martes, 29 de octubre de 2013

RETRATO DE UNA NÁUFRAGA DESEMPLEADA (José Manuel Cansino en La Razón el 28/10/2013)



Mujer, joven, extranjera y residente en Andalucía. Ese es el retrato más habitual de desempleado que nos deja la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Es el retrato de las personas que naufragan en esta crisis que no cesa en la mayoría de los hogares a pesar del cambio de tendencia que cada vez es más consistente.



Pero estilicemos los datos que nos ofrece la EPA. Por ejemplo, ¿hay una clara ‘feminización’ del desempleo en España? Los datos nos dicen que no. La tasa de paro de las personas mayores de 16 y menores de 64 años es sólo un poco mayor entre las mujeres (26.67 %) que entre los hombres (25.63 %). Pero, ¡atención!, si la mujer reside en Andalucía (36.37 % de paro) o en Extremadura (33.24 %), sus posibilidades de estar parada aumentan notablemente. Parte de la explicación de la elevada tasa femenina de desempleo en Andalucía (38.06 %) y en Extremadura (35.14 %) la puede el lector interesado encontrar en ‘El campo andaluz y extremeño’, un libro que tuve la oportunidad de coordinar en 2003 y que publicó el Consejo Económico y Social. Una situación muy similar aparece en las dos Castillas –Madrid, a un lado, aunque también es Castilla ¡faltaría más!-.
En el resto de regiones, la tasa de paro femenina o es inferior a la masculina (Canarias y Baleares) o es muy similar (Cataluña).
Por su complejidad, un comentario más detenido merece la situación de los residentes extranjeros. Sobre esta cuestión me llamaba la atención recientemente en Twitter el profesor Mario Bilbao, de la Universidad de Sevilla. El profesor Bilbao subrayaba la contribución de la reducción de la población activa en la explicación de la bajada del paro registrado. Tras ello estaba el regreso a sus países de origen de miles de personas extranjeras residentes hasta el momento en España.
Efectivamente, el perfil de ‘náufrago’ de esta terrible recesión económica nos dice que la tasa de paro entre los extranjeros mayores de 16 años es del 36.82 % (¡prácticamente la misma tasa de desempleo que en Andalucía!) frente al 24.20 % de la población española. Naturalmente esto empuja a muchas personas extranjeras a tomar las maletas de regreso. Pero desde la perspectiva de la política económica para reducir el desempleo esto tiene una lectura económica terrible ya que la mejor política sería “no hacer nada”. Bastaría con esperar que la población extranjera siguiese su camino de regreso y que la destrucción de empleos se frenase, para conseguir bajar la tasa de paro sin apenas crecimiento económico.
Analicemos esto. Las estadísticas del Ministerio de Empleo nos dan buena información. Ojo que ahora no seguimos los datos de la EPA que hasta ahora veníamos comentando. Bien, estas otras estadísticas nos dicen que la variación absoluta de contratos laborales en España entre enero y septiembre de 2013 ha sido de 74.300 empleos netos. Esto es, el número de empleos que se crea es mayor que el que se destruye aunque en un número muy reducido si se tiene en cuenta que la población activa en España es de más de 22.7 millones de personas. Además, existe una fortísima destrucción de contratos indefinidos de enero a septiembre de 2013 (-287.100) compensada por la mayor creación de empleos temporales (+361.400). Alguien se ha definido a este proceso como el resultado brutal de unos hijos con contratos temporales que echan del trabajo a sus padres y abuelos que tenían contratos indefinidos. Si al final tenemos que quedarnos con las mayores cicatrices que recuerden esta recesión, sin duda esta será una de las más grandes.
Por tanto, tenemos una pequeña generación neta de empleo de carácter temporal pero ¿y la población extranjera? Pues efectivamente como me decía el profesor Bilbao, la población extranjera se está marchando en buena medida. De regreso a la EPA, los datos nos dicen que con respecto al tercer trimestre de 2012, la población extranjera de más de 16 años residente en España se ha reducido un 4.83 %, esto es, en casi 220.000 personas. Son las “Maletas de desafío y desarraigo” que recuerda la periodista Noelia Acedo.
Hay quien demanda un plan específico de empleo para Andalucía dada la pertinaz primera posición que ocupa en el ‘ranking’ del desempleo español. Si hay quien necesita de un plan así será la ciudad de Melilla, cuna del poeta Antonio Rivero Taravillo, con un 41.20 % de paro. No es la mejor estrategia recurrir a rancias políticas keynesianas que no resuelven problemas estructurales de debilidad del tejido empresarial andaluz, de las malas prácticas de la Administración y de los casos extremos del uso de los fondos para la formación para financiar lo “infinanciable”.

