martes, 29 de diciembre de 2015

TRES RETOS INMEDIATOS PARA EL GOBIERNO (José Manuel Cansino en La Razón el 28/12/2015)

De entre las tareas a abordar por el futuro gobierno de España sobresalen tres por su urgencia; la respuesta al desafío separatista catalán, la recapitalización de parte de la banca y el ajuste presupuestario que la Unión Europea va a imponer.
De los tres problemas a abordar de manera inaplazable, el mejor conocido por todos es el primero y por eso apenas me extenderé salvo para recordar dos cuestiones. La primera es que otorgar un sistema de financiación privilegiado a Cataluña –como el que disfrutan las provincias vascas y Navarra- es romper con el principio de solidaridad entre regiones. La segunda es que la política de pactos con el nacionalismo catalán durante casi cuatro décadas no sólo no ha resuelto el desafío secesionista sino que lo ha llevado a sus más altas cotas.



Mucho menos conocida es la situación en la que se encuentran algunas entidades financieras años después de las inyecciones de dinero público del Estado y del ‘rescate suave’ que el gobierno de Rajoy solicitó en 2012.
Particular interés hay que poner en la situación del Banco Popular. En 2009 este banco emitió un bono para captar liquidez que ahora tenía que devolver o canjear por acciones. Los bonistas de Banco Popular sufrirán minusvalías de entre el 35% y el 40% después de haber convertido sus bonos en acciones, una transformación que se llevó a cabo a finales de noviembre al vencer la emisión de 2009. El tipo de cambio se fijó en 17,61 euros frente a los 3,38 euros a los que cerró la acción el día fijado. Téngase en cuenta que el Banco Popular llegó a ofrecer hasta un 7 % por un nuevo bono en 2013 con vencimiento en 2015. Esta rentabilidad no debe pasarse por alto pues está muy cerca del algo más de 8 % que llegó a ofrecer Abengoa.
Otra situación bancaria a considerar afecta al grupo NovaCaixaGalicia que en 2010 nació de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova. Precisamente esta última entidad ha sufrido una pérdida patrimonial de 41,8 millones de euros asociada a una dudosa operación que la anterior dirección concedió a un proyecto familiar.


En definitiva, aun siendo la situación del sistema financiero español considerablemente más solvente que la que exhibió durante la crisis y siendo también una situación muy distinta dependiendo de la entidad que se considere, el nuevo Gobierno tendrá que afrontar o un rescate parcial de la banca en apuros o una nueva concentración de la banca o, incluso, una nueva concentración realizada parcialmente con más dinero público.
Por último queda el ajuste que la Comisión Europea viene exigiendo en los presupuestos de 2016. Es difícil cuantificar la magnitud de la reducción del gasto que el nuevo gobierno deberá acometer para no alejarse demasiado de los objetivos de déficit público pero la cifra de 25.000 millones de euros podría no estar muy desencaminada. Se trata esta de otra medida también difícil de aplicar por el consabido rechazo social que provoca sobre todo si se aplica casi al mismo tiempo que alguna nueva fórmula de rescate bancario.


Sea como fuere, se extiende en la sociedad española la demanda de entendimiento entre los políticos en aras de mantener la normalidad de las cosas. Un nuevo panorama político con una menor presencia del bipartidismo coincide con el aplauso a todo el que sea capaz de trabar acuerdos estables que no cedan al chantaje separatista. En otros tiempos un resultado electoral como el de hace unos días tendría de nuevo a una Nación de 46 millones de ciudadanos al socaire de demandas políticas que sólo representaban a una parte pequeña de la sociedad española situada en Cataluña o las provincias vascas.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

LA 'GRANDEUR' Y EL CLIMA (José Manuel Cansino en La Razón el 14/12/2015)


La 'Grandeur' francesa no iba a dejar pasar la oportunidad de exhibirse mundialmente ante el reto que había aceptado Francia de conseguir un acuerdo global en la lucha contra el Cambio Climático; un acuerdo que se había resistido a los intentos de años anteriores por lograr un texto que sustituyese al Protocolo de Kioto aprobado en 1997.



A las 19.26 horas del pasado sábado, el ministro de exteriores francés, Laurent Fabius, preguntaba a los representantes de los 196 países allí reunidos si tenían algún reparo al texto de 10 páginas que acaba de leer. La ausencia de reparos dio paso a un aplauso general al texto que tendrá fuerza legal cuando lo ratifiquen, al menos, 55 de los países que sumen el 55 % de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero. El plazo de ratificación se extenderá entre el 22 de abril de 2016 y el 21 del mismo mes del año siguiente. La sede física de la ratificación será la ciudad de Nueva York que acoge la sede la ONU.
Sin embargo, aún hay un exceso de euforia en los primeros análisis pues están demasiado apagados a las lecturas 'oficiales' hechas por los patrocinados del acuerdo. La que despunta como primera y más importante objeción es que quedan excluidas de la obligatoriedad del acuerdo las contribuciones concretas de cada nación a la mitigación de sus propias emisiones. Sin duda es una cuestión clave que debe entenderse en clave no muy negativa pues una vez que cada país fije su contribución exacta a la reducción de gases de efecto invernadero se convertirá en obligatoria desde un punto de vista internacional. Esta novedad debe analizarse con interés pues, de confirmarse, sería una gran diferencia si se compara con los dos grandes acuerdos previos; el citado Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de Copenhague de 2009. En ambos casos, los países firmantes no incluidos en los denominados 'anexos 1', fijaban acuerdos (más o menos cuantificarlos) de reducción de emisiones que no eran internacionalmente exigibles. Esto era tanto como evitar sanciones en caso de incumplimiento.
El acuerdo de París reforzará la transición de las economías del mundo hacia sistemas productivos poco contaminantes y, consecuentemente, menos dependientes de los combustibles de origen fósil (cuya combustión es la responsable principal de emisiones de gases de efecto invernadero). Desde la perspectiva empresarial sigue en la línea de ofrecer oportunidades a las empresas que promueven mejoras en el ahorro de consumo energético y en la producción de energía limpia; esto último es compatible con un previsible retorno de algunos países al uso de la energía nuclear. En cualquier caso, estamos todavía muy influidos por las lecturas triunfalistas del Acuerdo de París.

ALTO RIESGO DE FERTILIDAD (José Manuel Cansino en La Razón el 7/12/2015)

El título de este artículo no es ningún juego de palabras. Es la descripción fría de una mujer joven por parte del Departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa privada o entidad pública cuando utiliza el contrato laboral para incorporar a una trabajadora a su plantilla. La descripción, que naturalmente no dejará huella en ningún informe, equivale a estigmatizar al candidato ante una eventual contratación .



Cuando el estigma se conjuga a la vez que las aspiraciones a desarrollar una carrera profesional o a la necesidad de procurarse el sustento vital o familiar, el resultado nos conduce a la estadística que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística; ya son más las personas que fallecen en España que los niños que nacen. Entre enero y junio de este año murieron 225.924 personas frente a los 206.656 nacimientos. El resultado es un crecimiento vegetativo negativo de - 19.268 personas. Esto es lo que hay y, sobre todo, es lo que se espera para los próximos años.
España envejece irremediablemente. La tasa global de fecundidad (número de hijos por cada 1000 mujeres) sigue bajando año tras año; 42.1 en 2010, 41.2 en 2011, 40.1 en 2012 y 38.2 en 2013 si nos limitamos sólo a los últimos años. La crisis económica sólo ha acentuado una tendencia que ya existía antes. El perfil demográfico español no tiene su única causa en la crisis; obedece a un cambio de valores en la sociedad en los que las carreras profesionales se han impuesto a la creación de una familia retrasando la edad a la que se tiene el primer hijo que ya supera los 32 años en promedio.
Pero seamos honestos. Si la contratación de una mujer con el estigma de "alto riesgo de fertilidad" es un desincentivo para el empleador y al mismo tiempo la sociedad valora como un beneficio colectivo el rejuvenecimiento de la población, ¿por qué no garantizar la natalidad compensado a las empresas de forma que el desincentivo desaparezca? ¿Acaso no es la misma lógica que se aplica cuando se subvencionan a las empresas que cambian su sistema productivo para contribuir a la preservación del medio ambiente? ¿Queremos un medio ambiente preservado pero sin población que lo disfrute? 
Resulta evidente que la legislación laboral protectora de la mujer embarazada no ha sido suficiente para garantizar la igualdad de condiciones al acceso de trabajo entre mujeres y hombres jóvenes. Por tanto y salvo que queramos seguir por la senda del suicidio demográfico de España ¿no es momento de poner en marcha mecanismos compensatorios que acaben con esta discriminación tan repugnante como extendida?

