miércoles, 31 de diciembre de 2014

Deudopatia y deudocracia (José Manuel Cansino en La Razón el 29/12/2014)


El populismo socialmente aplaudido en países como Grecia o España ha enarbolado entre sus banderas la del repudio o auditoría de parte de la deuda pública. Sin embargo, todo el que ha entrado alguna vez en un registro de morosos sabe lo difícil que es salir del mismo y volver a recobrar el crédito o la confianza. Pregunten a sus amigos o mírense a un espejo. Esto que es cierto para una línea de telefonía móvil lo es mucho mas para un país. Un incumplimiento en la devolución de su deuda equivale al bloqueo del acceso al ahorro -nacional e internacional-. Por esa razón, cuando los movimientos populistas han puesto en negro sobre blanco sus propuestas y las han hecho pasar por el tamiz de los técnicos, el repudio a la deuda se ha devaluado hasta quedar en 'reestructuración'. Esto no es otra cosa que renegociar con los principales acreedores un canje de deuda a corto plazo por deuda con vencimiento a muy largo plazo y tipos de interés más altos.
Pero incluso devaluada la reivindicación desde la amenaza del impago hasta la reestructuración de la deuda, persiste el discurso político-económico contrario a la denominada 'deudocracia'. Esta vendría a ser un sistema de gobierno en el que el poder lo detentan los acreedores (por ejemplo, la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que imponen como forma de gobierno un estricto programa de recorte presupuestario: el 'austericidio'.



En el fondo, socialdemócratas y liberales (sic), incluso los populistas pasados por el tamiz de los técnicos, sólo difieren en el tiempo en el que aplicar los recortes de gasto -a más largo plazo los primeros y los últimos, antes los otros-. En otros términos, todos (lo digan o no) saben que la deudocracia es inapelable y sólo difieren en la velocidad y dureza del ajuste, pero ni unos ni otros tienen un programa económico diferente al de devolver lo que se debe. La única excepción es la de quienes reivindican la planificación central comunista.
En otros términos, no cuestionan aquello que nos condujo a pedir el rescate de los 'deudocratas'. Nadie ha abjurado de la 'deudopatia' o forma de gobierno basada en el boom del gasto público que competía con el privado en levantar las más faraónicas obras. Unos aeropuertos y trenes sin pasajeros, otros urbanizaciones sin moradores.
La 'Deudocracia' bajo la que vive buena parte de Europa y, por supuesto España, se ajusta al viejo aserto de que la regla de oro consiste en que quien pone el oro, pone las reglas. Podemos considerarlo repugnante pero a nadie se le ocurre pedirle a su compañía de telefonía móvil que le restaure la línea suspendida por impago bajo la amenaza de que la denunciará por deudócrata.
La Deudocracia tiene su origen en la Deudopatia y ahora que se aproximan nuevas elecciones, parece que resurge la segunda aprovechando que la baja prima de riesgo permite volver a endeudarse cómodamente . Si luego vuelven los problemas, la culpa la volverán a tener los que nos prestan el dinero; los 'deudocratas'.

jueves, 25 de diciembre de 2014

El riesgo moral de reestructurar la deuda autonómica (José Manuel Cansino en La Razón el 22/12/2014)


El Ministerio de Hacienda parece estar considerando la reestructuración de la deuda autonómica y esto, en Economía, puede legitimar conductas de indisciplina presupuestaria como consecuencia de incurrir en lo que los economistas llamamos 'riesgo moral' (moral hazard en su denominación original en ingles). Pero ¿que es esto del moral hazard ?



El riesgo moral ocurre cuando los agentes toman acciones que afectan a la probabilidad de que algún evento ocurra y esas acciones no son verificables. Dicho así ni siquiera la mayoría de los economistas lo entenderían, así que intentémoslo sirviéndonos de algún ejemplo cercano en el tiempo como los rescates de Grecia.
El riesgo moral consistiría en el comportamiento perverso que hace que los acreedores de Grecia, ante el posible incumplimiento de pagar su deuda le sigan prestando fondos por que cuentan con que siempre habrá un prestamista de última instancia (Alemania o el Banco Central Europeo) que resolverá el problema. 
Aplicado al caso de la deuda autonómica, el riesgo moral llevaría a la regiones más endeudadas a seguir manteniendo una disciplina presupuestaria relajada en la convicción de que, al final, el perverso 'Estado central' (es decir, Vd y yo, nuestros hijos y nuestros nietos) asumirá su deuda.
La deuda de las comunidades autónomas alcanza ya los 232.000 millones según datos del Banco de España, esto es, el 22% del PIB español, el nivel más alto de la historia. Cuando la prima de riesgo española se desbocó, las autonomías fueron incapaces de colocar su deuda en los mercados internacionales de capitales pues estaban prácticamente cerrados o pedían tipos de interés exorbitados. Fue entonces cuando tuvieron que recurrir -casi en su totalidad- a la ayuda financiera del 'terrible' Estado Central ya que este sí podía tener acceso al ahorro internacional aunque a un interés muy alto. 
Para esto se crearon dos instrumentos; el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores. Entre FLA y el plan de pago a proveedores, las autonomías han recibido más de 85.000 millones de euros desde 2012. Este dinero prestado les ha permitido afrontar tres cuestiones; 1) abonar la deuda comercial atrasada, 2) financiar el déficit público anual y 3) afrontar los vencimientos y amortizar la deuda. Sin este auxilio, algunas regiones hubieran quebrado literalmente. 
Pero como la carga de la deuda sigue siendo extraordinaria y sigue sin acometerse en España una revisión del modelo de Estado (como, por ejemplo, lo acaba de hacer Francia con un gobierno socialista), las Comunidades Autónomas no dejan de buscar fórmulas para salir de esta situación. Naturalmente a costa del 'terrible' Estado Central.
Además de conseguir aplazar el pago de las primeras devoluciones de los préstamos del FLA (previstas para 2015), algunas de las haciendas regionales estarían encantadas de beneficiarse de una quita de la deuda. Algo así como, 'yo pago un x por ciento de mi deuda' y que el 'terrible' Estado Central Español pague el resto. En definitiva un premio por incurrir en 'riesgo moral' que disfrutarían especialmente las comunidades más endeudadas y que menos disciplina presupuestaria han ejercido.
La otra opción -que parece ser la que va a cuajar- consiste en 'reestructurar' la deuda. No sabemos en qué consistiría pero lo que podríamos esperar seria un canje de deuda a corto plazo y cara por deuda a largo plazo y barata. Más detenidamente explicado la operación seria parecida a esta. La deuda pública viva (no amortizada) de las autonomías se emitió cuando la prima de riesgo y los tipos de interés eran altos. Ahora que la prima de riesgo y los tipos de interés están muy bajos, el gobierno -a través del Tesoro- podría emitir una gran cantidad de deuda a largo plazo y barata (a tipos de interés muy bajos) y canjearsela (cambiársela) a las Comunidades Autónomas por 'su' deuda que es más cara. Esta operación, menos grosera que la de la quita, no dejaría de suponer que el coste financiero de la deuda emitida por las autonomías a tipos de interés altos se soportaría por el 'terrible' Estado Central que no es otra cosa, como sabemos que Vd y yo, nuestros hijos y nuestros nietos. También aquí las autonomías más beneficiadas serían las más endeudadas y las que quedarían 'con la espalda al aire' las que mas se ajustaron el cinturón presupuestario.
Naturalmente nada hay en la previsible agenda del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que augure un proceso de revisión de las administración territorial del Estado como ya han hecho Alemania, Italia o Francia. Nada habrá parecido a lo que, por ejemplo, los hospitales generalistas han hecho unificando sus direcciones para aprovechar las economías de escala. La revisión del modelo de Estado sigue siendo una tarea pendiente y, de perpetrarse, la reestructuración de la deuda autonómica una tomadura de pelo a quien fue menos imprudente en la administración del dinero de todos.

martes, 16 de diciembre de 2014

LA INCIERTA TERCERA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA (Jose Manuel Cansino en La Razon el 15/12/2014)


