel Cansino -*- en La Razón el 14/10/2013)





La máxima representante del PP catalán -Alicia Sánchez-Camacho- ha defendido una revisión del sistema de financiación autonómico inspirada en garantizar el "ranking" de riqueza de las regiones una vez hechas las transferencia de unas a otras y en dar a las transferencias un carácter finalista, esto es, que su uso se limite a financiar actuaciones fijadas y conocidas de antemano.
En el primero de sus criterios creemos que se equivoca .
Existe un importante problema de inequidad en el sistema actual de régimen común (el que rige para todas las regiones salvo Navarra y País Vasco).
La debilidad del sistema radica en la forma en la que están articuladas las denominadas transferencias verticales a las comunidades autónomas y que proceden del Fondo de Suficiencia y Convergencia.
La realidad es tan estridente que este tipo de transferencias en la práctica están manteniendo el «statu quo» de las regiones, es decir, no sirven para reducir las diferencias en disponibilidades de recursos entre quienes tienen más y quienes tienen menos, sino precisamente para garantizar que quienes tienen copiosos recursos no bajen posiciones en el «ranking». Por tanto, la propuesta de la Sra. Sánchez-Camacho no es otra cosa que la de mantener el sistema vigente.
A mayor abundamiento de lo anterior reaparece aquí la cuestión foral ya que los territorios forales no contribuyen a la nivelación de recursos del resto de regiones españolas. Su aportación a la hacienda general se limita a una valoración «sui generis» de los servicios que la Administración General del Estado sigue prestando en las provincias vascas y en Navarra. Valoración que apenas alcanza al 50% del coste real de estos servicios.
En otras ocasiones ya hemos tenido la oportunidad de señalar que en la cuestión foral debe tenerse en cuenta que una cosa son las peculiaridades institucionales del territorio (por ejemplo la posibilidad de tener una agencia tributaria propia) y otra cosa es tener un sistema de financiación claramente ventajoso. Nada hay, ni en la Constitución de 1978 ni en ninguna norma, que otorgue a los ciudadanos vascos y navarros el privilegio de disfrutar de muchos más recursos que los demás para financiar servicios esenciales como la sanidad o la educación.
Pero además, y esto es lo grueso del error del PP catalán, es equivocado pensar que el separatismo catalán promovido desde las propias instituciones públicas desaparecerá con un nuevo sistema de financiación que tape la boca de estas demandas con más millones de euros. El soberanismo ha llegado demasiado lejos ya como para frenarse por este tipo de concesiones que dejarían los argumentos secesionistas al nivel del reglamento de un casino.
De todas formas no deja de sorprender la propuesta de la nueva presidenta de la Junta de Andalucía defendiendo un papel central del PSOE en la defensa de la unidad y cohesión nacionales. No se si es demasiado tarde pero sí es absolutamente necesario.
Los sistemas de financiación autonómicos que hemos conocido emanan de unas normas legales tan complejas que todo viso de transparencia les resulta extraño. Quizá por eso es un terreno abonado para la recurrente pugna político-territorial y para los acuerdos propios de trastienda. 
El actual Consejero de Economía de la Junta de Andalucia conoce bien esto como académico experto en estas cuestiones. Tras del oscurantismo de la normativa de financiación siempre se ha escondido un enjuague para que los dineros acaben ajustandose a las demandas y presiones de cada baronia -ora del PP, ora del PSOE, ora de CiU-.
Además de equivocada, la propuesta del PP sigue aplazando la gran cuestión que no es otra que la reforma de la Administración del Estado.
Antes de garantizar la financiación autonómica o de cualquier otra Administración, hay que repensar el modelo de Estado. En otros términos, hay primero que saber cuánto dinero verdaderamente necesitamos para atender los servicios públicos una vez eliminadas las duplicidades y triplicidades de competencias. Luego veremos de qué forma se financian cada una de las administraciones en el ejercicio de sus respectivas funciones.
La gran cuestión es, por tanto, ¿cuáles deben ser las competencias de las administraciones territoriales? ¿Deben mantenerse estructuras competenciales duplicadas y, en no pocas ocasiones, triplicadas? Y es que discutir sobre el sistema de financiación en lugar de hacerlo primero sobre el modelo administrativo del Estado no es más que tratar una patología severa administrando aspirinas.

A la Constitución de 1978 hay que reconocerle su intención de resolver la cuestión separatista pero más de tres décadas después sólo podemos constatar que el secesionismo no ha hecho más que crecer y marcar buena parte de la agenda política de un país con 47 millones de personas. Y esto no se resuelve con más billetes sino con más España, más solidaridad y menos complejos.

José Manuel Cansino. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.