Ahora que tantos ríos de tinta se vierten en demanda de la "constitucionalización" de todo un abanico de derechos, apena ver las escasas líneas que se dedican al problema del envejecimiento de España. Para mayor abundamiento invito a prestar atención a contar los minutos que dedican los candidatos a presidente del gobierno a esta cuestión en radio, televisión, entrevistas en prensa o mensajes en redes sociales. Pocos ¿verdad? Igual es porque la propia sociedad española prefiere creerse eternamente joven a base de tratamientos antienvejecimiento.

miércoles, 2 de diciembre de 2015

LA CONSEJERA DE HACIENDA SE QUEDÓ (José Manuel Cansino en La Razón el 30/11/2015)

Fue el pasado miércoles 25 de noviembre en la sede de la Cámara de Comercio ubicada en la sevillana Plaza de la Contratación. El día antes adelantaron la hora de inicio para ajustarla a la agenda de la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, la Sra Montero. Llegó puntual con todo su equipo, lo que los anglosajones llaman el "staff" y a diferencia de la extendida práctica de la clase política de inaugurar jornadas como quien inauguraba pantanos o tocar la campana para iniciar la sesión bursátil e inmediatamente irse, la Sra Consejera se quedó durante toda la jornada porque reconoció que tenían mucho que hacer y aprender en materia de federalismo fiscal o financiación autonómica.



Su intervención fue diáfana y clara a favor de la cohesión nacional y de un sistema de financiación en el que el criterio de la población pesara aún más en el reparto de los recursos. Esta ha sido un reivindicación tradicional de los gobiernos socialistas en Andalucía, la novedad ha sido sumar a este criterio -que no es unánime entre los expertos pero sí legítimo- el del derecho de todos los españoles a recibir los mismos servicios públicos sea cual sea su lugar de residencia. 
Es de lamentar que se haya tenido que esperar al desafío separatista catalán para que una parte significativa del PSOE se despoje del complejo de vasallaje al nacionalismo. Un vasallaje que también ha sido ejercitado por el PP y que a la postre demostró que las demandas nacionalistas son, casi por definición, infinitas e insaciables.
La Consejera demanda aumentar el acceso a la financiación de la deuda andaluza a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) justo coincidiendo con la pugna entre el Ministerio de Hacienda y una asfixiada Hacienda catalana. No está demás recordar que esta herramienta de financiación es una herencia de los años en los que las haciendas autonómicas tenían muy reducidas las posibilidades de emitir deuda pública en los mercados internacionales. Salvo para Cataluña, cuya deuda está al nivel del bono basura, cada vez es más accesible entrar en estos mercados (aunque pagando tipos más altos de los que paga el Tesoro español) de manera que hay que plantearse en qué momento debe desaparecer el FLA que no deja de ser una herramienta de financiación de urgencia.
El seminario sirvió también para contrastar el discurso nacionalista catalán en materia de financiación con el discurso de la cohesión. Las intervenciones de la profesora Maite Villalta de la Universidad de Barcelona y de la doctora Ana Herrero de la Universidad Nacional de Educación a Distancia mostraron claramente las discrepancias. La diferencia fue nuevamente, que el discurso victimista del nacionalismo catalán incontestado durante décadas es desmontado en cada foro riguroso como esta jornada que diseñó el Centro de Estudios Andaluces; un centro cuyas cotas más altas de contribución a la ciencia económica las alcanzó con el liderazgo de los investigadores Joaquín Aurioles de la Universidad de Málaga y de Ignacio García de la Universidad Pablo de Olavide. Precisamente el profesor García comparte ahora su trabajo con el centro de investigación FEDEA en el que coincide con Ángel de la Fuente, uno de los mejores economistas españoles y artífice determinante del desmontaje del discurso nacionalista cuando publicó las balanzas fiscales junto con Ezequiel Uriel y Ramón Barberán.

El modelo de financiación autonómica debe revisarse a la luz de análisis rigurosos como los presentados el pasado miércoles pero es un error orientar el debate sólo a conseguir mayores recursos. Pocos discuten que sin el sistema educativo en manos del nacionalismo separatista, el desafió catalán no se sustentaría. Es inaplazable, por tanto, rediseñar las competencias educativas en España de forma que no acaben siendo herramienta de enfrentamiento sino de crecimiento en las competencias y calidad en la formación de los estudiantes. De la misma forma que ahora se están abandonando los vasallajes al nacionalismo, hay que tener altura de miras para que servicios públicos determinantes como la educación al tiempo que tengan un espacio para las particularidades regionales, estén blindados al adoctrinamiento en el odio al de enfrente. Las comunidades autónomas deben ser generosas en este punto igual que el resto de actores, familias y profesionales de la educación, en aras de superar el enfrentamiento interno.

domingo, 29 de noviembre de 2015

CAEN LOS SALARIOS EN ANDALUCÍA (José Manuel Cansino en La Razón el 23/11/2015)

'Convergencia' además de parte del nombre del partido político que, coaligado, sostiene el desafío secesionista fue el sustantivo más utilizado durante décadas por los labios de los responsables de la política económica española. Para el conjunto de la Nación española, converger con la renta media europea fue el objetivo que llenó hojas y hojas de programas y planes preñados de voluntad de crecimiento económico. Para los diferentes representantes políticos andaluces, converger con la renta promedio española ha sido también un objetivo crucial, aunque un objetivo en todo caso intermedio porque la renta media europea siempre quedaba más lejos.



Esta semana se derramaba un jarro de agua fría que apenas ha mojado el papel impreso ni consumido casi ningún minuto de tertulia. El salario medio percibido en Andalucía ha aumentado su lejanía con el promedio del conjunto de España a un nivel aún más bajo que el registrado en 1999. Los datos proceden de la estadística “Mercado de Trabajo y pensiones en las fuentes tributarias”. Se trata de una investigación de carácter censal basada en la Relación de Perceptores de Salarios, Pensiones y Prestaciones por Desempleo que presentan los empleadores mediante la Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo (Modelo 190). Esto significa que los datos no proceden de una “Encuesta” como los datos de “Costes laborales” que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) sino que proceden de datos “censales”, esto es, de todos los “Modelo 190” que los empleadores han presentado a la Agencia Tributaria. Son datos más fiables, baste decir que los datos que ofrece el INE no capturan la bajada de salarios que se ha registrado estos años; esta información sí lo hace.
La buscada convergencia con la media española, la reducción de la distancia respecto al nivel promedio del resto de España alcanzó su máximo en 2007.