La acentuada caída del precio del petróleo azuza las especulaciones sobre un posible regreso al uso de este recurso fósil como fuente de energía primaria masiva. Ello supondría desandar toda una singladura planetaria puesta en marcha desde la Cumbre de Río en 1992 y orientada hacia la lucha y la mitigación del Cambio Climático.
Indudablemente es muy pronto para pensar en que un petróleo muy barato volverá a ser parte del panorama mundial de las materias primas. Antes al contrario, los analistas estamos más dispuestos a pensar que esta es una bajada coyuntural explicada por un doble motivo; económico (la incierta recuperación económica en Europa y la ralentización del crecimiento chino) y geopolítico (el interés de Arabia Saudita en sancionar a sus rivales religiosos con un petróleo barato).
Sea como fuere, la fuerte bajada en el precio del crudo es un momento propicio para revisar el escenario al que nos conduce la denominada tercera revolución energética. Ordinalmente, la primera revolución energética tuvo lugar a comienzos del siglo XIX con el binomio carbón-máquina de vapor. La segunda se fecha entre 1880 y 1940 y está asociada al descubrimiento de los motores de combustión interna.
La tercera revolución energética no tiene aún un hito innovador tan claro como las dos precedentes. Este papel se lo disputan –por una parte- los nuevos reactores de fisión nuclear, la fusión nuclear y los reactores mixtos fusión-fisión. Por otra parte están las energías renovables aplicadas a la generación eléctrica (que han de resolver el problema de su gestionabilidad e incapacidad de almacenamiento de la electricidad generada) y los biocombustibles de segunda generación (aquellos que no rivalizan con el uso alimentario de las materias primas utilizadas en su producción). También está la posibilidad de que se imponga un modelo de generación distribuida enel que los propios consumidores actúan a la vez como productores. En este escenario, los consumidores se abastecerían parcialmente con pequeños generadores (minieólicos, por ejemplo), verterían-venderían a la red la electricidad sobrante y tomarían de la red la electricidad restante. Finalmente están quienes entienden que la tercera revolución energética radica en las ganancias en la eficiencia energética de la mano de maquinaria menos intensiva en el uso de la energía y en sistemas de transporte y uso “inteligente” (Smart) de la energía.
Precisamente, hay dos hitos que no deben pasarse por alto. El primero es la fuerte penetración comercial de los coches bi-híbridos (electricidad+combustibles fósiles) y tri-híbridos (electricidad, combustible fósil e hidrógeno). Debe tenerse en cuenta que el uso principal del petróleo es el transporte por carretera. Una caída sostenida en el precio del petróleo arroja dudas a cualquier comprador que en este mismo momento esté dudando entre uno u otro tipo de vehículo, lo que es tanto como arrojar sombras sobre toda la industria de los denominados vehículos flexibles o híbridos.
El segundo hito se ha producido este mismo año 2014 en el Lawrence Livermore National Laboratory de Estados Unidos en el que el reactor de fusión nuclear NationalIgnition Facility (NIF) ha conseguido generar más energía derivada de la fusión de la que consume. 
Hasta ahora la tecnología de fusión nuclear (que produciría una energía limpia e inagotable similar a la de las estrellas) no había conseguido un balance energético positivo que permita su uso industrial generando masivamente energía (como lo hacen las plantas generadoras convencionales). El denominado Criterio de Lawson seguía siendo la espada de Damocles de esta tecnología impidiendo que la energía producida en las reacciones de fusión nuclear fuese mayor a la energía inyectada al plasma para que tuviese lugar la ignición. El resultado del NIF acerca un escenario en el que la tecnología de fusión pueda utilizarse para la generación masiva de energía.
Incluso, el mencionado éxito del NIF también acerca el posible uso de los reactores híbridos de fusión y fisión que aprovechan los neutrones producidos en la fusión para producir reacciones de fisión.
Todo esto, sin embargo, tendría fuertes interrogantes de naturaleza no técnica. Uno es el rechazo social a tecnologías percibidas como “peligrosas”. Téngase en cuenta que la fusión nuclear se logra a miles de grados de temperatura. Otro interrogante es de tipo estrictamente económico, esto es,  ¿qué empresa está dispuesta a construir un gran reactor de fusión si se acaba imponiendo un modelo de generación distribuido en el que los consumidores sólo compren la electricidad que no pueden autogenerar los días que no sopla el viento o no hay sol? Aún más difícil respuesta tiene esa pregunta cuando las decisiones de semejantes inversiones hay que tomarlas pensando en décadas entre que se construye el reactor y deja de estar en funcionamiento.

lunes, 8 de diciembre de 2014

¿HABRÁ QUE CONTRATAR AL ASESOR DE MORDIDAS?


El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, el Catedrático de Economía Francisco Ferraro, ha promovido un muy interesante manifiesto coelaborado por ocho organizaciones "de la sociedad civil", principalmente Círculos de Empresarios de toda España.


(Francisco Ferraro)

El oportuno Manifiesto tiene una clara inspiración institucionalista y, por tanto, participa de la idea de que las economías de mercado están influídas determinantemente por las instituciones de los países en los que se desarrollan. Los institucionalistas no se centran sólo en el estudio de las instituciones formales, visibles y perfectamente estructuradas, sino también de las informales como son los hábitos asentados en las sociedades y que determinan aspectos tales como la disposición al trabajo, al ahorro o a la asunción de riesgos (inversión).
En este caso, el manifiesto hace un diagnóstico de la situación socioeconómica de España para luego hacer un llamamiento a la reforma de cuatro asuntos principales.
El diagnóstico -coherente con su inspiración- es el de que España se haya inbuída en una profunda crisis institucional que se manifiesta en el malestar y el desafecto ciudadano hacia las principales instituciones del Estado.
El origen de ese desafecto lo identifica -a mi juicio de forma certera- en dos decisiones equivocadas tomadas durante la última Transición política; el papel omnímodo otorgado a los partidos políticos y la indefinición de la organización territorial del Estado en la Constitución.
Ambos problemas han sumado una deriva que se ha traducido en una ocupación asfixiante de casi todos los espacios de la sociedad por el poder político. Un poder político que se otorgó un papel de autorregulación que le permitió saltarse casi todos los controles hasta llegar a provocar una sensación de corrupción extendidisima.
Pero la autorregulación de los partidos políticos sólo fue parte de los males. Las demandas separatistas, la negativa de los "padres" de la Constitución a definir la organización territorial del Estado y las coyunturas políticas que hicieron a los gobiernos minoritarios buscar el apoyo de los partidos nacionalistas, acabaron creando un Estado que reproducía diecisiete veces el estado nacional. Este proceso es catalogado en el Manifiesto al que me refiero como "consistente con los intereses corporativos de los partidos políticos, ya que el desarrollo autonómico les permitió aumentar sus posibilidades de reproducción con mayores competencias, financiación y empleo público (...)".
El documento termina con una llamada a la reforma (implícitamente pide una reforma constitucional -del contrato social-) focalizada en cuatro aspectos: 1) cambio del sistema electoral, 2) transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas, 3) reforzar los mecanismos de control de todas las instituciones financiadas (en todo o en parte) con fondos públicos y 4) abordar la reforma territorial del Estado.
Sobre todo lo anterior creo oportuno realizar un par de aportaciones.
La primera es que siempre resulta más fácil realizar un diagnóstico del mal que encontrar un remedio eficaz. En este sentido, sobre la manera concreta de llevar a la practica las medidas de "regeneración" que el Manifiesto invoca yo recomiendo lo que recoge el libro "Recuperar España. Una propuesta desde la Constitución" publicado por el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Este libro expone de manera pragmática dos vías de reforma constitucional de entre las que se puede elegir. Es una propuesta muy detallada expuesta de manera didáctica identificando cada uno de los artículos que se deberían modificar y proponiendo una nueva redacción en unos casos, la supresión de algunos artículos en otros y la incorporación de nuevos artículos al texto constitucional.

Mi segunda aportación es acerca del propio enfoque institucionalista que inspira este imprescindible Manifiesto. En particular, existen economías con crisis institucionales seculares que, sin embargo, muestran un crecimiento económico más robusto que el español. Un par de ejemplos pueden ilustrarnos, uno de economia 'vieja' y otro de economía 'emergente' ¿Alguien duda de que Italia, con un papel determinante jugado por las mafias tradicionalmente, tiene una economía más sólida que la española? ¿Han impedido las mafias terroristas o la propia institución de la "mordida" mejicana que esa economía registre hoy día un gran crecimiento económico? En otros términos, es posible que la sociedad acabe aceptando como normal el peaje de la corrupción, del poder omnímodo de los partidos políticos y de la elefantiasis administrativa, y acabe sobreviviendo con un "modelo productivo" en el que lo anterior es un impuesto más a pagar y la única estrategia posible es fichar a un experto que te minimice la mordida como el buen asesor fiscal te reduce la factura impositiva. Sería un resultado vergonzoso pero es posible que no estemos muy lejos ¿Acaso la figura del "conseguidor" tan popular ahora en los juzgados no representa a este "asesor de mordidas"?

martes, 2 de diciembre de 2014

LA IMPOPULAR INDOLENCIA SUREÑA (José Manuel Cansino en La Razón el 1/12/2014)


La indolencia es uno de los grandes males que azotan a la sociedad andaluza secularmente. Es un argumento sumamente impopular cuando se esgrime como explicación del 36 % de desempleo que exhibe esta región y también cuando se recurre a ella para explicar la tolerancia con la corrupción pública.