Bajemos a la realidad cotidiana y “remanguémonos” cada cual en su responsabilidad. Mi realidad es trabajar con unos excelentes alumnos universitarios de entre los que hablan perfectamente inglés son los extranjeros cuya lengua nativa no es, precisamente, la de Chesterton.

José Manuel Cansino. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

lunes, 21 de octubre de 2013

DEL FRÍO PACÍFICO AL VATIO SUREÑO (José Manuel Cansino Muñoz-Repiso -*- en La Razón el 21/10/2013)



El paradigma del Calentamiento global o Cambio Climático se soporta en la mayoritaria convicción científica de que está provocado principalmente por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivados de acciones humanas (antropogénicas). Si la evidencia científica se cuestiona se tambalearía una parte central de la política mundial vigente con implicaciones en materia energética, medio ambiental, de ayuda al desarrollo, en el precio de los alimentos, etc.
La revista ‘Nature’ publicó el pasado 28 de agosto un artículo científico que resume (técnicamente es una ‘Research Letter’) una investigación de los científicos Yu Kosaka y Shang-Ping Xie y que arranca de manera tan directa como esta: “A pesar del aumento continuado de las concentraciones de GEI en la atmósfera, la temperatura media anual del Planeta no ha aumentado en el s. XXI desafiando la visión de que las fuerzas antropogénicas provocan el calentamiento climático”.
Para estos científicos el agua fría de la zona tropical del Océano Pacífico está frenando el calentamiento global del Planeta. Un calentamiento que la mayor parte de países quiere limitar a 2º C.



Su principal hallazgo es que los repuntes temporales de las temperaturas del Planeta pueden ser causados por el movimiento de las aguas oceánicas calientes y frías que transfieren calor y frío a la atmósfera. Se trataría de un patrón de circulación de las aguas similar a los ciclos de calentamiento y enfriamiento de La Niña (cuando el agua se enfría) y El Niño (cuando se calienta) en la zona tropical del Océano Pacífico.
Al artículo de ‘Nature’ ya le han llovido críticas fundamentadas en parte de los propios hallazgos de estos científicos. Estas críticas sostienen que a largo plazo las emisiones de GEI se impondrán sobre los mencionados fenómenos naturales. Esa es la opinión, por ejemplo, de Andrew E. Dessler de la Universidad A & M de Texas.
La cuestión es que la publicación de esta investigación coincide con otras cuestiones en un corto periodo de tiempo.
Por ejemplo coincide con las declaraciones del británico Nicholas Stern que en enero de este año reconoció haber minusvalorado en su influyente informe de 2006 las consecuencias del calentamiento global.
Coincide también con las reuniones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), la última de las cuales finalizó el pasado viernes en Georgia. En estas reuniones se diseñan las más influyentes recomendaciones sobre la lucha contra el calentamiento global que han de desarrollar los países sensibles a este problema.
Además se produce casi al mismo tiempo en el que la influyente consultora Wood Mackenzie afirma que el carbón será en 2020 el combustible más utilizado en el mundo, por delante del petróleo, con 4.4 mil millones de toneladas equivalentes de petróleo. Repárese en el carácter altamente contaminante de este combustible del que depende principalmente la generación de energía eléctrica en China.
Y por último coincide con la recta final de la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico Español que parece resuelta a poner orden en las primas a las renovables y a enterrar el sueño del autoconsumo energético albergado por muchos consumidores y empresas.
¿Sería el final de la industria de las energías renovables la ruptura del paradigma del cambio climático? Probablemente no y al menos por tres razones que no siempre manejan adecuadamente.
Primero porque el mundo desarrollado es muy sensible a la calidad aire y cada vez tolerará menos un mix energético mundial dominado por el combustible fósil y menos aún por el carbón. Segundo porque si se cumplen las previsiones de las curvas de conocimiento, en no pocas tecnologías renovables pronto se alcanzará la “paridad de red” que las hará competitivas con las tecnologías “sucias”. Tercero y no menos importante, porque para una parte muy significativa de las potencias económicas occidentales, las energías renovables tienen un carácter autóctono que les otorga un notable papel geoestratégico en caso de ruptura del suministro fósil. Un riesgo de ruptura que siempre aflora cuando hay conflictos o tensiones en Asia Central, Oriente –Próximo y Medio- o Venezuela.