Año Media española Andalucía % Andalucía sobre España
1999 12719 10092 79,3%
2000 13279 10467 78,8%
2001 13932 10961 78,7%
2002 14370 11428 79,5%
2003 14963 12032 80,4%
2004 15658 12778 81,6%
2005 16018 13182 82,3%
2006 16849 13962 82,9%
2007 18087 15010 83,0%
2008 18996 15592 82,1%
2009 19085 15566 81,6%
2010 19113 15468 80,9%
2011 19102 15375 80,5%
2012 18601 14759 79,3%
2013 18505 14473 78,2%
2014 18420 14365 78,0%
Fuente: Mercado de Trabajo y pensiones en las fuentes tributarias

Aquel año previo al estallido de la 'Gran Recesión', el salario promedio percibido por los empleados andaluces era el 83 % del promedio nacional (18.087 euros anuales percibía, en promedio un trabajador español no muy lejos de los 15.010 recibidos en Andalucía). Ahora el salario promedio recibido por un trabajador en Andalucía sólo alcanza al 78 % del recibido en promedio en España (14.365 frente a 18.420 euros anuales). Este nivel se sitúa incluso por debajo del registrado en 1999, fecha del inicio de la serie de datos. En ese año, el salario promedio andaluz era el 79.3 % de la media nacional. Los salarios pagados en Andalucía no sólo han dejado de converger en los años de la ‘Gran Depresión’ sino que su divergencia respecto de la media nacional ha sido muy acentuada. Nunca ha habido tanta diferencia entre 1999 y 2014 (último año para el que existen datos).
La conclusión más inmediata que el análisis económico ofrece es que la devaluación interna (respuesta a la crisis bajando los salarios internos de un país) ha sido mayor en Andalucía que en el resto de España. Extremadura ha seguido una tendencia similar.
Analizado por provincias, la oleada para 2014 hecha pública esta semana pasada no deja lugar a dudas, en el extremo de la tabla con salarios más bajos aparecen cuatro provincias andaluzas: Jaén (11.935 euros), Huelva (12.289 euros), Córdoba (13.096) y Almería (13.160 euros). Son las que menos salario tienen de toda España.
Sólo un ritmo de crecimiento regional sostenido durante años y marcadamente por encima de la media nacional podría lograr la convergencia pero, incluso así, no bastaría. Se necesitaría un profundo cambio en la estructura económica andaluza hacia sectores con salarios más altos como los propios del sector industrial.

Nada de esto se espera. El panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía con el profesor Manuel A. Hidalgo al frente, estima que el crecimiento de Andalucía en 2016 será del 2,4 %, algo inferior al de España, previsto por diversos organismos en torno al 2,7 %. 

BRASIL Y CHINA (José Manuel Cansino en La Razón el 16/11/2015)

El servicio de estudios del BBVA, uno de los centros privados más influyentes a la hora de elaborar predicciones económicas, acaba de reafirmarse en que es un poco menos optimista que el Gobierno sobre la velocidad de nuestra recuperación; creceríamos al 3,2% para el conjunto del 2015 (frente al 3.3 % del Ministerio de Economía) y al 2,7% en 2016 (al 3 % según el Gobierno). El foco de la explicación se vuelve a poner en el posible freno de la demanda mundial. En ello nos centramos en este artículo.



No obstante, no pueden pasarse por alto dos hechos igualmente relevantes pero sin apenas impacto en el análisis del BBVA. El primero es que mientras que el informe de este banco sostiene que el desafío independentista no impacta claramente en las perspectivas de crecimiento, el presidente de los empresarios señalaba estos días que son muchas las empresas que están demorando decisiones de inversión hasta que no termine de resolverse el pulso separatista. Para ser exactos, el presidente Rosell afirmó que muchos empresarios están instalados en el 'Wait and see' (esperar y ver) antes de arriesgarse con nuevas inversiones.
El segundo hecho es el posible impacto de los atentados masivos del islamismo radical en París. Aunque naturalmente estos hechos no se contemplan en el estudio del BBVA, no cabe duda de que los riesgos geopolíticos afectan a los incentivos y a la confianza para la inversión en Europa y en cualquier otra zona bajo amenaza. Ahora bien, de reconocer esto a llevarlo a estimar su impacto en el crecimiento hay una notable diferencia.
Los interrogantes sobre la demanda internacional a los que se refiere el BBVA y otros analistas se ciernen principalmente sobre Brasil y China; dos de los conocidos miembros del club de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Por tamaño, relaciones con España y tipos de desequilibrios, ambas economías muestran importantes diferencias.
Brasil ha pasado de crecer a un ritmo promedio del 4.5 % entre 2007 y 2011 (en plena gran recesión de las economías occidentales) a esperar un crecimiento negativo del -0.9% para 2015 (justo cuando se afianza la recuperación de economías como la española). La economía brasileña muestra un notable crecimiento de sus precios -un 7.7 %-, un déficit fiscal previsto del  5.3 % del PIB, un déficit por cuenta corriente que en apenas cuatro años ha pasado del -1.4 al -3.7 % del PIB y un nivel de endeudamiento aún reducido. Pero los dos principales problemas de la economía brasileña son la corrupción que azota al gobierno y la caída del precio de las materias primas. El impacto de la crisis brasileña se dejará sentir, principalmente, en Hispanoamérica y más a modo de rebote en España.
Las amenazas sobre la economía china son más serias y sobre ellas hay dos tesis interpretativas muy diferentes 1) que está en la parte baja de un ciclo pero tiene recorrido para volver al 8% de ritmo de crecimiento o 2) que China está en la misma fase en la que entró Japón hace más de veinte años a lomos de una burbuja inmobiliaria, crediticia y de valores bursátiles. Lo que sí se constata de momento es que cae la inversión china y eso representa el 50% de la demanda. Añadamos que la peculiar y persistente crisis japonesa (su renta per capita no ha dejado de creer y su tasa de paro es muy reducida) aún sigue sin resolverse a pesar de tres de años de la 'Abenomics' o política económica impulsada por el primer ministro Shinzo Abe desde 2012.

El resumen es que si los países emergentes entran en recesión no coyuntural, lo vamos a notar en una menor tasa de crecimiento en mitad de una sociedad que lleva muy mal lo de esperar más tiempo antes de montarse de nuevo en el 'taco' del ladrillo. Un tiempo que, por supuesto, difícilmente volvamos a contemplar.

TRES NOCHES, UN PASAPORTE (José Manuel Cansino en La Razón el 9/11/2015)

Acampó durante tres noches delante del edificio del Registro Civil. Tenía el permiso de estudios concedido para ampliar su formación en Estados Unidos. “In extremis” consiguió el pasaporte. Otros no tuvieron tanta suerte. Trabajos que se han frustrados o retrasados. Personas que no pueden salir o que no pueden regularizar su residencia. Niños que nacen y que son administrativamente invisibles; difuntos que se mueren pero permanecen en vida en pleno mes de las ánimas benditas. Nada de esto me invento. Es la realidad en la que vive inmerso Chile desde hace casi un mes como resultado de la huelga de los funcionarios del Registro Civil.



El ejemplo viene a cuento no sólo de la importancia que Chile tiene para muchos españoles que, como yo, desarrollan allí parte de su trabajo; también para no pocas empresas españolas que están presentes en este país sudamericano. Pero sobre todo, es un ejemplo de la importancia que la credibilidad de las instituciones tiene como determinante del desarrollo económico y bienestar de las personas.
Pero los economistas que han estudiado la influencia de las instituciones en el desarrollo económico utilizan una definición más amplia que las limita a las instituciones públicas. En la afortunada definición de North de 1990, las instituciones de una nación son las reglas de juego imperantes. La estabilidad de las instituciones descansa en la confianza de que las reglas no serán subvertidas. En todo caso pueden ir cambiando con el tiempo pero no abruptamente sin que ello suponga, como se dijo con acierto, mantener las instituciones aunque sean injustas o subvertirlas, aunque al hacerlo se arrastren muchas cosas buenas. Pero si, además, las instituciones o reglas del juego son buenas, entonces estarán asociadas inequívocamente a mejores niveles de desarrollo y de bienestar.
El problema aparece cuando se pierde la confianza en la estabilidad de las instituciones; cuando su permanencia no resulta creíble. Por ejemplo, llevado a un terreno práctico, cuando los episodios de nacionalización no son desconocidos o llegan a ser frecuentes en un país, difícilmente la inversión privada va a estar presente en sectores susceptibles de nacionalización. Algo parecido ocurre cuando un sistema de precios garantizados de pronto deja de serlo con implicaciones financieras determinantes para proyectos a largo plazo. De alguna forma esto es lo que ocurrió en España con el final del sistema de primas a las energías renovables.
Con la credibilidad de las instituciones ocurre algo muy parecido al honor o a la reputación; tarda mucho en forjarse y muy poco en perderse. No cabe duda, que la imagen exterior de Chile se ha visto deteriorada por esta situación de paralización de un servicio público tal crucial.
Las empresas son también conscientes de esto y los profesionales también. Si hoy viajas a Chile los chilenos dan por sentado que o eres profesor universitario (el sistema universitario chileno ofrece muchas oportunidades a quien está en posesión de un doctorado) o eres ingeniero; en este último caso o trabajas en alguna de las empresas de ingeniería civil o lo haces para una empresa de energía renovables. Curiosamente, buena parte de los países sudamericanos asocian inmediatamente las energías renovables a las empresas españolas de la misma forma que la calidad de los coches mantiene a las marcas alemanas muy presentes. Quizá, los responsables de la “marca España” deberían incorporar en su “portafolio” al capital humano investigador formado en las universidades españolas además de aquellas marcas y productos tangibles.

