Pocos dudan del inminente cambio
en el panorama político español con la entrada en el arco parlamentario de
nuevos partidos. Se dibuja un panorama que acabará con el bipartidismo diseñado
por los hacedores de la Transición y que con el argumento de la ‘estabilidad’
apoyaron a dos grandes bloques a izquierda y derecha del centro.
No nos ocupamos en estos
artículos de asuntos políticos sino económicos aunque con frecuencia unos y
otros se solapen. Así ocurre con los programas económicos de las opciones
políticas; también de las nuevas. El programa económico es algo en lo que
necesariamente se han de diferenciar unos de otros aunque a veces las
diferencias tales lo sean más de pose que de fondo.
En este sentido, mientras que
UPyD y Ciudadanos se han posicionado abiertamente en defensa del estado del
bienestar y de la consecuente intervención pública que conlleva su gestión y
financiación, VOX ha reivindicado para sí un discurso abiertamente liberal
frente al programa político socialdemócrata que atribuye también al partido en
el gobierno.
El término liberal en la política
española tiene un significado muy diferente al que tiene en la mayoría de
países occidentales. Las raíces más importantes de esa muy diferente forma de
entender lo ‘liberal’ hay que buscarlas en la política española de finales del
siglo XIX. De ahí en adelante, mientras que ser liberal en lo político y en
España suele entenderse en términos de anticlericarismo, ser liberal en la
mayor parte de países se entiende desde el compromiso político con el
liberalismo económico, la intervención mínima del Estado en la vida económica y
el tamaño también mínimo del Estado del Bienestar. El encendido debate sobre el
programa de reforma sanitaria del Presidente Obama probablemente sea el mejor y
más actual exponente de estas dos formas de entender el papel del Estado.
Aclarado necesariamente lo
anterior, ¿qué posibilidades de respaldo social tiene un discurso liberal en lo
económico?
Charles Wolf (jr) en su célebre
“Mercados o gobiernos: Elegir entre alternativas imperfectas” (Instituto de
Estudios Fiscales, 1995), expuso oportunamente que la sociedad occidental ha
asumido como ‘suyo’ buena parte del conjunto de prestaciones del Estado del
bienestar. En otras palabras, se considera como casi un derecho fundamental de
la persona acceder a prestaciones públicas y gratuitas como la sanidad, la
educación, la prestación por desempleo o el sistema de pensiones. Ninguna de
estas prestaciones las asumían los estados a comienzos del siglo XX.
En menos de un siglo, las
sociedades occidentales han dado por hecho que el conjunto de prestaciones que
el Estado del Bienestar garantiza es algo intocable. Se pueden discutir
aspectos no poco importantes del sistema, por ejemplo una educación pública
financiada por cheque escolar o a través de un sistema de centros concertados,
pero la sociedad mayoritariamente rechaza el desmantelamiento de la educación pública
incluso a cambio de menos impuestos que permitan pagar y elegir educación
privada.
Hay otra forma de argumentar el
discurso liberal; a través de la reivindicación de la desregulación de los
mercados y/o de la privatización de empresas públicas con el argumento de que
la gestión privada es más eficiente.
Si este es el discurso que se
desarrolla habrá que tener en cuenta un par de cuestiones. En primer lugar, la
desregulación del sistema financiero en EEUU se tradujo en la derogación en
1999 de la Ley Glass-Steagall sobre el argumento de la Teoría del
funcionamiento eficiente de los Mercados de Capitales y de la Teoría de las
Expectativas Racionales. Esa desregulación nos ha llevado a que el sector
público –vía deuda pública y Banco Central Europeo fundamentalmente- tenga que
inyectar el 15 % del PIB español para rescatar a buena parte de la banca y así
garantizar los depósitos de los ahorradores españoles ¿El planteamiento liberal
supone también renunciar a un prestamista de última instancia como el BCE?
La otra cuestión a considerar –la
recomendación liberal de privatizar las empresas públicas- lo resume bien el
caso de ENDESA; una empresa originariamente pública que se privatiza para que
acabe comprándola otra empresa semipública –ENEL-, extranjera (italiana) y
cobrando por la electricidad hoy un 80 % más que hace diez años. Probablemente
sea el momento de reivindicar una mayor presencia pública en determinados
sectores industriales estratégicos como, de hecho, ocurre en buena parte de
países desarrollados.
Algo bien diferente es entender
el discurso liberal como la desregulación y simplificación administrativa
nacida de una recentralización del Estado que acabe con muchas duplicidades y
triplicidades de competencias. En este discurso se asemejan los programas
políticos de UPyD, VOX y otras opciones políticas de menor respaldo. Pero
téngase en cuenta que en este caso la rebaja de impuestos y el repliegue del
Estado se haría por la vía del adelgazamiento de la administración pero no por
la reducción de las prestaciones básicas en un país que, no lo olvidemos, sigue
sin alejarse mucho de los seis millones de parados.
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