No es difícil entender la impopularidad del argumento. Su cuantificación es imposible y, por tanto, lo que tenemos es una 'percepción' de que la indolencia esta muy asentada en la sociedad pero no una cuantificación científica de la misma. Esto es un problema pues la 'percepción' como escribía Coddington no es 'conocimiento' sino sucedáneo de conocimiento. De manera que frente a quien esgrime la indolencia como factor explicativo de nuestra persistente posición en la cola del empleo y de la renta per capita en España, siempre se pueden espigar datos cuantificados sobre, por ejemplo, el número de elevado horas que -en promedio- se trabaja en Andalucía . Naturalmente este es un dato más robusto aunque tramposo pues no analiza el rendimiento del tiempo que se esta en el puesto de trabajo.
Sobre este y otros asuntos hemos tenido la oportunidad de reflexionar recientemente convocados por el colectivo 'Andaluces Regeneraos'. Lo hemos hecho en una sesión de trabajo moderada por el flamante doctor en Administración de Empresa, Antonio Leal, recién llegado de la Universidad británica de Lancaster y junto al presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro.
Además de intercambiar opiniones sobre la necesidad de revisar el modelo de la Administración del Estado recuperando para la Administración General del Estado las competencias en derechos fundamentales como la Educación y la Sanidad, tuve oportunidad de debatir sobre dos cuestiones concretas relacionadas con la indolencia.
La primera está directamente relacionada con la propuesta, lanzada desde estas mismas páginas, de recuperar las convocatorias de plazas de Catedrático de Instituto
La propuesta hecha desde aquí ha sido una de las que mayor eco ha tenido aunque no sin matizaciones. La primera la hizo el profesor Luis Rull, catedrático de la Universidad de Sevilla y persona no solo implicada en la Academia sino también en la vida cultural andaluza. El profesor Rull, estando de acuerdo con la propuesta y con su gestión a nivel de la Administración General, no estaba de acuerdo en que fuese la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad la que evaluase el curriculum de los candidatos. Bien, es una cuestión no de falta de voluntad sino de selección del órgano que haga la evaluación.
Sin embargo la mayor reticencia la encontré entre los propios profesores y los representantes sindicales. Los profesores de Instituto con los que debatí desconfiaban de los criterios de promoción profesional que fijaría la Administración Autonómica que sospechaban serían arbitrarios. Los representantes sindicales leían la propuesta sin entusiasmo. Probablemente recelosos de no poder promocionar a Catedrático ellos mismos si no se valora a su actividad sindical en el mismo plano que la calidad de la docencia sobre la que bascularia la posible promoción profesional.
El resultado es que una propuesta que sirve para mejorar la calidad del sistema educativo de las enseñanzas medias, queda empantanada por una mezcla de desconfianza (fundamentada) y de indolencia (imposible de cuantificar por su propia naturaleza) de quienes más interesados deberían estar en promoverla.
La segunda manifestación de este mal escurridizo de la indolencia lo situo en el fenómeno del subempleo . Un problema gravísimo que va más allá del ya del por sí terrible problema del desempleo. 
La Organización Internacional del Trabajo define el subempleo por insuficiencia de horas de trabajo como la situación en la que se encuentra un empleado que estaría dispuesto a trabajar más horas de las que trabaja si se le ofreciese la posibilidad. No es este al subempleo al que me refiero sino aquella situación en la que el trabajador ocupa un puesto de trabajo para el que se exige una cualificación mucho menor de la que tiene. Puede aceptarse esta situación para los primeros estadios de la actividad profesional de una persona cuando aun falta experiencia. Pero es económicamente ineficiente que una persona se acomode de por vida a un empleo para el que le sobran los años de Master y de Universidad. Un Máster y una Universidad que, si son públicos como ocurre mayoritariamente en España, han sido pagados por todos los contribuyentes. En otros términos lo anterior significa que 'ricos y pobres' pagan con sus impuestos una formación universitaria que luego no se utiliza en el desempeño de muchos puestos de trabajo.
Con frecuencia la indolencia explica que después de acceder a una (o varias) titulación (e)s superiores pagadas por todos los contribuyentes, muchos se acomoden en un puesto de trabajo poco remunerado y muy por debajo de la cualificación profesional de quien lo ocupa. 

El reconocimiento del esfuerzo y la confianza en la capacidad de cada persona en la autosuperación como valores centrales de la sociedad darían muy poco espacio a la indolencia y abrirían las puertas a una sociedad más justa con una economía más sólida.

martes, 25 de noviembre de 2014

DE LA PEQUEÑA A LA MEDIANA PYME (José Manuel Cansino en La Razón el 24/11/2014)


Una de las razones para entender por qué EEUU ha salido antes y con más intensidad de la crisis financiera hay que buscarla en la manera en la que los norteamericanos colocan su ahorro. Los ahorradores norteamericanos acostumbran a colocan una buena parte de su ahorro en acciones de empresas. Con esa decisión el ahorrador estadounidense elige directamente al inversor al que quiere financiar. Esto es, sobre la base de que quienes toman las decisiones privadas de inversión en una economía son las empresas, el ahorrador norteamericano decide a qué empresas va a financiar con su ahorro especialmente cuando la empresa decide captar los recursos mediante una ampliación de capital.



En España y en Europa, la mayoría de las empresas se financian a través del sistema financiero con préstamos o créditos. En otras palabras, el ahorrador europeo –a diferencia del estadounidense- deposita sus ahorros en el banco y éste los transforma en préstamos que ofrece a las empresas. El ahorrador español no conoce a los inversores a los que acaba financiando a través de su banco.
Consecuencia de lo anterior es que el papel central que el sistema financiero juega en Europa no lo tiene en EEUU y, por tanto, cuando entra en crisis como en 2007, las consecuencias son mucho menos graves en Norteamérica que en el viejo continente. Esto ha permitido a EEUU salir antes y mejor de la crisis financiera que su propia economía desató con las hipotecas ‘subprime’. Todo esto lo explicó hace unos días el profesor Serrano Sanz en la Universidad de Sevilla en la sesión inaugural de su reputado Máster en Economía Bancaria.
La lección aprendida debería ser que España y Europa necesitan mejorar la relación directa entre ahorradores y empresas inversoras lo que, conociendo el tejido empresarial español, se traduce en mejorar el conocimiento que los ahorradores tienen de las PYMES. Sólo cuando los primeros tienen una información suficiente de las segundas es posible que prefieran destinar sus ahorros a la compra de acciones que a depositarlo en el banco.
Lo anterior debe conjugarse con la necesidad que la PYME andaluza tiene de redimensionarse pasando de ser ‘pequeña’ a ‘mediana’ empresa. La razón es que la mayoría de los concursos privados y públicos para la contratación o subcontratación de tareas exigen un tamaño mínimo que no superan las empresas andaluzas que quedan así fuera de mercado. Si se facilitan las ampliaciones de capital, se abriría una vía hacia el aumento de tamaño empresarial.
Precisamente esta idea de acercar a ahorradores y a PYMES fue la que ha estado tras el desarrollo en España del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) inspirado, en buena medida, en el modelo británico. El MAB es una bolsa donde cotizan PYMEs que han superado unas exigencias de transparencia y solvencia similares a las que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) exige para cotizar en la bolsa convencional española.
Sin embargo y a pesar de las exigencias de la CNMV, el desarrollo del MAB se ha visto frenado por dos sonoros fracasos que han asustado a los pequeños ahorradores que debían jugar un papel principal. Así me lo señala el profesor Diego Barbadilla de la Universidad de Sevilla; uno de los principales expertos en marcado bursátil y financiero de Andalucía. El primero fue el protagonizado por la empresa barcelonesa Zinkia productora del famoso ‘Pocoyó’, cuyos capítulos se visionan una media de 15 millones de veces al mes en la plataforma ‘Youtube’. El segundo fracaso ha sido más reciente y mediáticamente más relevante. Se trata de la empresa española de wi-fi ‘Gowex’.
En el origen de estos dos sonoros fracasos está la calidad de las auditorías en las cuentas de ambas empresas. Cuando la veracidad de las cuentas se pone en solfa, los accionistas se deshacen de las acciones rápidamente provocando que su precio caiga a plomo. Sin el supervisor tanto de la Bolsa española como del MAB no resuelve este problema (que no es exclusivo de España sino mundial), millones de ahorradores seguirán siendo remisos a comprar directamente acciones, fundamentalmente de PYMEs.

Efectivamente, la supervisión de la veracidad de las auditorías no está entre las competencias autonómicas. Afortunadamente, habida cuenta de lo carísimo que ya resulta un modelo regional que replica 17 veces la estructura estatal. Sin embargo, las autoridades regionales sí disponen de instrumentos de apoyo a las PYMEs que quieran entrar a cotizar en el MAB. Sería una buena forma de facilitar la captación de recursos directa de los ahorradores. Nuestra recomendación sería aperturar un servicio de apoyo a las empresas que quieran emprender este camino. Un servicio que siempre recomendamos que sea cofinanciado entre la Administración Pública y la empresa.

lunes, 17 de noviembre de 2014

EL PETRÓLEO NO ENCUENTRA LA GASOLINERA (José Manuel Cansino en La Razón el 17/11/2014)


La caída del precio mundial del petróleo por debajo de los 80 dólares por barril está pasando de ser un tema que sólo concierne a los expertos a motivo de conversación de barra de bar. Pocos recursos nos afectan tanto como este combustible de origen fósil hasta el punto de tener que reconocer que el mundo occidental (en sentido económico y no geográfico) es un mundo ‘petroalcohólico’.
Hay tres derivas de esta bajada del precio del crudo; una económica, otra geopolítica y una última, medioambiental. Cada lector puede poner el orden de prioridad que desee pero todas ellas están directa pero también difusamente relacionadas.