Caminar en el fortalecimiento de las buenas instituciones españolas –en ese sentido amplio que usaba North en su definición- es crucial para nuestro futuro. En ese sentido, la corrupción transversalmente extendida y las amenazas secesionistas deben ser resueltas de forma creíble. De lo contrario, lo vamos a pagar todos como ahora los chilenos están soportando el conflicto de los trabajadores del registro civil.

LA ENERGÍA ANDALUZA Y EL DESAFÍO DE PARIS-LE BOURGET (José Manuel Cansino en La Razón el 2/11/2015)

En numerosas cuestiones, pero también en las energéticas y medioambientales, las autoridades públicas toman decisiones paralelas (a veces contradictorias y otras coherentes) en dos niveles muy diferentes. Lo que se intentará acordar en París en unos días y lo que se ha aprobado en Andalucía hace poco es un magnífico ejemplo de lo que decimos.



Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre próximos, la mayoría de los países del mundo intentarán llegar a un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kyoto. El marco de negociación que acogerá tal desafío será la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), o COP21, que se celebrará en Paris-Le Bourget. Congregará aproximadamente 40.000 participantes - delegados que representarán a cada país, observadores, miembros de la sociedad civil. Para nuestro país vecino se trata del mayor evento diplomático que haya acogido, además de ser una de las mayores conferencias climáticas que jamás se haya organizado.
La Conferencia de las Partes es el "órgano supremo" de la CMNUCC y se reúne anualmente. Los países que se han unido a la CMNUCC se denominan "Partes de la Convención".
¿Qué es lo que va a abordar el futuro acuerdo? Resumidamente deberá tratar sobre la mitigación o disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 2°C. Pero también tratará sobre la adaptación de las sociedades a los cambios climáticos ya existentes; esta es una importante novedad respecto al texto de Kyoto. Si los países llegan a un acuerdo el texto que sustituya al Protocolo de Kyoto entrará en vigor a partir de 2020.
La estela de fracasos de las COP anteriores ha hecho que se ponga en marcha un interesante mecanismo previo a la reunión orientado a facilitar el acuerdo sobre el conocimiento previo de hasta dónde debe está dispuesto a llegar cada país en el momento de asumir compromisos. Este mecanismo consiste en que cada país ha debido publicar, antes de la COP21, un documento denominado “contribución nacional” (“INDC” en su acrónimo en inglés) donde presente los esfuerzos que está dispuesto a asumir. Este tipo de ejercicio constituye una gran novedad en las negociaciones climáticas internacionales.
A menos de 30 días de la COP21, en torno a 150 países han hecho públicos sus compromisos destinados a limitar los efectos del cambio climático. Hasta ahora, el conjunto de las contribuciones nacionales cubre más del 90% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero. Esta es una movilización sin precedentes.
Las contribuciones nacionales están redactadas a partir de tres principios: Ambición, diferenciación y transparencia.
Ambición: la vocación de las contribuciones consiste en superar los compromisos actuales de los Estados. Los compromisos actuales se inscriben en el marco del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto (este es en particular el caso de la Unión Europea), o bien corresponde a las acciones nacionales voluntarias suscritas de conformidad con el Acuerdo de Copenhague y los acuerdos de Cancún.
Diferenciación: Las contribuciones se examinan tomando en cuenta las circunstancias nacionales consustanciales a cada país. Los países menos avanzados y los pequeños Estados insulares gozan, en particular, de cierta flexibilidad en la elaboración de su INDC habida cuenta de su capacidad limitada.
Transparencia: Las contribuciones que han sido comunicadas por los Estados se publican a medida que entregan, en el sitio del CNUCC (http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php ).
Si lo anterior alude a lo que se cuece a nivel planetario, en el ámbito doméstico y local también hay hechos relevantes recientes. El Gobierno regional andaluz ha aprobado en octubre de 2015 la Estrategia Energética de Andalucía 2020. Un documento calificado como “estratégico” que recoge las líneas principales de la política energética andaluza en el horizonte 2020, esto es, justo antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo internacional de llegar a firmarse en París. La Estrategia Energética de Andalucía propone cinco objetivos a 2020: reducir un 25% el consumo tendencial de energía primaria, aportar con energías renovables el 25% del consumo final bruto de energía, descarbonizar en un 30% el consumo de energía respecto al valor de 2007, autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables y mejorar un 15% la calidad del suministro energético.

Los objetivos del gobierno regional son coherentes con la estrategia internacional de caminar hacia una economía baja en emisiones de carbono. Los profesionales que trabajan en esto a nivel regional saben de lo que hablan. Algunos de ellos publican en revistas científicas internacionales aunque su prestigio científico y técnico no siempre vaya parejo con el nivel de responsabilidad que ostentan. La paradoja es, sin embargo, que la mayoría de los objetivos del plan regional escapan del ámbito competencial andaluz. Las actuaciones locales en materia de política energética o de mitigación son muy cuestionables cuando lo que se abordan son temas de ámbito nacional o peninsular –el sistema energético- o globales –el cambio climático-. Un modelo de gestión consorciada de las autoridades regionales con las autoridades españolas en materia energética y medioambiental sería una buena manera de seguir avanzando hacia el logro de objetivos plausibles.

NUESTRAS DEUDAS ANTES Y DESPUÉS DE LA CRISIS (José Manuel Cansino en La Razón el 26/10/2015)

Ángel Berges y Sara Baliña (ambos miembros de Analistas Financieros Internacionales) se preguntaron recientemente ¿quién debía a quién en la economía española?, esto es, apoyándose en un subtítulo que sonaba a pugna territorial al modo de las balanzas fiscales, se propusieron dibujar el mapa de la deuda en España. Desde luego, ambos autores han aportado un documento útil pues el origen de la crisis no se entiende sin la explosión del crédito y el consiguiente endeudamiento de familias y empresas. Pero la salida de España de la misma tampoco se entiende sin el vertiginoso desendeudamiento (o desapalancamiento) del sector privado. Tomemos algunos datos ilustrativos.