Este último rol del ‘Vatio sureño’ por subrayar su habitual relación con la energía solar, no está puesto en valor por las empresas del sector. De él se hablará en los próximos días en la Universidad de Sevilla.


(Planta termosolar de generación eléctrica)


(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

lunes, 14 de octubre de 2013

EL PP CATALÁN SE EQUIVOCA (José Manuel Cansino -*- en La Razón el 14/10/2013)





La máxima representante del PP catalán -Alicia Sánchez-Camacho- ha defendido una revisión del sistema de financiación autonómico inspirada en garantizar el "ranking" de riqueza de las regiones una vez hechas las transferencia de unas a otras y en dar a las transferencias un carácter finalista, esto es, que su uso se limite a financiar actuaciones fijadas y conocidas de antemano.
En el primero de sus criterios creemos que se equivoca .
Existe un importante problema de inequidad en el sistema actual de régimen común (el que rige para todas las regiones salvo Navarra y País Vasco).
La debilidad del sistema radica en la forma en la que están articuladas las denominadas transferencias verticales a las comunidades autónomas y que proceden del Fondo de Suficiencia y Convergencia.
La realidad es tan estridente que este tipo de transferencias en la práctica están manteniendo el «statu quo» de las regiones, es decir, no sirven para reducir las diferencias en disponibilidades de recursos entre quienes tienen más y quienes tienen menos, sino precisamente para garantizar que quienes tienen copiosos recursos no bajen posiciones en el «ranking». Por tanto, la propuesta de la Sra. Sánchez-Camacho no es otra cosa que la de mantener el sistema vigente.
A mayor abundamiento de lo anterior reaparece aquí la cuestión foral ya que los territorios forales no contribuyen a la nivelación de recursos del resto de regiones españolas. Su aportación a la hacienda general se limita a una valoración «sui generis» de los servicios que la Administración General del Estado sigue prestando en las provincias vascas y en Navarra. Valoración que apenas alcanza al 50% del coste real de estos servicios.
En otras ocasiones ya hemos tenido la oportunidad de señalar que en la cuestión foral debe tenerse en cuenta que una cosa son las peculiaridades institucionales del territorio (por ejemplo la posibilidad de tener una agencia tributaria propia) y otra cosa es tener un sistema de financiación claramente ventajoso. Nada hay, ni en la Constitución de 1978 ni en ninguna norma, que otorgue a los ciudadanos vascos y navarros el privilegio de disfrutar de muchos más recursos que los demás para financiar servicios esenciales como la sanidad o la educación.
Pero además, y esto es lo grueso del error del PP catalán, es equivocado pensar que el separatismo catalán promovido desde las propias instituciones públicas desaparecerá con un nuevo sistema de financiación que tape la boca de estas demandas con más millones de euros. El soberanismo ha llegado demasiado lejos ya como para frenarse por este tipo de concesiones que dejarían los argumentos secesionistas al nivel del reglamento de un casino.
De todas formas no deja de sorprender la propuesta de la nueva presidenta de la Junta de Andalucía defendiendo un papel central del PSOE en la defensa de la unidad y cohesión nacionales. No se si es demasiado tarde pero sí es absolutamente necesario.
Los sistemas de financiación autonómicos que hemos conocido emanan de unas normas legales tan complejas que todo viso de transparencia les resulta extraño. Quizá por eso es un terreno abonado para la recurrente pugna político-territorial y para los acuerdos propios de trastienda. 
El actual Consejero de Economía de la Junta de Andalucia conoce bien esto como académico experto en estas cuestiones. Tras del oscurantismo de la normativa de financiación siempre se ha escondido un enjuague para que los dineros acaben ajustandose a las demandas y presiones de cada baronia -ora del PP, ora del PSOE, ora de CiU-.
Además de equivocada, la propuesta del PP sigue aplazando la gran cuestión que no es otra que la reforma de la Administración del Estado.
Antes de garantizar la financiación autonómica o de cualquier otra Administración, hay que repensar el modelo de Estado. En otros términos, hay primero que saber cuánto dinero verdaderamente necesitamos para atender los servicios públicos una vez eliminadas las duplicidades y triplicidades de competencias. Luego veremos de qué forma se financian cada una de las administraciones en el ejercicio de sus respectivas funciones.
La gran cuestión es, por tanto, ¿cuáles deben ser las competencias de las administraciones territoriales? ¿Deben mantenerse estructuras competenciales duplicadas y, en no pocas ocasiones, triplicadas? Y es que discutir sobre el sistema de financiación en lugar de hacerlo primero sobre el modelo administrativo del Estado no es más que tratar una patología severa administrando aspirinas.

