Probablemente en junio el
Gobierno llevará al Parlamento su proyecto de Ley de reforma fiscal inspirado
en el Informe de la Comisión Lagares. Los gobiernos del PP han tomado en
materia fiscal la tradición anglosajona de bautizar con el nombre de quien
preside la Comisión de expertos, a la propia Comisión, lo que para el profesor
Manuel Lagares es una justa satisfacción pues ha presidido tres.
(El profesor Manuel Lagares, presidente de la Comisión de expertos)
Las propuestas de reforma no
necesariamente serán trasladadas en su integridad al proyecto de Ley, mucho
menos a la redacción final de la Ley, pero si se tienen en cuenta los
precedentes de las dos ‘Comisiones Lagares’ anteriores, sí se trasladará una
parte muy sustancial.
A poco que se entre en el detalle
de las propuestas sobresale el punto de partida de la neutralidad recaudatoria
sobre el que se inspira la reforma. En otros términos, se asume el diseño de un
cambio fiscal que dejará a la presión fiscal española (ingresos tributarios
sobre el PIB) en el 37 % o 38 %; esto es, globalmente no habrá rebaja de
impuestos. Esto es algo que contradice directamente el programa de gobierno del
PP.
Cuestión diferente es que las
propuestas de reforma que contiene el informe, de ponerse en práctica,
supondrán un cambio no menor en la distribución de la carga fiscal entre los
contribuyentes. En otros términos, aunque la presión fiscal se mantenga
constante, habrá grupos de contribuyentes cuyo esfuerzo fiscal se reduzca y
otro que acabe soportando una mayor carga.
El nudo gordiano de la reforma
consiste en reducir tres tributos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades y
Cotizaciones Sociales) y subir la carga fiscal en el IVA y en una propuesta no
del todo clara de “impuestos medioambientales”. Sobre la imposición
medioambiental y la reforma se está concluyendo un primer informe dentro de los
trabajos de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la
Universidad de Sevilla, de manera que habrá que esperar un poco.
La propuesta de reforma comparte algunos
argumentos que se pueden encontrar en los informes de las dos Comisiones
anteriores. Está formulada en términos bastante claros para el lector con
conocimientos fiscales intermedios aunque tiene una ‘caja negra’ crucial. Esa
“caja negra” es el Modelo REMS utilizado para simular los resultados de las
medidas a tomar antes de plasmarlas en el informe. Particularmente, conozco al
profesor Lagares desde hace años y su doble condición de Catedrático de
Hacienda Pública y de Inspector de Hacienda le hace depositar la confianza
“justa” en los modelos económicos cuantitativos.
Lo que sí resulta difícil de
entender es la secuencia temporal de la reforma que se plantea. La propuesta
parece proponer dos bloques de reforma de aplicación sucesiva. El primer bloque
a poner en marcha no incluiría la bajada de las cotizaciones sociales de los
empleadores (la única que la reforma considera). Este bloque incluiría –entre
otras medidas- una rebaja en el tipo marginal máximo del IRPF, una reducción a
cuatro en el número de tramos, la eliminación del método de estimación por
módulos y un aumento del mínimo personal y familiar exento para promover una
necesaria política natalista que frene el envejecimiento de la sociedad
española.
A la pretendida reducción de la
carga en el IRPF se uniría una reducción del Impuesto Sociedades no inmediata
pero que a medio plazo dejase su tipo legal y efectivo en torno al 20 % (que
por cierto es el tipo efectivo que ya pagan hoy la mayor parte de sociedades
españolas).
La sorpresa está en la subida que
se propone para el IBI de manera que ayude a compensar una posible menor
recaudación por IRPF e Impuesto sobre Sociedades. Sin duda se trata esta de una
propuesta que será extraordinariamente impopular habida cuenta de la
“visibilidad” de este impuesto, esto es, lo fácil que detectan los
contribuyentes como impacta en su bolsillo un aumento del mismo.
El segundo bloque de la reforma
–que parece diseñado para entrar en vigor en un momento posterior- es el que
aborda la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de subir
el IVA “o” la imposición medio ambiental. El argumento económico para los
reformadores es doble. En primer lugar parte del hecho cierto de que en España
el reparto en la carga de las cotizaciones a la Seguridad Social cae del lado
de las empresas más que sobre los trabajadores. Con cifras gruesas, de los
90.000 millones de euros anuales que se recaudan, 70.000 millones proceden de
las empresas y apenas 30.000 millones de los trabajadores.
El segundo argumento de la
Comisión es que una reducción lineal de estas cotizaciones (que para las
empresas son un coste laboral más) es más eficaz en la promoción del empleo que
el actual entramado de bonificaciones que promueven la conversión de contratos
temporales en fijos, la contratación de jóvenes o la contratación de colectivos
con graves problemas de inserción.
La compensación de estas rebajas
en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se propone hacer a
través de un aumento en la recaudación por IVA pero no a través de una nueva
subida del tipo general. La mayor recaudación vendrá de una reducción del
número de bienes a los que actualmente se aplica el tipo reducido. Probablemente
esta compensación se haría de forma conjunta con un aumento de la “imposición
ambiental” cuyo comentario posponemos.
Por último y no menos importante,
el documento entregado por la Comisión de Expertos se ha hecho a la vez que el
Gobierno anunciaba la firma de tres acuerdos sobre el intercambio de
información tributaria con otros tantos paraísos fiscales. Se trata de los
territorios británicos de Jersey, Guemsey y la famosa Isla de Man. Ninguno de
ellos entrará en vigor de forma inmediata pues ahora sólo comienzan unas
negociaciones que tardarán, previsiblemente, mucho tiempo. Pero esta
coincidencia nos recuerda que en un mundo globalizado cuyo único principio
eficaz del derecho internacional parece ser el de libertad de circulación de
capitales, las reformas fiscales ‘locales’ tienen un efecto cada vez más
limitado por los “efectos desbordamiento” o fuga de capitales.
(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla.
Supongo, que al final, si se sube el IVA, esto repeecutirá sobre todos los ciudadanos, tanto a los que más tienen como a los que menos. Si tenemos en cuenta que los que menos tienen están exentos de pagar IRPF, no creo que esta reforma les beneficié mucho. Pero supongo que no lo he entendido bien, no creo que esto sea lo que pretenda el Profesor Lagares.
ResponderEliminarLa imposición sobre el consumo (el IVA particularmente) se soporta en mayor medida por las rentas más bajas pues para ellas el gasto en consumo (y no el ahorro) es su principal partida. La idea última de los reformadores es contribuir a la generación de empleo cambiando cotizaciones a la SSocial por IVA e impuestos medioambientales aunque a cambio de subir la imposición indirecta.
ResponderEliminar