El documento de estos autores (publicado en Cuadernos de Información económica) señala que España comenzó la crisis con un fortísimo endeudamiento que, excluido el sector financiero, se situaba en algo más del 250% del PIB, al aportar empresas y familias más de un 210% sobre el PIB, es decir más del 80% de la deuda total viva en España. El resto era endeudamiento público que se situaba en torno al 41 % del PIB .
La crisis no ha reducido el volumen de endeudamiento pero sí ha cambiado muy considerablemente su composición. En junio de 2014 el volumen de deuda total superaba ya el 322% del PIB. Sin embargo, familias y empresas no financieras (esto es, todas las empresas menos los bancos y las empresas de seguros) había reducido su deuda al tiempo que el sector público la había elevado trepidamentemente.
En este comportamiento hay muchos aspectos llamativos pero respecto al sector público uno con frecuencia muy silenciado. Resulta que los tan agitados recortes en el gasto no han tenido una magnitud que se corresponda con la atención mediática que han recibido ni con la respuesta social. Para ser exactos, hemos llegado al 46% de gasto público/PIB en 2009 partiendo de una cifra previa a la crisis de poco más del 38%. En 2014 la cifra se situó en 43.5%. Este cálculo excluye las ayudas a la Banca y además hay que considerar que si bien la crisis ha provocado una fortísima elevación del desempleo, el impacto sobre el PIB ha sido mucho más pequeño.
El ajuste a la baja del endeudamiento privado ha corrido parejo en el tiempo pero por detrás en magnitud al progresivo endeudamiento público. Como señalan los autores del informe, España es el país que más ha reducido su endeudamiento privado, y lo ha hecho en unos 40 puntos de PIB. Naturalmente, para las familias, en términos de renta disponible supone una mejora sustancial, ya que en 2008 la deuda de los hogares superaba en 1,3 veces su renta frente a 1,13 veces en 2014. 
Las familias tienen como principal acreedor a los bancos tanto ahora y al comienzo de la crisis. Aquí no ha habido ninguna novedad. Salvo las correspondientes a aplazamientos de pago en operaciones comerciales (auténtico quebradero de cabeza para empresas como El Corte Inglés), las deudas de las familias están mayoritariamente en préstamos bancarios, bien en préstamos hipotecarios o en la de financiación al consumo.
 En el caso de las empresas privadas no bancarias (sociedades no financieras), lo más relevante que encuentran los autores del estudio es el importante descenso en la deuda interempresarial, que se ha reducido en unos 270.000 millones. Su acreedor sigue siendo el sistema bancario. La estrategia del Banco Central Europeo de financiar la compra de títulos de deuda pública por los bancos comerciales para que los inversores se fueran a comprar títulos privados y reactivaran la economía no ha tenido éxito. Ahora la deuda pública está en manos de los bancos comerciales pero la economía real no ha funcionado.
El gran crecimiento del endeudamiento ha estado en las AA.PP., con unas deudas antes de la crisis de unos 430.000 millones (41 % del PIB), de los que casi un 50% (210.000 millones) tenían como contrapartida directa al resto del mundo, unos 165.000 millones a bancos, y unos 56.000 millones a fondos de inversión. Ahora la deuda supera el 100% del PIB y está, principalmente, en manos bancarias y comprada con las inyecciones de liquidez que ha realizado el Banco Central Europeo.

La conclusión final es triple, 1) estamos más endeudados que antes, 2) las familias y empresas hemos reducido muchísimo nuestro endeudamiento pero las Administraciones Públicas lo han multiplicado y 3) La elevada bancarización de nuestro sistema financiero convierte a las entidades de crédito en la principal contrapartida de la deuda, tanto en el caso de la privada como de la pública.

INTERRÚMPANSE. ESCÁNDALO O DEBATE ECONÓMICO (José Manuel Cansino en La Razón el 19/10/2015)

¿Se imaginan a dos médicos oncólogos, frente a frente, utilizando cada uno un minuto para defender sus diferentes opiniones sobre cómo vencer a un cáncer mientras miles de telespectadores envían mensajes o participan en una encuesta sobre cuál de los dos lleva razón? Sólo la frivolidad al abordar un problema grave en ese marco mediático nos produce un profundo rechazo. Sin embrago, estamos acostumbrados a ver cómo cuestiones igualmente importantes como las pensiones -único ingreso de millones de españoles- o el desempleo -que aún doblega a más de cuatro millones y medio de compatriotas- se aborda desde la misma fórmula mediática que consideraríamos inadmisible para un cáncer.
La economía se ha vulgarizado en una medida no pequeña en la industria del entretenimiento audiovisual española. Esa industria a la que el periodista Alfredo Amestoy se refirió como interesada fundamentalmente en el escándalo pero no en la cultura y la belleza. 
Un hito, y ojalá, no sea de los pocos ha sido el libro 'Hablando se entiende la gente' de los economistas Daniel Lacalle, Emilio Ontiveros y Juan Torres. Con un magnífico quiebro a esta sociedad abonada al bronquismo en todos los temas y al etiquetado ideológico del interlocutor sin que importe la razón de sus argumentos, este libro ha alcanzado ya un importante éxito editorial apenas editarse.



Como no puede ser de otra manera en una Ciencia que es social, en absoluto exacta y a duras penas experimental, los diagnósticos y propuestas de sus autores son, con frecuencia, dispares. No voy a hacerles la 'faena' de resumir su contenido pero sí comentaré alguno de los aspectos que más he valorado.
El primero es la coincidencia en la necesidad de mejorar la productividad de los factores en España. El valor del producto por trabajador ocupado medido en términos reales (descontando la subida de precios) creció mucho en la década de los 60 del siglo XX pero desde 1990 no crece por encima del 1%. El dato lo aportó Ángel de la Fuente en la reciente reunión del Observatorio Económico de Andalucía.
La segunda coincidencia aparece en la recomendación de no aumentar las trabas administrativas o, en opinión del profesor Torres, fortalecer el mercado interno español para favorecer el consumo, es decir, reforzar la cohesión de España antes que levantar más barreras.
La tercera y última coincidencia que menciono es la denuncia del "capitalismo de amiguetes" que denuncian los profesores Lacalle y Torres como ejemplo de una economía necesitada de una competencia empresarial sana y de una desconcentración autorreproducible del poder económico en una pocas empresas.
Naturalmente los autores están en desacuerdo en otras muchas cuestiones a lo largo de un libro que, por formato y extensión, no es un vademécum o recetario de cómo terminar de superar la crisis. 
Como muestra de una discrepancia fina que está es el trasunto del libro está el papel que le corresponde al poder público y a la economía privada en la construcción de una salida sólida a la crisis. Por ejemplo, el profesor Torres recupera una cita del difunto economista Enrique Fuentes Quintana apelando al indiscutible papel de la política en la salida de la crisis. Fuentes Quintana, entre otras muchas responsabilidades, impulsó la sección de Economía del diario falangista 'Arriba', luego fue Vicepresidente del Gobierno de UCD y desde ese cargo, inspirador definitivo de los Pactos de la Moncloa. Probablemente la Ley de Memoria Histórica, antes o después, acabe retirando su nombre de los espacios públicos. La cita misma que aparece en el libro que comentamos es de un texto del 18 de julio -ojo al calendario- de 1977. Pero el debate de fondo y actual es ¿cuál es el papel que le corresponde al sector público (la política) y al privado (empresas y particulares) es el esfuerzo colectivo de la salida de la crisis?
La salida aún es incierta pero, desde luego, tendrá que nacer del consenso si se quiere fuerte y permanente. Precisamente todo lo contrario de lo que un periodista le recomendaba a los autores del libro antes de hacerles una entrevista: "interrúmpanse, interrúmpanse unos a otros sin ningún problema mientras yo les pregunto". Ese no es el camino. Si me apuran, ni siquiera el debate 'per se'. El camino es el de escucharse con ánimo constructivo.

Me quedo con una idea que parafrasea uno de los tres autores. Los interesados deberán leerse el libro para saber a quién atribuirla. "La pregunta no es quien nos va a permitir a los españoles salir de la crisis, sino quien nos lo va a impedir".

miércoles, 14 de octubre de 2015

ESPAÑA. ASIMETRÍAS CIERTAS Y ASIMETRÍAS IMPOSIBLES (José Manuel Cansino en La Razón el 12/10/2015)

Por desconocimiento o por ánimo de mentir, faltan a la verdad quienes sostienen que no existen derechos distintos (asimétricos) de los españoles dependiendo de la región en la que residen. Los hay actualmente.
Desde luego vascos y navarros disfrutan de regímenes de financiación abiertamente diferenciados del resto de regiones. Tan diferentes que basta dedicar unos minutos a comparar el gasto en educación por alumno que se pueden permitir estas dos regiones forales con el mismo dato en las denominadas regiones de régimen común.