A la Constitución de 1978 hay que reconocerle su intención de resolver la cuestión separatista pero más de tres décadas después sólo podemos constatar que el secesionismo no ha hecho más que crecer y marcar buena parte de la agenda política de un país con 47 millones de personas. Y esto no se resuelve con más billetes sino con más España, más solidaridad y menos complejos.

José Manuel Cansino. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

miércoles, 9 de octubre de 2013

¿Nos salvarán los fondos soberanos? (José Manuel Cansino en La Razón el 7/10/2013)

Los denominados fondos soberanos disponen en todo el mundo de unos cinco billones de dólares, más de cuatro veces el PIB español. El dinero proviene principalmente de la explotación de sus recursos de hidrocarburos (petróleo y gas natural). Su uso por parte de los estados propietarios busca dos objetivos principales; reciclar los petrodólares al exterior para evitar que se desate la inflación interior y garantizar el bienestar de sus ciudadanos (o, al menos, de la élite dominante).
El segundo objetivo lo consiguen invirtiendo guiados por dos criterios. El primero es el de buscar estrictamente las inversiones más rentables. El segundo es el de usarlos con la finalidad de forjar alianzas estratégicas con rentabilidad a largo plazo aunque sea a costa de comprar activos poco rentables.
La cifra global es muy mareante y recuerda a los «hedge funds» que tanta responsabilidad han tenido en la actual recesión económica. Su magnitud explica que países y grandes empresas necesitados de captar inversiones, se exhiban una y otra vez como excelentes destinos para estos fondos. España no es una excepción, como veremos.
Naturalmente la competencia por captar este tipo de inversiones es muy alta, especialmente en países que, aunque emergentes, tienen un importante déficit exterior como Brasil, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. Sin duda el principal atractivo para estos países es su desarrollo emergente pero muestran un importante lado oscuro; las turbulencias del mercado de divisas que han vuelto a desatarse desde julio.
La Eurozona tiene una gran ventaja por la estabilidad de su moneda pero la recuperación económica es aún incierta y, en cualquier caso, será lenta. A pesar de ello, en 2011 los fondos soberanos invirtieron en Europa 22.000 millones de euros según centro de investigación Esadegeo.
En el último año han invertido en España un montante total de unos 5.000 millones de euros, una cantidad inferior a los más de 6.000 millones de euros que el Gobierno va a sacar de nuevo de nuestro fondo soberano; el fondo de la Seguridad Social.
En términos relativos la cantidad es muy pequeña si la comparamos con el billón de euros al que asciende el PIB español o con los 716 miles de millones de dólares que maneja el «Noruega Government Pension Fund». Este fondo es el mayor de los fondos soberanos, se nutre principalmente de la explotación de los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte y desmonta la teoría de quienes sostienen que tener yacimientos petrolíferos es condenar a la mayor parte de la población a la pobreza. Su nombre es elocuente.
A pesar de que la entrada de este tipo de inversiones es pequeña aunque haya quien se empeñe en magnificarla, sirve de indicador para conocer en qué sectores se fijan estos inversores y de dónde viene el dinero.
Las inversiones se centran en empresas energéticas, financieras, tecnológicas y de ingeniería civil. Así, la «China Investment Corporation» ha ampliado su participación en Iberdrola y el fondo Temasek (Singapur) lo ha hecho en Repsol. El fondo de Abu Dhabi está presente en el accionariado de Cepsa. Además, hay mucha expectación en quién va a comprar el 30 por ciento que Repsol tiene en Gas Natural.
La empresa financiera española con mayor presencia reciente de estos fondos no sorprende a nadie: es el Banco Santander («Qatar holding»). Las empresas tecnológicas que han llamado la atención de estos fondos están muy relacionadas con las telecomunicaciones; Eutelsat (China) e Indra (Noruega). Finalmente, el sector de la ingeniería civil español –uno de los internacionalmente más reputados– también saca tajada de estas inversiones gracias a la compra por el mencionado fondo chino de parte de la filial de Ferrovial que gestiona el aeropuerto londinense de Heathrow. Por tanto, los fondos soberanos no son ninguna panacea en la economía española aunque despiertan siempre interés para los analistas interesados en geoestrategia. Quizá su apuesta es más de largo plazo, que no buscando una alta rentabilidad. Los mecenazgos de equipos españoles van en esta línea además de ser una excelente estrategia de «marketing». Basta darse una vuelta por el mundo para ver como Qatar se pasea colgado de la camiseta blaugrana.