Efectivamente el petróleo (el barril Brent de referencia en Europa) ha perdido en apenas cuatro meses una cuarta parte de su valor hasta marcar mínimos de los últimos cuatro años. La semana pasada ya perdió el nivel de 80 dólares el barril. Esto tiene dos efectos económicos directos; el primero es el de un abaratamiento en los costes de producción de las economías importadoras siempre que el menor precio del petróleo se traslade a los precios de la energía final (básicamente electricidad o combustibles derivados del petróleo). Según un cálculo del Financial Times, la bajada del precio del petróleo equivaldría a una inyección  en la economía global de 660.000 millones de dólares.
El segundo efecto económico permite enlazar con la deriva geopolítica del abaratamiento del petróleo. Con un precio por debajo de los 80 dólares el barril es posible que dejen de ser rentables los yacimientos de petróleo no convencional (‘shale oil’) y los situados en aguas ultraprofundas. Los primeros se explotan mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) que supone inyectar en la tierra a alta presión agua con una mezcla química para romper la roca y liberar petróleo o gas atrapado en ella. La técnica requiere que la perforación sea continua. Aunque no son pocos los países con este tipo de yacimientos, EEUU es el que mayor uso ha hecho de ellos hasta el punto de cambiar su rol de importador a exportador de petróleo. Los yacimientos en aguas ultraprofundas más importantes hasta ahora están en Brasil.
¿Es rentable explotar estos yacimientos a precios por debajo de los 80 dólares? La extracción de un barril de petróleo convencional en Arabia Saudí (el mayor productor mundial de crudo) tiene un coste de entre cuatro y seis dólares, mientras que utilizando la fracturación hidráulica en EEUU cuesta de media entre 50 y 70 dólares. Hay analistas que sostienen que al precio actual, el 50% del petróleo no convencional estará fuera del mercado. Esto explicaría que Arabia Saudí estuviese dispuesta a mantener el precio del petróleo incluso por debajo de los 70 dólares durante los próximos dos años. Su posición dentro de la OPEP es radicalmente contraria a la de Venezuela, partidaria de reducir la producción de crudo para subir los precios. No obstante, el interés de los sauditas trasciende lo económico.
Un petróleo barato es un mal escenario para países como Irán, Irak y Siria, lo que es tanto como decir que es malo para los chiítas; un resultado muy valorado por el principal productor mundial de crudo.
La tercera deriva de la caída del precio del crudo es de índole medio ambiental. Hoy nadie discute que el sector energético tiene un papel protagonistas en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico. Las preguntas serían ¿en cuánto puede aumentar la demanda de petróleo en respuesta a su abaratamiento y en cuánto aumentarían las emisiones de GEI?
Si ponemos el foco en la parte de la energía eléctrica que se genera a partir de derivados del petróleo, los datos en España nos dicen que en el caso de abaratarse la factura eléctrica, la reacción de la demanda será muy limitada. Por cada euro que disminuya el recibo de la luz, la demanda de los hogares repuntaría en no más de 30 céntimos. Algo parecido ocurriría si la bajada del precio del petróleo se trasladase a los precios de los combustibles a pie de gasolinera –algo que aún no se ha producido ni los precedentes auguran bajadas significativas-.
Sin embargo, la demanda de energía sí es mucho más sensible a cambios en la renta disponible y ello porque la demanda de equipos electrónicos de los hogares responde mucho a cambios en la renta. Por tanto, si el menor precio del petróleo se trasladase a los precios finales de la electricidad, el repunte de las emisiones de GEI vendría no por un aumento directo de la demanda de electricidad vía bajada de precio sino por un aumento indirecto vía mayor equipamiento electrónico de los hogares. La lección es clara; hay que poner el foco en conseguir equipamientos energéticamente eficientes.

Pero todo pasa porque la bajada del precio del crudo nos dé un alivio en la cartera. 

lunes, 10 de noviembre de 2014

CATEDRÁTICOS DE INSTITUTO (José Manuel Cansino en La Razón el 10/11/2014)



Lo que aquí se propone es una medida directa y factible que ayudará a mejorar nuestro sistema educativo y económico a medio plazo.
Pocos discuten que entre la calidad del sistema educativo y la fortaleza de un sistema económico y social (valga la redundancia) existe una relación directa. Esto, sin embargo, es más una percepción derivada del sentido común que de la evidencia empírica. Los análisis cuantitativos que miden la relación entre el crecimiento económico de las naciones y la calidad de su 'capital humano' no siempre capturan nítidamente esa relación. Pero eso sólo da pistas de las limitaciones de las herramientas de medida o de la calidad de los datos empíricos disponibles para la investigación.



Desde la década de los ochenta del siglo pasado son varias y muy diferentes las reformas de las administraciones públicas orientadas a mejorar la eficiencia y la calidad con la que los empleados públicos prestan sus servicios y atienden a los usuarios. El propio concepto de 'usuario' fue un logro de estas reformas.
Uno de los retos más difíciles que han intentado superar estas reformas ha sido el de vencer los comportamientos acomodaticios de los empleados públicos que se saben seguros en sus puestos de trabajo. Desde la pérdida de la propia condición de empleado 'de por vida' que impulsó la reforma canadiense hasta los mecanismos de incentivos vía complementos salariales, existe un amplio abanico de fórmulas que se han ensayado con diferente fortuna. Todas tuvieron que vencer la natural oposición de quienes han valorado mucho la comodidad de un puesto de trabajo inmune a los resultados que se presentan al final de cada año.
El Cuerpo de Catedráticos de Enseñanzas Secundarias es una excelente vía para incentivar al profesorado en el desarrollo de su carrera hacia la excelencia de su trabajo que es tanto como decir hacia una sociedad mejor formada. Aunque el 3 de enero de 2008 apareció la relación de profesores (jubilados y en activo) que tenían tal condición en Andalucía, parece que han dejado de convocarse estos concursos.
Desde luego no se puede achacar sólo a las restricciones presupuestarias la ausencia de tales convocatorias. Probablemente también y en no poca medida al imperio de una visión igualitarista entre la profesión docente que rechaza cualquier distingo de unos frente a los demás; una suerte de repudio a la aristocracia del saber por parte de quienes con esto buscan esconder su desmotivación.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) ha demostrado una buena capacidad de trabajo en los procesos de selección y acreditación de muchas administraciones públicas y entidades privadas que han recurrido a sus servicios para que se ocupasen de evaluar la calidad de los aspirantes a una mejor plaza o vacante. Como toda institución humana es perfectible pero ha mostrado su inmunidad a presiones de parte, partidos y 'lobbies' varios. España podría encontrar aquí una vía factible y poco costosa de desbloquear las carreras de los profesores de enseñanzas secundarias concertando la evaluación de los aspirantes a la condición de ‘Catedrático’ por una misma agencia evaluadora a nivel nacional. La ANECA sería una buena elección.
No solo se lograría incentivar eficazmente el trabajo de miles de profesiones sino también, lo que es socialmente más relevante, mejorar las competencias y formación de los estudiantes. Para mayor abundamiento sería esta una vía si no de recentralizar las competencias educativas en la Administración General del Estado, sí desde luego de unificar los criterios de calidad y con ello contribuir con éxito a reducir la desigualdad según regiones de resultados académicos tan sangrante que hoy soporta España.
Esto que proponemos podría muy bien extenderse al cuerpo de maestros, al que la sociedad española debe mucho más que dedicarle un día al año del calendario escolar. La creación de una figura análoga a la del Catedrático de Enseñanzas Secundarias es fácil de trasladar a este cuerpo. El sistema de evaluación debería ser similar en aras de garantizar que los españoles -igualados por la Nación en libertad y derechos- tengamos más cerca el acceso a una educación de calidad con independencia del lugar de residencia pues no los territorios sino las personas somos los que ostentamos derechos.