Existen también diferencias evidentes en el régimen fiscal de las Islas Canarias y también las hay para Ceuta y Melilla. Precisamente estas dos ciudades ostentan, además, un estatus legal autonómico diferente como ciudades autónomas (curiosamente es ese estatus legal el que reconoce explícitamente su españolidad que, en cambio, no se incluyó en la Constitución). Para no extendernos más, existen también diferencias importantes en el funcionamiento del sistema eléctrico de las Islas Baleares.
El punto de partida, por tanto, para abordar las demandas de los independentistas catalanes es pues, reconocer que existen asimetrías bien de origen histórico bien por razones de compensación a los compatriotas extrapeninsulares que se fundamentan en la solidaridad del resto de la Nación española.
La segunda cuestión, en mi opinión, es si estas asimetrías son justas (en el sentido económico de equidad) o no. La opinión más extendida y cada vez menos indisimulada es que los regímenes de financiación forales están en el origen de un reparto inequitativo, desigual, de los impuestos recaudados que les permiten financiar con mucho más dinero los servicios públicos (esenciales y no tan esenciales) sobre los que tienen competencias. Tanto el pago que anualmente hacen por los servicios que la Administración General del Estado presta a sus ciudadanos (por ejemplo asistencia en el extranjero, seguridad nacional, etc) como su contribución solidaria con las regiones menos ricas (vascos y navarros tienen niveles altos de renta per capita), son pagos que se establecen por criterios políticos y no económicos. Es un secreto a voces.
El mantenimiento del sistema de financiación foral es inequitativo visto desde la perspectiva del resto de regiones españolas y sólo se mantiene por el frágil vínculo afectivo que mantienen con el resto de España. No es difícil imaginar que la denuncia del régimen foral vasco llevaría al PNV del independentismo contenido actual al secesionismo explícito. La batasunización actual de Navarra no auguraría nada diferente. Por tanto, la asimetría que suponen los dos regímenes forales en vigor se sostiene en la amenaza de la secesión pero en absoluto en su contribución a la justicia distributiva de los recursos públicos.
Si el abordaje de las demandas del independentismo catalán se hacen por la vía de reducir su aportación a la solidaridad con el resto de España (los aproximadamente 8.000 millones de euros/año que resultan de las balanzas fiscales), el resultado será inequívocamente insoportable. Baste recordar que en los denominados estatutos de autonomía de segunda generación (aquellos se nacieron de la reforma de los primeros aprobados tras la Constitución de 1978) rige la ‘cláusula Camps’ en virtud de la cual cualquier mejora que se le reconozca a una región, pasaría a incorporarse automáticamente a las demás.
El resultado sería un sistema de financiación en el que ninguna región con superávit fiscal contribuiría solidariamente a las deficitarias y la cantidad y calidad de los servicios públicos sería groseramente diferente dependiendo del territorio de residencia. Tengan esto claro quienes se dejan seducir por la idea ingenua de atender las demandas del independentismo catalán reduciendo su aporte a la solidaridad a una cifra simbólica como la que ahora pagan vascos y navarros.
Pero si el problema se aborda no desde una perspectiva estrictamente financiera sino también política, esto es, reconociendo a Cataluña un pretendido estatus de Nación, debe saberse que el independentismo no busca sólo un estatus de tal. Su exigencia es la de Nación Estado. Apliquen ustedes la ‘cláusula Camps’ y no resultará difícil imaginar una balcanización fulminante de España.
Las otras asimetrías actuales que nacen de la necesidad de compensar a los españoles que tienen limitaciones geográficas al acceso de los servicios públicos esenciales (por razón de su insularidad o extrapeninsularidad) no han provocado ningún rechazo social significativo. Tampoco pueden ser reivindicadas por los demás por la evidente razón de que esas peculiaridades geográficas no les atañen. Otros problemas como la dispersión demográfica, la diferente evolución de la pirámide demográfica o los movimientos migratorios dentro de España, ya se contemplan en el sistema de financiación y siempre están sujetos a lógica revisión.

La cuestión es si España debe caminar hacia el ahondamiento de las asimetrías entre españoles en el acceso de los servicios públicos fundamentales o si se debe garantizar de manera eficaz que servicios como la sanidad, la educación o la justicia –por citar sólo algunos- estén blindados frente a las pugnas territoriales. Para esto no basta con la razón. Es necesario reconstruir los afectos entre españoles y el reconocimiento de la Nación como marco que garantice nuestra libertad e igualdad en derechos. Desconfiemos de los profesionales de las pugnas territoriales. A menudo no buscan más que mantener sus propios privilegios financiados con el dinero de todos.

¿QUÉ HACER CON TANTO DINERO? (José Manuel Cansino en La Razón el 5/10/2015)

He oído decir a expertos analistas de la crisis que comenzamos a superar que la cantidad de dinero en sentido amplio (no sólo monedas y billetes) puesta en movimiento en Estados Unidos desde 2008 hasta ahora, supera en seis veces la que ha circulado desde 1944. En esta fecha se acordó por las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial, que el dólar estadounidense sería la moneda de referencia del sistema monetario internacional. La cuestión que ahora se plantea es ¿cómo se retira esta cantidad de dinero –en Estados Unidos y también en Europa- sin provocar una nueva crisis.
La expansión monetaria ha sido la principal herramienta para hacer frente a la Gran Recesión inaugurada en 2007. Las políticas de expansión del gasto público típicamente keynesianas tuvieron un escaso recorrido después de las reuniones del G20 en 2009 y 2010. Lo que vino después fue una expansión monetaria brutal y sin precedentes tutelada por unas instituciones –los bancos centrales- bastante ajenas al control democrático de los Parlamentos. De hecho, si las decisiones de inyectar liquidez al sistema bancario hubiesen tenido que pasar trámites parlamentarios largos como los típicamente europeos, aún estarían por aplicar la mayoría de las medidas. Naturalmente esto da qué pensar.
La realidad es que en poco tiempo y en Europa hemos multiplicado por cuatro la cantidad de dinero en circulación sin apenas impacto en el crecimiento y sin espantar claramente la deflación. La receta aplicada ha sido justo la contraria de lo que se hizo tras el crack bursátil en Wall Street el viernes 23 de Octubre de 1929. Es decir, se ha respaldado con inyecciones masivas de dinero a un sistema bancario que primero afrontó un grave problema de falta de liquidez y luego un problema a un más serio de crisis de solvencia o caída en picado del precio de sus activos (que eran títulos de deuda a favor de los bancos). Sin embargo, el resultado de esta gran expansión monetaria ha sido decepcionantemente pequeño.
La expansión monetaria primero consistió en inyectar dinero a los bancos, luego se bajaron los tipos de interés por parte del Banco Central Norteamericano (la FED) y luego el Banco Central Europeo (BCE), luego se compró deuda pública a través de los bancos privados, posteriormente se prestó dinero a los bancos y no a corto sino a tres años. No fue suficiente y se fue en Europa a la gran expansión cuantitativa. 60.000 millones de euros cada mes. Así lo ha resumido magistralmente el profesor Fernando Faces en el V encuentro del Observatorio Económico de Andalucía que preside Francisco Ferraro.
La cuestión ahora es que no se sabe cómo retirar esta gran cantidad de dinero. Retirar esta inmensa cantidad de liquidez no es nada fácil. Desde 2014 la FED se está pensando hacerlo sin saber cómo. En resumen, no conocemos el camino de vuelta.
Lo que sí es claro es que la FED está determinada a subir los tipos de interés para así retirar parte de la liquidez pero no se atreve.
La preocupante interpretación de los mercados del aplazamiento de subida de tipos de interés en EEUU ha sido que mal tienen que estar las cosas para que no se atrevan a subir los tipos. Como consecuencia, las bolsas han caído generalizadamente.
La convicción de parte de los analistas es que el dinero, en buena parte, se ha ido a los países emergentes a financiar un fuerte proceso de endeudamiento (apalancamiento) mientras que en Europa las empresas y las familias han ido paulatinamente desapalancándose.
Así las cosas, China juega ahora –junto con países como Brasil- el mismo papel de países fuertemente endeudados que a comienzos de la crisis jugaba EEUU o buena parte de Europa.
Es aquí donde se han encendido las alarmas ¿Qué le ocurriría a una China fuertemente endeudada si entra en recesión y los tipos de interés, finalmente, suben? El problema puede ser mayúsculo y, desde luego, está obligando a enfriar las buenas expectativas de crecimiento de países como el nuestro.
Bien es cierto que una buena parte del endeudamiento chino es con el ahorro interno, menos expuesto a una subida internacional de tipos, pero si la recesión china no es coyuntural sino fruto de la explosión de una fuerte burbuja inmobiliaria que coincide con el parón de la economía brasileña, entonces, el problema no va a ser pequeño y es posible que la subida de tipos de interés se aplace. De ser así, Occidente seguiría con una gran cantidad de dinero circulando sin que se traduzca en una recuperación económica fuerte.