Concertación social (José Manuel Cansino en La Razón el 30/9/2013)

Con el ex presidente de los empresarios en la cárcel, una alta nómina de significados representantes sindicales imputados en el caso de los ERE falsos y las informaciones sobre comidas pantagruélicas financiadas con cargo a los presupuestos públicos, da la impresión de que el régimen de concertación social vigente en los últimos treinta años está en quiebra.
Probablemente esté tan en quiebra como otras instituciones del Estado jalonadas de corruptelas que parecen ser más la norma que la excepción.
Hay quien plantea la cuestión de ¿cuánto vale un eficaz régimen de concertación social? Sus defensores recuerdan cómo en estas tres décadas largas se ha pasado de un sindicalismo radical recién salido de la clandestinidad a otro de pancarta y esto, en términos de paz social, tiene un muy alto valor económico para quienes desean desarrollar su actividad empresarial en España en un marco de relaciones laborales estables.
Hay que reconocer al régimen de concertación social cuajado en la Transición política su contribución al entendimiento entre las dos Españas machadianas que hace tres décadas aún tenían muchas heridas por cicatrizar.
Pero de ese compromiso con la construcción de una democracia moderna e internacionalmente homologable se han ido apartando progresivamente tanto en lo esencial como en otros aspectos.
Además del retorno de muchos a unas posiciones ideológicas cuasi guerracivilistas en las que se arrogan la potestad de repartir los carnés de demócratas a su antojo y a calificar de «fascistas» a todos los que no piensen igual, el régimen de concertación social da muestras muy serias de haber derivado en una trama clientelar. Un régimen en el que unos y otros «conciertan» movidos más por su interés en seguir pastoreando en el presupuesto público que por defender eficazmente los intereses de trabajadores y de empresarios, que es tanto como decir los intereses de todos los ciudadanos.
El aval de haber contribuido a la paz social que ahora disfrutamos justifica el reconocimiento del papel de los agentes sociales, pero no legitima la perversión de la concertación social basada en aquello que denuncia el escritor Francisco Robles cuando ironiza en referencia a este tipo de acuerdos basados en el «vamos a llevarnos bien, lo que haya que llevarse».
Y si inaceptable es esta deriva de significados representantes empresariales y sindicales, mucho más lo es en lo que afecta a la mala gestión de los fondos que perciben para impartir cursos de formación profesional.
En España la formación ocupacional no reglada se realiza de forma descentralizada en centros de formación que pueden ser de titularidad privada o financiados con fondos públicos a través de centros propiedad de asociaciones empresariales o sindicales. Una actividad por la que reciben unos 700 millones de euros anuales. El Tribunal de Cuentas ha sido muy crítico con la forma en la que estas instituciones han gestionado a veces los fondos destinados a la formación. El caso de unos cursos de reciclaje profesional para los ex trabajadores de Delphi en Cádiz que consistían en ver películas fue solo un ejemplo más que explica que muchos otros casos estén en los tribunales.
Los trabajadores (y los millones de desempleados) merecemos unos sindicatos apartados del de la huelga «según el gobierno más que según la legítima reivindicación», libres del «manganzo marisquero» y comprometidos con la eficaz garantía de unas condiciones de trabajo dignas y una formación de los empleados que faciliten el desarrollo de carreras profesionales dentro de una economía sólida. También la sociedad necesita de unos industriales que no se repartan los cargos de representación a través de organizaciones empresariales que terminan en otra red clientelar movida por los fondos para la formación y por la aspiración a un puesto retribuido en el sistema de concertación que ahora está puesto en solfa.
Desde luego que a un inversor no le atrae la idea de arriesgar su dinero en una economía donde el sabotaje sea la habitual forma de expresión de la protesta laboral, pero tampoco al ciudadano la de saber que las gambas que no se puede permitir con su familia se las comen otros con el dinero de sus impuestos en nombre de la paz social.