En una última vuelta de tuerca a este razonamiento, caben para el resto de cuerpos de las Administraciones Públicas -incluso de todos los empleados públicos- sistemas parecidos. Pocas veces de manera tan sencilla y con relativamente pocos recursos, se podrían conseguir muy buenos resultados. El imperio de dos 'ismos' serían las dos grandes barreras a vencer: el igualitarismo y los particularismos regionales. Merece la pena en aras de una mejor educación blindada de los vaivenes políticos.

lunes, 3 de noviembre de 2014

YACIMIENTOS DE MANGAZOS (José Manuel Cansino en La Razón el 2/11/2014)



En 1993 el conocido como el Libro Blanco de Delors acuñó el concepto de “Nuevos Yacimientos de Empleo”. Lo hizo con tanta fortuna que llegaron a formar parte de las políticas y programas de empleo de todos los países de la Unión Europea. Posteriormente fueron transformándose según evolucionó la sociedad hasta llegar a perder su sentido con el crecimiento económico de finales de los 90 asociado a la burbuja financiera que estalló entre 2007 y 2008.



Aunque no fue catalogada como un yacimiento de empleo, la formación ocupacional y la formación para los colectivos con mayor dificultad de acceso al empleo fortaleció su papel como política activa de empleo en la Unión Europea. Ocurrió en los mismos años en los que hicieron fortuna los “Yacimientos de empleo” como piedra angular de la estrategia europea para reducir el desempleo. Las políticas de formación ya existían pero en aquellos años tomaron una dimensión desconocida gracias a los fondos comunitarios que las nutrieron. De esta forma, dedicarse a la “formación” fue en sí mismo otro “Yacimiento de empleo”.
En España, desde los ochenta y noventa del siglo pasado se asumió que era necesario mejorar la intermediación entre oferta y demanda de puestos de trabajo. Siempre hemos tenido entorno a diez puntos porcentuales de desempleo por encima de la media europea y Andalucía unos veinte puntos. En la práctica esto supuso que la formación se realizara de forma descentralizada en centros de formación que podían ser de titularidad privada y financiados con fondos públicos a través de centros propiedad de asociaciones empresariales o sindicales. Nunca se puso en marcha un sistema de evaluación de estas políticas que condicionase mantener la subvención pública a un centro de formación a que éste acreditase que la empleabilidad de sus alumnos hubiese mejorado de manera significativa. El resultado de todo esto se ventila ahora en los tribunales. Lo que fue una ‘Yacimiento de empleo’ se convirtió en un ‘Yacimiento de mangazo’.
En 2008, la Comisión Europea puso en marcha el paquete de medidas que definió el famoso Horizonte 2020 y que para ese año fijaba como objetivos la reducción del 20 % de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y del consumo de energía así como el aumento hasta el 20 % de las energías renovables en el mix energético de cada país. El logro del segundo de los objetivos (la reducción del consumo energético) obligaba a un gran esfuerzo en materia de eficiencia energética hasta el punto de que las empresas de servicios energéticos que asesoraban a otras empresas, particulares y administraciones públicas sobre la mejor forma de ahorrar consumo energético se convirtieron en un negocio emergente. Un nuevo yacimiento de empleo en plena situación de recesión económica.
El Ministerio de Industria español aprobó en 2011 el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para promover el logro del mencionado objetivo en España. De entre las medidas de apoyo al logro de tan importante objetivo estaban los sempiternos subsidios pero también se mantenía la pertinaz ausencia de sistemas eficaces de auditoría que sancionasen a los beneficiarios de subsidios que, finalmente, no los lograsen porque, en puridad, sólo buscaban pegar un ‘mangazo’ de la subvención pública.
La denominada ‘Operación púnica’ que ha supuesto la detención de una parte muy destacada de los cuadros dirigentes del Partido Popular ha revelado que parte de los 250 millones de euros presuntamente adjudicados irregularmente, lo fueron a una empresa que asesoraba a los ayuntamientos salpicados en planes de eficiencia y ahorro energético. La eficiencia, en estos casos, como la formación en muchos otros, ha pasado de convertirse en una legítima oportunidad de negocio en un nuevo ‘Yacimiento de mangazo’.
Pero como en la formación, España se juega mucho en la reducción de su consumo energético. Somos uno de los seis primeros países europeos con la electricidad más cara. Esto debilita nuestra competitividad al aumentar en términos relativos los costes de producción. Particularmente en los sectores económicos intensivos en consumo de energía. Pero también afecta a los hogares y a su renta disponible después de tener que pagar facturas de la luz que no dejan de subir a pesar de las recientes y profundas reformas.
Aún podemos añadir un argumento adicional a la necesidad que España tiene de mejorar su eficiencia energética. El argumento tal es nuestra elevada dependencia externa en la energía primaria que se utiliza para generar energía eléctrica destinada al uso final por empresas y hogares.
Hay una impresión bastante extendida de que España ha hecho un uso poco eficaz de buena parte de los ingentes fondos estructurales y de cohesión que hemos recibido durante años de la Unión Europea. Esto ha sido una gran oportunidad perdida y un resultado muy diferente al de otros países como Irlanda, que sí utilizaron estos fondos más eficazmente.

La ‘operación púnica’ además de subrayar esta impresión de corrupción generalizada que tenemos en España, golpea el logro de un objetivo como el ahorro en el consumo energético que debe ser estratégico para nuestra Nación. No sólo porque estamos obligados a alcanzarlo por nuestros compromisos internacionales sino también porque es clave para la robustez de nuestra economía.

DE LAS ENCÍCLICAS AL SUPERMERCADO ¿UNA ECONOMÍA CRISTIANA? (José Manuel Cansino Muñoz-Repiso Boletín de la Hermandad de Los Estudiantes nº 51, Octubre 2014)



Millones de personas están convencidas de que la solución a los problemas de necesidad que aquejan a buena parte de la Humanidad, se resolverían con un tipo de organización económica “cristiana”. Esa organización económica se consideraría intrínsecamente justa y la única explicación para no alcanzar tal estadio habría que buscarla en la falta de voluntad humana ¿Es esto así?



Hay una parte de la Ciencia Económica de carácter descriptivo y carente de juicios de valor. De ella no cabe esperar Leyes justas o injustas sino meramente leyes económicas amorales. De esta forma no tendría sentido hablar de una ciencia económica cristiana como tampoco lo tendría hablar de una ciencia matemática cristiana.
Sin embargo, hay otra parte de la Ciencia Económica de carácter normativo y de frontera difusa con la anterior, en la que sí caben los juicios de valor y, a través de ellos, las consideraciones éticas. Pero, incluso en esta parte de la Ciencia Económica, si las recomendaciones normativas –la forma en la que organizar esta economía “cristiana”- están basadas en las conclusiones del análisis positivo (que estrictamente técnico), las recomendaciones decimos, serán de tipo técnico y no moral. Se trataría, en definitiva, de recomendaciones del tipo “dado que los recursos presupuestarios disponibles son limitados, el mayor nivel de bienestar social se logra empleándolos en A en lugar de B”, pero esa recomendación normativa no nace de la concepción de justicia de quien decide sino de los resultados del análisis económico descriptivo o técnico que mostrarían que gastando en A en nivel de bienestar es de C M euros mientras que gastando en B es de D Millones euros, siendo C > D.
En la práctica, sin embargo, los resultados científicos incontrovertibles que arroja la economía descriptiva son muy limitados. Como consecuencia, la discrecionalidad en la decisión muy amplia y, a través de ella, la influencia de consideraciones éticas.
La mayor parte de economistas aceptan que la elección entre Estados y Mercados es entre estados y mercados imperfectos. Más exactamente, la elección que en cada sociedad tenemos es una particular combinación de ambos; un porcentaje de intervención estatal y un porcentaje de mercado que varía de país a país y a lo largo del tiempo Las encíclicas papales también lo entienden así.
No obstante, desde San Juan Pablo II, hay en las encíclicas una reivindicación mayor de la sociedad civil para corregir tanto la distribución primaria de la renta como el resto de males que resumimos bajo las ideas de “necesidad” o “pobreza”. Frente a encíclicas anteriores más proclives a la intervención estatal hay, desde San Juan Pablo II, una llamada a la libertad.
La crisis actual de la que parece verse el final ha agudizado la incertidumbre y, si hoy se promulgase una nueva encíclica de contenido marcadamente económico, cabría esperar a la luz de las encíclicas previas, un retorno a posiciones críticas con la economía de mercado. Particularmente, con el funcionamiento de los mercados financieros. Sin embargo, es dudoso que tal crítica venga acompañada de la reivindicación de un mayor papel del Estado y ello, posiblemente, no sólo por una razón de ineficacia demostrada en la gestión económica sino por la prevención de la Iglesia Católica ante la deriva anticristiana en muchos estados.
Pero bajemos de las encíclicas al Supermercado. La Agencia Fides arrojaba como última estadística del número de católicos en el mundo, la correspondiente a 2002. Para ese año, la agencia vaticana contabilizaba a 1.070 millones de personas, lo que equivalía al 17,2 % de la población mundial.
¿Cuál sería la influencia de más de 1000 millones de consumidores si decidieran invertir sus ahorro sólo en aquellos fondos de inversión que tuviesen la certificación de ‘fondos éticos’ por incluir activos financieros sólo de empresas que acrediten tratar dignamente a sus trabajadores? ¿Cuál sería la influencia de más de 1000 millones de consumidores que decidieran premiar con su fidelidad a aquellas empresas que garanticen como parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa que jamás despiden a una empleada cuando se queda embarazada? ¿Qué poder tendrían 1000 millones de contribuyentes que deciden no llevarse su dinero a paraísos fiscales, sin ir más lejos, Gibraltar, porque quieren que con su dinero el estado financie programas de redistribución de renta? O en otros términos ¿pueden las sociedades permitirse prescindir de la acción redistributiva libre y voluntaria que al margen del estado, realizan estos más de 1000 millones de católicos en el mundo?
La Humanidad ya conoce las consecuencias nefastas de la planificación económica. También conoce que las virtudes de la economía de mercado se ajustan mucho más a los manuales teóricos que a las relaciones económicas cotidianas.