martes, 22 de septiembre de 2015

LO QUE CATALUÑA VENDE EN ANDALUCÍA (José Manuel Cansino en La Razón el 21/9/2015)

Cataluña vende en Andalucía bienes y servicios por valor de 4.715 anuales. Así ocurrió en el año 2011, último para el que ha dispuesto de datos el detallado informe elaborado por Convivencia Cívica Catalana. Esto significa que Cataluña vende casi tres veces más en Andalucía –con 8.4 millones de personas- que en Estados Unidos (donde residen más de 300 millones de habitantes). Unos resultados similares se obtienen comparando los números con el Reino Unido y con Turquía. Cataluña “exporta” cerca del doble a Andalucía que a Gran Bretaña y cuatro veces más que a Turquía, país con casi 75 millones de ciudadanos.



El resultado se puede extrapolar al total de regiones españolas y del mundo. Cataluña vende más en el en resto de España (61.134 millones de euros) que al conjunto de países del mundo (60.526). Esta situación es particularmente clara para las provincias de Lérida (vende un 43 % más al resto de España que al extranjero) y de Tarragona (vende al resto de España el doble que al extranjero). Pocas veces el análisis input-output ofrece datos tan rotundos como el que incluye el informe de Convivencia Cívica Catalana a partir de datos oficiales del propio Instituto de Estadística de Cataluña.
Los datos son aún más reveladores sobre el impacto perverso que tendría una hipotética secesión si se analizan con un poco más de detalle. Por ejemplo, las principales empresas exportadoras catalanas no son netamente de la región sino filiales españolas de multinacionales que se ubicaron en Cataluña por razones logísticas de proximidad a sus matrices. Esto es, su objetivo último es vender en todo el territorio español. Por esa razón el informe señala que serían candidatas a una “deslocalización” hacia otras regiones españolas en caso de un proceso de secesión. Sobre el informe de Convivencia Cívica podemos añadir que el 43 % de las importaciones catalanas proceden de cincos países europeos (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido) cuyos productos, en buena medida, luego se “reexportan” a otras regiones españolas. Naturalmente, una Cataluña fuera de la Unión Europea dejaría de ser una localización idónea para empresas filiales de matrices europeas; la diferente moneda y el riesgo de variaciones en el tipo de cambio lo desaconsejarían.
Los diseñadores del proceso secesionista no ignoran esto ni tampoco la probable reacción de los consumidores del resto de España si el proceso sigue adelante. No obstante, en los documentos oficiales minimizan lo que denominan “represalias comerciales contra el nuevo Estado catalán”. Así lo recoge en la página 10 el documento “Las relaciones comerciales entre Catalunya y España” elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional de la propia Generalidad; un órgano que sería ilegal en la mayoría de países democráticos y civilizados del mundo.
Pese a lo rotundo de este y de otros informes que se han hecho públicos (quizá demasiado tarde), es posible que su impacto en el resultado electoral sea pequeño. El nacionalismo es un movimiento esencialmente emocional y no racional. En el caso catalán, y también en los casos vasco y gallego, ha crecido por ausencia de un contrapeso argumental de similar naturaleza. La explicación no es otra es el complejo de identidad casi secular que atenaza a la sociedad española. Un complejo que explica la reacción tardía e insuficiente ante los desafíos nacionalistas que por su propia naturaleza carecen de complejos muestra la visión pancatalanista y panvasquista. Ni siquiera en esta situación extrema los dos grandes partidos han dejado de exhibir sus diferencias frente a un desafío secesionista que ha aparcado visiones políticas radicalmente diferentes ante el objetivo común de la independencia.
Pero esa raíz emocional del nacionalismo es también su principal debilidad. La movilización permanente de parte de la sociedad sin logros concretos conduce a la frustración colectiva y, antes o después, se disuelve. Al mismo tiempo, la sanción del consumo español de los productos indentificados con Cataluña podría reeditarse provocando un importante daño a la industria catalana como ocurrió con la guerra del cava o está ocurriendo con la salida de capitales de instituciones financieras catalanas. Este es un proceso en el que todos perdemos pero, particularmente, los trabajadores que pierden sus empleos y las familias que ven truncado su futuro.

El próximo sábado 26 de Septiembre se han convocado varias concentraciones y actividades promovidas por movimientos cívicos para llamar al sentido común, a la convivencia y al futuro de todos los españoles. En Sevilla lo ha hecho el Club Jovellanos a las 12.00 horas en la Plaza Nueva. Yo me lo he anotado en la agenda.

lunes, 14 de septiembre de 2015

¿POR QUÉ SE ABARATA EL PETRÓLEO? (José Manuel Cansino en La Razón el 14/9/2015)

El precio del petróleo brent-el de referencia en Europa- puede caer hasta los 35 dólares por barril en 2016, un precio que supone una caída del 50 % en lo que va de año y que no cuenta con un episodio precedente hasta los años ochenta del siglo pasado. La caída del precio del crudo -que en países como España dista de traducirse en bajadas del precio del combustible- no es el único en caer en el conjunto de los precios de las materias primas.



Los expertos en el funcionamiento de la economía china que han aparecido como setas en este verano acostumbran a responsabilizar su ralentización de la caída del precio del petróleo. Una sobre estimación de la demanda china -se afirma- es la principal explicación para el comportamiento internacional del crudo a lo que ha contribuido la devaluación del yuan (la moneda china) frente al dólar (moneda de referencia en el mercado mundial del petróleo). La realidad es mucho más compleja y en ella irrumpen nuevos factores.
El factor principal conjunto con el menor crecimiento chino es la sobre producción de los pozos de Arabia Saudita, principal país exportador de crudo del mundo. La pregunta es inmediata ¿que gana este país actuando contra su principal fuente de ingresos? Pues pretende conseguir dos objetivos; el primero frenar el abandono de EEUU de Oriente Medio. El gobierno estadounidense quiere salir del avispero de Oriente Medio para centrarse en el control de su nuevo gran rival: China. Así lo ha explicado con acierto Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique. Parte de esa estrategia de abandono de Oriente Medio ha sido el acuerdo entre los 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), e Irán entorno a su programa nuclear. Este acuerdo torpedea la alianza Rusia-China-Irán y relaja las sanciones comerciales al régimen de Teherán permitiendo volver a exportar su petróleo en 2016 a cambio de renunciar a exportar su modelo de revolución islámica. Es interesante leer el análisis sobre esta cuestión de Cristina Sánchez en el espíadigital.com 
El segundo objetivo de la estrategia de hundir el precio del crudo de Arabia Saudita es poner fuera del mercado el petróleo no convencional puesto en explotación principalmente por Estados Unidos. Y es que con un precio del barril de petróleo en torno a los 40 dólares, los yacimientos no convencionales parecen no ser rentables con lo que los saudíes asfixiarían a estos competidores en un par de años. La realidad, sin embargo, demuestra que la producción de gas no convencional no se ha detenido.