No hay sistemas económicos alternativos a aquellos que se sustentan en un juego de contrapesos entre el Estado y el Mercado. Las sociedades más convencidas de la capacidad de autosuperación de la persona, limitarán más el papel del Estado, y las más refractarias a la incertidumbre, buscarán la protección paternalista del Estado o de sus propias instituciones privadas. En cualquier caso, la Economía Cristiana no puede entenderse como una determinada versión confesional de la Economía sino como una forma de toma de decisiones económicas inspirada por nuestra Religión. Muchas personas lo hacen cotidianamente.

Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

lunes, 27 de octubre de 2014

EL HECHO DIFERENCIAL (José Manuel Cansino en La Razón el 27/10/2014)


11,5 puntos son el diferencial existente entre las cifras de desempleo para el conjunto de España y para la región andaluza. Este y no otro es el resultado de comparar los números de la Encuesta de Población Activa correspondiente al trimestre que va de julio a septiembre de 2014.



El paro ha aumentado en Andalucía en 18.800 personas durante ese trimestre de 2014 (creciendo un 1,34 % respecto al trimestre anterior). Con esto son ya 1.419.100 los parados que residen en el sur de España lo que, en términos de tasa de paro, la cifra escala hasta  el 35,21 % frente al 23,67 % del conjunto de la Nación. Este y no otro es el hecho diferencial andaluz con el rostro y número de DNI de cada una de las personas que quieren trabajar y no pueden.
Cada vez que se publica este u otro dato similar (por ejemplo el dato mensual de paro registrado), urgen las valoraciones a beneficio de inventario de políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Pocos momentos como estos nos regalan los informativos para ver cómo de manera impúdica cada cual espiga el dato que respalda su discurso –ora como gobierno, ora como oposición, ora como sindicato, como empresario-. Datos espigados que se exhiben al tiempo que se ocultan los incómodos.
Y como muestra adicional de la sempiterna visión paternalista que tenemos en Andalucía y en buena parte del resto de España, cada vez que el paro sube (lo que ahora ha ocurrido en Andalucía pero no en media nacional), las miradas de vuelven hacia los gobiernos. En el trasunto está el supuesto asumido mayoritariamente de que corresponde a la Administración pública la creación de empleo y no a la sociedad civil –léase empresarios- que sigue sin enarbolar la bandera de la inversión y la creación de empleo.
En esta ocasión se ha pedido al gobierno de la Junta de Andalucía que se evalúen los planes autonómicos puestos en marcha contra el paro, la mayoría de ellos ligados a los Ayuntamientos. Unos planes que pueden manejar unos 900 millones de euros. Esto es, que se demanda algo tan razonable como evaluar el impacto en la empleabilidad de los beneficiarios de los programas pagados con dinero del contribuyente. Es algo que muchos economistas llevamos haciendo y reivindicando desde hace años sin gran éxito. Es posible que esto se deba a que buena parte de los programas de formación profesional, cuando se someten a evaluación rigurosa y anónima, no ofrecen unos resultados inequívocamente positivos. Reconocer esto sería tanto como poner en solfa todo un modus vivendi de sindicatos y organizaciones empresariales que ahora está en manos de los tribunales.
Corresponde a la Administración Pública el diseño de las reglas que favorezcan la creación de empleo pero no la creación directa del mismo más allá de lo que demande la cobertura de los servicios públicos y no las aspiraciones de colocación de los amigos de unos y otros.
Si seguimos atrapados en el paternalismo que nos hace mirar a la Autoridad cuando corresponde a la sociedad generar su propia prosperidad, estaremos como cuando en clase preguntamos a los universitarios andaluces en qué quieren trabajar en el futuro respondiendo la mayoría que “para la Junta de Andalucía”. Si continuamos equiparando la legítima ambición por un futuro mejor a comportamientos egoístas e insolidarios, estaremos perpetuando nuestro hecho diferencial por décadas enteras.
Hacer un inventario de las obras civiles que han quedado inacabadas en los tres niveles de la administración territorial y favorecer esquemas de cofinanciación, dar un papel central en facilitar el acceso al crédito de las PYMES a las dos sociedades de garantía recíproca existentes en Andalucía (Avalunion y Suraval), ayudar a evolucionar la estructura empresarial andaluza desde la microPYME a la PYME de mayor tamaño (si no es así, la reducida dimensión de las empresas las deja fuera de participar como empresas auxiliares en sectores tan importantes como el aeroespacial, la ingeniería civil o parte de la industria agroalimentaria); todas estas son propuestas que podrían ayudar a reducir el desempleo en Andalucía.

El fuerte desempleo andaluz no puede seguir esperando otro “boom inmobiliario” que lo elimine. En un mundo en el que países en expansión conviven con regiones azotadas por el paro, el empleo hay que buscarlo fuera. Las administraciones lo saben y deben ayudar a eso a pesar de que es impopular. Naturalmente que esto debe hacerse conjuntamente con el fomento de la creación de empleo, pero una y otra fórmula de encontrar trabajo exigen tiempo distintos. Muy distintos.

martes, 21 de octubre de 2014

LOS SOCIOS Y EL MIEDO (José Manuel Cansino en La Razón el 20/10/2014)


En plena tormenta bursátil por el miedo a una nueva recesión en Europa y con millones de personas pendientes de cómo España gestiona la crisis del ébola, el Banco de España acaba de publicar los siempre jugosos datos de la Balanza de Pagos Española. Son jugosos per se para cualquier economía abierta –la nuestra lo es- pero lo son aún más por las esperanzas depositadas en el sector exterior como hoja de ruta para salir de la crisis.
Los datos no son alentadores. De esto ya hemos venido hablando pero ahora le daremos otra vuelta de tuerca. El superávit por cuenta corriente en julio de 2014 se situó en 1,4 miles de millones (mm) de euros, frente a 2,2 mm en el mismo mes de 2013. Esta evolución se explica por el menor superávit de la balanza de bienes y de servicios. Las estimaciones muestran un incremento de las importaciones de bienes y servicios superior al de las exportaciones (12,6 % y 6,5 %, respectivamente).
La balanza de bienes contabilizó en el segundo trimestre un déficit de 4,6 mm, frente a 0,7 mm en el mismo periodo del año anterior. Esta evolución se explica por el incremento de las importaciones (4,6 %) y el descenso de las exportaciones (del 1,6 %). El Banco de España señala de acuerdo con los datos de Aduanas, que la ampliación del déficit de bienes se explica por el descenso del superávit de bienes no energéticos, ya que el déficit energético se redujo. Este último dato nos va a ayudar bastante pues el precio del petróleo sigue bajando (los nuevos yacimientos superan las necesidades) y España es fuertemente dependiente del petróleo.
Pero el estancamiento de nuestras exportaciones es lo que verdaderamente preocupa. La razón es que el 58 % de nuestras exportaciones se destinan, además de a EE.UU., a países europeos con riesgo de entrar en una nueva recesión. Estos países son Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica. De ellos, Alemania e Italia registraron un crecimiento económico negativo en el último trimestre del -0.2 % mientras que Francia mostró un estancamiento total.
España sabe bien que debe orientar sus exportaciones a mercados menos maduros que el europeo y con más capacidad de crecimiento. Pero eso ni es fácil ni es tarea de unos pocos años.
Retomemos los datos del Banco de España y analicemos el otro componente que, junto con la balanza de bienes integra la balanza por cuenta corriente, esto es, la balanza de servicios. Esta balanza servicios generó en el segundo trimestre de 2014 un superávit de 11,9 mm, ligeramente inferior al registrado hace un año (12,5 mm). Parte fundamental de este apartado es el turismo cuyo superávit se amplió en 0,2 mm, hasta los 9,1 mm y el saldo positivo de otros servicios se redujo en 0,8 mm, hasta los 2,8 mm, con respecto al mismo período del año anterior. En definitiva, los ingresos por turismo siguen siendo un balón de oxígeno vital para la economía española y aquí es donde España se la juega en cómo se ve desde fuera la capacidad de gestión de la crisis de ébola. No sólo los medios de comunicación sino también la clase política tiene aquí una responsabilidad determinante. Si, como es habitual, el cainismo se impone en esta cuestión de salud pública, las consecuencias para el turismo no sólo serán fatales sino difíciles de superar a medio plazo. A nadie se le escapa que, como destino turístico, España se ha beneficiado de la crisis de los Balcanes de finales del siglo pasado y de la “primavera árabe” de estos últimos años. Un cambio en la imagen internacional de España como consecuencia del riesgo de contagio de ébola sería fatal además de injusta.
Concluyamos echando un vistazo a los datos de la balanza de capitales. El Banco de España señala que el saldo de la cuenta de capital mostró en julio un superávit de 0,1 mm, frente a los 0,4 mm de julio de 2013. Como resultado, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital fue positivo (1,5 mm), pero inferior al del mismo mes del año anterior (2,7 mm). En el conjunto de los siete primeros meses del año, la economía española experimentó una necesidad de financiación de 2,6 mm de euros, frente a una capacidad de financiación de 9,7 mm en el mismo período de 2013.
Con los datos de julio, en el acumulado de los siete primeros meses del año 2014 se estima una salida neta de capital de 15,1 mm. Por tanto, parece que no han cuajado aún las inversiones extranjeras en valores españoles como se intentó exhibirse, por ejemplo, con las inversiones de Bill Gates y otros en empresas españolas.

El resumen de lo anterior es que la incipiente recuperación de la economía española se enfrenta ahora a dos importantes problemas externos. El primero es el riesgo de nueva recesión de parte de nuestros principales socios comerciales y la consecuente caída de las exportaciones. El segundo y más importante es el posible impacto negativo que la crisis del ébola pueda tener en nuestro turismo. Nadie dijo que esto fuese fácil.

martes, 14 de octubre de 2014

¿CUANTO CUESTA LA RENTA BÁSICA? (José Manuel Cansino en La Razón el 13/10/2014)



La renta básica es una asignación monetaria pública incondicionada y universal, sin contrapartida ni compromiso alguno. Hay quienes la defienden con una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza; una pobreza agravada en países como España (con especial impacto en la población infantil) pero que se reduce a nivel mundial. Esto se debe a que la recesión europea coincide en el tiempo con el crecimiento galopante en países con grandes bolsas de pobreza. También los hay que la defienden como una manera eficaz de garantizar el derecho a la vida de todo ser humano por razón de serlo. Finalmente, es fácil encontrar defensores de la misma por razones indisimuladas de populismo electoral.
Para hablar de pobreza hay que hacerlo con gran esfuerzo de rigor. Así que esta cuestión, también lo merece. 



Hay dos formas de abordar económicamente el análisis de la renta básica universal. La primera es valorar su coste y su viabilidad financiera. La segunda es anticipar sus posibles efectos económicos.
El profesor Juan Gimeno, acaba de publicar un cálculo de su coste en la revista Presupuesto Gasto Público. Ese coste ascendería a 75.477 millones (M) de euros de 2010. Para expresarlos en euros de 2014 habría que añadirles, simplificadamente, la inflación. Pero esa cifra implicaría un aumento del gasto público total mucho menor y que se quedaría en 24.000 M de euros ¿Como es esto posible?
Para este economista especializado en finanzas públicas, la renta básica incluiría buena parte de las prestaciones de renta mínima que ahora existen. En definitiva, ya habría un conjunto de españoles que la están recibiendo.  Por ejemplo, las pensiones no contributivas. También considera que la renta básica estaría incluida en las pensiones contributivas aunque estas fuesen de mayor cuantía. Así, la prestación contributiva -por ejemplo una pensión de jubilación- estaría compuesta por una parte fija (la renta básica) y otra variable en función del volumen de cotización que el jubilado hubiese hecho a lo largo de su vida laboral. 
Lo anterior significa que habría que considerar que los españoles que cobran una pensión no contributiva y los que cobran los complementos a mínimos de una pensión contribuitva, ya estarían incluidos en el cálculo de coste y no habría que contabilizar esta cantidad como 'nuevo gasto público'  porque ya existe. Cuando se repite este calculo incluyendo todas las prestaciones que ya funcionan como renta básica, el autor sostiene que se cuenta de partida con unos 21.000 M y sólo habría que financiar el resto hasta 75.477 M. 
Esta cantidad adicional propone financiarla con un ahorro de costes administrativos de 2.500 M de euros. La explicación estaría en que este mecanismo es mucho más sencillo que la actual complejidad de normas autonómicas y estatales relacionadas con el conjunto de programas de garantías de rentas en vigor. Añade a esto 26.150 M de euros que provendrían de 'ajustes fiscales' o subida de impuestos que se les practicarían a las rentas más altas cuyo esfuerzo fiscal, por esta razón, aumentaría. El resultado serían los aproximadamente 24.000 M de euros 'nuevos' que habría que añadir al gasto público. Por tanto, la viabilidad financiera de la renta básica dependería de si existe esta capacidad de gasto adicional.
Con estos números se garantizaría una renta mínima de 396,32 € al mes y 4.755,8 € al año, equivalente a la actual pensión mínima no contributiva. A ella -propone- tendrían derecho todos los residentes legales en España adultos y emancipados. Cada hijo recibiría el 30% de la renta básica de forma que un hogar con el padre, la madre y dos hijos tendría garantizada una renta anual de 12.365,08 € euros con cargo al Estado.
Ahora viene la otra parte del análisis de esta cuestión; los efectos económicos. Los cálculos de Gimeno están hechos sobre el supuesto de que nadie varia su oferta de trabajo, la recaudación impositiva permanece constante y no se produce efecto llamada de población extranjera ¿Es posible tener en cuenta esto en el cálculo? La respuesta es sí y no. Lo que es posible es hacer unos cálculos simulados. Esto es, tomar una importante muestra de la población, realizar una encuesta fiable sobre si, por ejemplo, a) estaría dispuesta toda la unidad familiar a trabajar lo mismo antes y después de percibir la renta básica y, particularmente, b) estaría dispuesta la 'segunda renta del hogar' (la menos cuantiosa) a seguir trabajando incluso teniendo garantizados unos ingresos básicos. A partir de esta encuesta se podría hacer una estimación del comportamiento de la oferta de trabajo española en el sentido de ver si la renta básica desincentivaria el esfuerzo (la principal crítica de muchos economistas), con efectos fatales para la economía. Los resultados tendrían que ser robustos, lo que técnicamente significa que idealmente tendrían que tener alrededor de un 90 o 95 % de confianza.



Pero a la propuesta de la renta básica hay que añadirle otras valoraciones. Por ejemplo, la Sociología nos dice en boca de algunos de sus representantes que en la visión de las cosas conviven dos maneras de contemplar a nuestros semejantes. Para unos los seres humanos son esencialmente iguales y para otros son esencialmente desiguales. El esfuerzo compensador de las desigualdades económicas es mucho mayor dependiendo de las perspectiva que se adopte. Quizás en la segunda forma de verlo hay una secular desconfianza en la capacidad del ser humano de autosuperarse y una vindicación de alguna fórmula de paternalismo sin el que la Humanidad no puede convivir. 
Otra valoración es que la renta básica deja en manos del Estado la acción compensatoria hacia los desiguales. Algo que en el último siglo se ha hecho conjuntamente con los mecanismos de solidaridad privada que las sociedades han desarrollado siempre por razones morales y/o religiosas. Supondria otorgar al Estado la posibilidad de ocupar un espacio más en detrimento de la sociedad civil.
Por ultimo, esta propuesta de renta básica conllevaría la integración de todas las 'rentas de inserción' que ahora desarrollan varias Comunidades Autónomas en una única renta estatal de común acceso a todos los residentes legales en nuestra Nación. Habría que ver si están dispuestas.
Sea como fuere, cualquier propuesta que intente paliar el problema de la pobreza merece una consideración detenida y en absoluto ser despachada con lugares comunes. Yo mismo no soy partidario de ella pero estoy dispuesto a oír a todos los que la defienden con rigor. 



martes, 7 de octubre de 2014

Pornografia financiera (José Manuel Cansino en La Razón el 6/10/2014)



La difunta canciller de hierro Margaret Thatcher acuñó la expresión de "capitalismo popular" para describir el cambio operado en la propiedad de las grandes corporaciones británicas. La ex primera ministra del Reino Unido se refería así a que, a diferencia del capitalismo de los grandes telares de Manchester al inicio de la Revolución Industrial, las empresas británicas ya no estaban en manos de solo unas pocas familias. Ahora -década de los 80 del siglo pasado- cualquier familia británica media podía convertirse en copropietaria de, por ejemplo, la British Petroleum, invirtiendo sus ahorros en la compra de un pequeño paquete de acciones de la petrolera.
Naturalmente la ex premier británica pasaba por alto que el control de las grandes compañías seguía en las mismas manos solo que el capital social estaba tan atomizado que únicamente un pequeño porcentaje del mismo, bien organizado, servia para seguir controlando la compañía. Sea como fuere, la idealización thatcheriana tuvo su predicamento.
Varias veces me he referido a este episodio para contraponerlo al de la "socialización de la especulación". Operaciones especulativas las ha habido siempre en las economías donde se hicieron un hueco los mercados o bolsas de valores financieros. La burbuja de los tulipanes holandesa es solo el episodio más sonado pero no el único. 