Los más probable es que se prolongue durante todo 2016 un escenario de precios bajos no sólo para el petróleo sino también para buena parte de las materias primas (lo que supondría un revés notable para la industria extractiva andaluza). Este escenario, naturalmente tendrá consecuencias redistributivas entre países según perfiles de exportación o importación pero también sobre las actuaciones orientadas a la sustitución del uso del petróleo y sus derivados. Efectivamente, el principal incentivo para un ahorro en su uso es un precio elevado del petróleo. Un precio barato para los países que están dejando atrás la recesión es una tentación muy fuerte para unas economías que siguen siendo 'petroalcohólicas'.

domingo, 13 de septiembre de 2015

SE ACABÓ LA PENA (José Manuel Cansino en La Razón el 8/9/2015)

Terrazas llenas y las aceitunas relegadas de plato único a fugaz aperitivo; el consumo repunta sin miedo y con él el conjunto de la economía española que volvió a sumar otro 1 % de crecimiento entre abril y junio. Lo acaba de hacer público el Instituto Nacional de Estadística en la Contabilidad Nacional Trimestral. La recuperación de la economía española es un hecho. Pocos discuten que la tasa de crecimiento anual estará en torno al 3 % e incluso en Andalucía puede alcanzar el 3.1 % si se cumple la estimación de Analistas Económicos de Andalucía.



El consumo interno representa cerca del 60 % del PIB español, el resto es gasto en inversión realizado por las empresas (aunque incluye la compra de viviendas), el gasto público y la diferencia entre exportaciones y las importaciones. No obstante, esta es sólo una de las tres formas posibles de calcular el valor del PIB. 
El consumo crece por tres razones. La primera y más importante es porque se está generando empleo neto aunque, paradójicamente, la remuneración de los trabajadores representa ahora una menor proporción del PIB. En definitiva, el PIB también se mide por la suma de los beneficios brutos de las empresas (excedente bruto de explotación), salarios e impuestos netos de subvenciones. 
La segunda razón por la que las terrazas y, en general las ventas del comercio minorista aumenten más de un 4 % es que las familias han mejorado sus expectativas (el índice de confianza del consumidor) y perdido el miedo a gastar.
La tercera razón está en que las familias redujeron su endeudamiento durante los años más duros de la crisis y ahora, con nuevos empleos y tipos de interés bajos, vuelven a endeudarse. Un factor clave en este proceso es que los tipos de interés se mantengan bajos y para ello es necesario que el Banco Central Europeo siga con su política monetaria expansiva y que se mantenga el riesgo de deflación .  La variación en julio del IPC volvió a ser negativa (-0.9), también lo es la variación acumulada desde enero de 2015 (-0.1) y sólo la ínter anual (de julio de 2014 al pasado julio) es positiva (0.1).
Efectivamente, la caída de los precios sigue siendo una garantía contra la subida de los tipos de interés. A esto beneficia la caída en casi un 50% del precio del petróleo desde comienzos de año. La caída de la cotización internacional del petróleo influye en el precio de los carburantes derivados del petróleo (también en el gas), aunque su traslación no es paralela. En un año, el precio de la gasolina se ha reducido un 12% -hasta 1,25 euros por litro-, y el de diésel un 17%, hasta 1,09 euros.
La última forma para medir el PIB es a través de los sectores productivos. En esta ocasión el Instituto Nacional de Estadística arroja muy buenos datos para el sector de la alimentación (con una posición muy mejorada en la exportaciones a Alemania), un notable crecimiento de la industria -la gran debilidad de la economía española- y el buen ritmo de la construcción.
Desde un puntos de vista regional, esta recuperación económica se repartiría de forma desigual según la previsión de Analistas Económicos de Andalucía. Por provincias, Málaga es la que espera un mayor crecimiento en la producción (3,3%) seguida de Sevilla y Granada, ambas con un 3,2%, unas cifras que se sitúan por encima de la media regional prevista (3,1%).

Oportunidad tendremos, en unos meses, de comprobar si las buenas expectativas se cumplen.

sábado, 1 de agosto de 2015

Balanzas fiscales trucadas (José Manuel Cansino en La Razón el 27/7/2015)

Como el propio Ministerio de Hacienda subraya en su nota, ninguna nación del mundo con Administración descentralizada presenta unas cuentas territorialidadas con el detalle con el que España lo ha hecho en 2014 y 2015. Probablemente porque España sea una de las naciones a las que mayor complejo de serlo se le ha hecho sentir en las últimas décadas. Desde una Constitución -la de 1978- que a diferencia del Derecho comparado cercenó el uso del término Patria (sólo lo menciona en dos ocasiones) a un sistema electoral que sobre representa a los partidos locales, el resultado ha sido, hasta el año pasado, no publicar institucionalmente las cuentas territorialidadas para así permitir el enjuague de acallar al independentismo a golpe de transferencias singulares.
Sólo cuando el criterio de tres economistas solventes -Angel de la Fuente, Ramón Barberán y Ezequiel Uriel- fue oído por el Ministro Montoro, esta información se ha hecho pública y asumida por el Gobierno de España. Lamentable y probablemente aquí se agote la serie histórica de estos cálculos ante el más que previsible cambio de gobierno que se avecina.
Con los datos en la mano, el saldo fiscal de Andalucía mejora pasando de recibir en términos netos 7421 millones de euros en 2011 a 8531 millones en 2012. Téngase en cuenta que estos son los ejercicios presupuestarios sobre los que se han calculado las balanzas fiscales publicadas en 2014 y 2015, respectivamente. 
Si Andalucía mejora su saldo fiscal (diferencia entre los impuestos soportados por los residentes en esta región y el gasto público del que se benefician), Madrid es la principal región damnificada pasando de un saldo de -16723 a otro de -19723 millones de euros. Cataluña sigue desmintiendo el 'España nos roba' acuñado por el expresidente Pujol pues si bien reduce su saldo fiscal negativo de -8455 a -7439 millones, cuando se tiene en cuenta el papel del endeudamiento público, el color de las cifras pasan del rojo al negro.
El informe que hace suyo el Ministerio de Hacienda estima que los flujos redistributivos entre regiones ascendieron en 2012 a unos veintinueve mil millones de euros o un 2,8% del PIB español. También evidencia que los cálculos responden a una lógica económica y fiscal. Por ejemplo, los impuestos soportados por los residentes de los distintos territorios aumentan con el nivel de renta. En otros términos, los saldos fiscales regionales se deterioran según aumenta el nivel de renta. Más exactamente, el saldo fiscal de cada región tiende a empeorar según aumenta la renta per capita, de forma que los territorios más ricos generalmente presentan déficits fiscales mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávits.
Pero si bien las cifras muestran, para el caso específico de Cataluña, que el discurso victimista carece de rigor, el debate independentista hace ya tiempo que no se soporta sobre este pilar de supuesto 'parasitismo fiscal' del resto de España. El discurso independentista es pasional. Casi todo sentimiento nacionalista es irracional; emocional. Por eso, en su visión onírica de las balanzas fiscales, el plato donde se pesan sus contribuciones está trucado. Lleva trozos de plomo en el fondo, adosados para que falseen su medida. Es inútil esperar que el sentimiento independentista se diluya ante argumentos de tipo económico. Ni siquiera esto es de esperar entre la pragmática burguesía catalana en cuyas casas era frecuente despreciar a la lengua catalana por considerarla aldeana.
Hay que valorar bien el esfuerzo de publicar estas balanzas fiscales con el método riguroso de sus autores. Habrá que lamentar que tras el previsible cambio de gobierno, dejen de publicarse por el Ministerio para, quizá, pasar a publicarse por institutos de análisis privados como FEDEA. Pero siendo importante su contribución al debate territorial, no son el lenguaje que han impuesto los independentistas. Un lenguaje emocional que sólo recibe como respuesta los datos de la Encuesta de Población Activa.