Lo nuevo en esta última crisis que nos azota fue la popularización de este tipo de actuaciones en países como España. La expansión del crédito hasta límites insospechados se ejemplificaba en multitud de oficinas bancarias españolas cuando un promotor inmobiliario que hasta hacia poco era un digno albañil con "espíritu emprendedor", entraba en el despacho de direccion y conseguía un "crédito promotor" para comprar un terreno al que había echado el ojo, promover las oportunas viviendas y, de paso, comprar un cuatro por cuatro y un deportivo de alta gama para la pareja. Las únicas garantías eran un terreno "que había visto" y unas viviendas "que aparecían en un plano".
La socializacion especulativa seguía cuando un gran anuncio sobre un modulo prefabricado era argumento suficiente para que muchas familias se lanzaran a comprar viviendas "sobre plano". Lo hacían con la fundada expectativa de "dar el pase" a un nuevo comprador antes de tener que escriturar la vivienda logrando una plusvalía de un 15 o 17% en apenas doce meses. Y así, se sumaba y se seguía.
Pero como en la granja de Orwell, en la socialización especulativa todos éramos iguales, pero unos mas iguales que otros. Las cajas de ahorro habían servido a comienzos de los mismos 80 de Margaret Thatcher, para dotar a España de un sistema financiero moderno. Fue la denominada reforma de Fuentes Quintana-Fernández Ordóñez. Esa reforma permitió a las cajas de ahorro, nacidas con esa filosofía del microcrédito que ahora vale un Nobel en Economía, operar prácticamente como bancos comerciales. Ya teníamos bancos hasta en el último y entrañable pueblo de España.
Pero a partir de 1985 se opero un cambio legal que ninguno de nosotros admitiríamos para un quirófano, ni siquiera un taller. Nadie se deja rajar ni pone su coche en manos inexpertas. Pero si aceptamos -la sociedad lo consintió- que parte fundamental de nuestro sistema financiero se pusiera en manos de administraciones públicas (en último término partidos) y organizaciones sindicales y empresariales. 
Para acceder a los cargos de responsabilidad no se exigió nunca ningun conocimiento profesional de las finanzas. Lo que se exigía era el respaldo de la clase dirigente ; de partido, de sindicato o de organización empresarial. Ese mérito fue bastante para gestionar billones de pesetas primero y miles de millones de euros, después.
Ahora los abusos que se van conociendo eclipsan los casos de buena gestión como si no los hubiese habido. Solo por probabilidad estadística hay que aceptar que los hubiese. 
El caso de las tarjetas B de Cajamadrid ha sido el último ejemplo de abuso de estas instituciones financieras. Un caso que sin exagerar se puede calificar de pornografía financiera.
De su nacimiento como institución de inspiración eclesial para conceder microcréditos a quienes no podían pagar, ni intereses usurarios, ni ser recibidos en un banco, Cajamadrid ha pasado a exhibir el fenómeno de la transversalidad político-sindical del mangazo. Izquierdas y derechas llegaron al "pacto de la tarjeta B". Un espacio político donde toda diferencia se depone en aras del gran consenso del plástico.

Que nadie se sorprenda del ascenso de los que ahora llaman populistas. Los impuestos de todos se han destinado en parte a tapar los agujeros que dejaron los tarjetazos. Agujeros bendecidos por un Banco de España que, si bien tenía un sistema de supervisión, no quiso ejercer el poder de sanción. Un poder de sanción que también lo tuvo pero era discrecional -en manos del gobernador- y nunca fue puesto en marcha. Casi nuca, diría Mario Conde.

martes, 30 de septiembre de 2014

CONTRABANDO POR LA PLAYA (José Manuel Cansino en La Razón el 29/9/2014)


Cumpliendo un mandato europeo a través de la oficina de estadística –Eurostat-, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de incorporar al valor total de nuestra producción en un año –el PIB-, el valor de las actividades ilícitas. Estas actividades sumaban unos 9.000 millones de euros en 2010 -año base utilizado por el INE- en concreto unos 5.200 millones el narcotráfico, 3.600 la prostitución, y unos 200 el contrabando tabaco y el juego ilegal.


A poco que pongamos el foco en este último dato comprobaremos que aflora un importante disenso entre los cálculos que se han venido haciendo. Por ejemplo, un informe del Foro Europa Ciudadana situaba en 10.000 millones de euros anuales las pérdidas que genera a la Unión Europea el contrabando de tabaco. La cifra incluye la disminución de ingresos por los impuestos especiales que se aplican al producto y también por el IVA que se deja de recaudar. En el caso de España, este “Think tank” estima que deja de recaudar más de 1.200 millones al año y sólo por el contrabando procedente de Gibraltar, al que habría que sumar el que entra por otros puntos tradicionales como las costas gallegas.
Reparemos en algo importante, los cálculos del Foro Europa Ciudadana son sólo de los impuestos que se dejan de recaudar, es decir, es sólo una parte del precio del tabaco y del valor de negocio de contrabando. Sin embargo, el cálculo del INE lo es a precios de mercado o precios de adquisición. En otras palabras, el Foro estima un valor de unos 1.200 millones de euros de sólo los impuestos que se dejan de recaudar y de sólo el contrabando que entra por Gibraltar. La cifra del INE es de 200 millones que, además de incluir el valor total del contrabando, añade el del juego ilegal. Una discrepancia extraordinaria.
Una tercera cifra vuelve a añadir confusión.  Para la Mesa del Tabaco, el contrabando evade –sólo en Andalucía- 270 millones de euros, con los que se podrían crear 22.000 empleos. Según esta cifra, sólo los impuestos evadidos en Andalucía (no el valor total del comercio) superan la cifra que calcula el INE para toda España a precios de mercado (sumando valor de cada cajetilla y de impuestos).
Muchas de las cajas de tabaco que llegan a Gibraltar, casi libres de impuestos, son vendidas por empresas españolas. Luego acaban vendiéndose en territorio español a mucho menor precio que el legal -un cartón de tabaco que en España supera de largo los 40 euros y en cambio se vende a 25-27 en la colonia británica-. Pero analicemos estos datos con algo más de detalle.
Aunque las empresas tabaqueras españolas vendan a Gibraltar sin IVA ni el Impuesto especial sobre las labores de tabaco, sí pagan un pequeño arancel al gobierno del Peñón. Los responsables españoles de Aduanas detallaron al equipo de investigadores de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (Olaf), que el 19% del PIB de Gibraltar proviene de los aranceles por la importación de tabaco. Esta cantidad supone el 33% de ingresos de su presupuesto, cantidad que la colonia destina a Sanidad y Educación.
Gibraltar tiene casi el doble de renta per cápita que España y cinco fuentes de ingresos bastante estables; los servicios, el turismo, la actividad portuaria, las gasolineras flotantes (el denominado “bunkering”) y la subvención anual del Ministerio de Defensa Británico. Una parte notable de los ingresos turistas proceden de los propios españoles que cruzan la verja para comprar tabaco y pasarlo de contrabando.
Las conclusiones del informe que la Olaf ya ha hecho llegar a los gobiernos británico y español  han servido para que la Unión Europea considere que «hay motivos» más que suficientes para creer que en Gibraltar existe contrabando de tabaco y blanqueo de capitales. Por esa razón ha pedido que la justicia española y la británica actúen contra el Peñón para determinar si se están cometiendo tales delitos y, en consecuencia, perseguirlos.
Algunas cifras ilustran la magnitud del contrabando. Entre 2006 y 2011, las exportaciones de tabaco por vía terrestre con destino a Gibraltar se han triplicado, algo que no se corresponde con los 30.000 habitantes de la colonia. Sólo en 2012, las entradas de tabaco a Gibraltar ascendieron a 110 millones de cajetillas. De ir destinadas únicamente al mercado de consumo interno, supondría que cada gibraltareño -desde un recién nacido a un anciano de 100 años- fumaría al día 180 cigarrillos.
Pero que nadie se equivoque. El contrabando en general y el de tabaco en particular, siempre han gozado en España de cierta “simpatía social”. Ahora lo vemos en el cine. En verano lo vemos en playas como las de Puente Mayorga cuando los padres retiran a los niños de la terraza para que no vean las lanchas descargando fardos. Pero desde más antiguo estaba anclado en el cancionero popular cuando se daba es soplo a los contrabandistas de que les esperaba la Guardia Civil. “Marinero, que tu barca venga y vaga/ que están los carabineros acechando/ contrabando por la playa”.

(*) Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla.