Por primera vez Podemos va a participar
de la acción de gobierno, municipal y regional, de momento. De entre las
proyecciones que los analistas hacen sobre cómo afectará su influencia en las
decisiones políticas, sobresalen las centradas en la viabilidad de sus
propuestas económicas. En el caso municipal y con la salvedad de que Podemos
como tal no ha concurrido a los comicios sino a través de candidaturas a las
que ha respaldado, hay medidas ampliamente compartidas por las listas apoyadas
por esta formación. En concreto tres; el posible impago de la deuda, las
medidas anti desahucio y el rescate de la gestión de servicios municipales.
Una de las más conocidas es la exigencia
de una auditoría de la deuda municipal y la posible quita o repudio de parte de
ella. Encargar una auditoría de cuentas recién llegado al gobierno es práctica
relativamente habitual y sana (aunque sea enmendarle la plana a la Intervención
Municipal y al Tribunal de Cuentas). El propio Zoido lo hizo cuando llegó a la
alcaldía de Sevilla. Dejar de pagar ya es otra cuestión. Así las cosas, lo
primero que habría que preguntarse es ¿a quién dejarían de pagar los
ayuntamientos gobernados por o con influencia de Podemos? La respuesta es a los
bancos y al Tesoro. En el caso de Madrid, el 81.3 % de la deuda es con los
bancos así que, la medida consistiría en dejar de pagar al sistema financiero,
decisión que los tribunales de justicia impedirían fulminantemente. La única
opción sería la reestructuración de la deuda convirtiéndola en deuda a largo
plazo con tipos de interés más altos pero con unas cuotas mensuales más
reducidas. El otro gran acreedor de los ayuntamientos es el Estado a través del
dinero prestado con el Plan de Pago a Proveedores creado en 2012. Como el dinero
de este fondo se consiguió emitiendo deuda pública del Tesoro Español (los
ayuntamientos españoles no pueden emitir deuda), la quita pasaría por dejar de
pagar al Estado parte de lo que se tomó prestado. De ser así, y como ha
señalado el profesor José Carlos Díez, ¿tendrían el resto de españoles que
pagar la deuda repudiada por los ayuntamientos de Podemos? El precedente
sentado por el gobierno griego de Syriza es que la deuda acaba pagándose sin
quita y, acaso, con algo de reestructuración pero bastante cara.
La segunda medida es la
paralización de los desahucios. Es cierto que los ayuntamientos no tienen
competencia en esta materia (regulada esencialmente por una Ley aprobada por el
PSOE), pero sí la tienen a través de los servicios de asistencia social para
asumir el impago a los bancos vía subsidios a las familias en riesgo de
desahucio. Naturalmente esto es una nueva medida de gasto pero lo es para
atender a un problema que resume todo el odio generado por la crisis iniciada
en 2007. Efectivamente, subsidios para impedir que los bancos (responsables
determinantes de la burbuja con la connivencia de millones de pequeños
especuladores, no lo olvidemos) dejen sin techo a los que ya se quedaron sin
trabajo. Los economistas siempre señalamos que este tipo de medidas inducen al
problema del “riesgo moral”, esto es, que algunas familias puedan incurrir
deliberadamente en situaciones de impago a sabiendas de que serán rescatadas
por el gobierno municipal ya que no todos sus ingresos (economía sumergida) son
observables por la Administración. Sin duda, ante el “riesgo moral” que no
entienden ni siquiera muchos economistas y el drama de un desahucio, la
sociedad apoya –masivamente- este tipo de medidas.
La tercera medida es el rescate
de los servicios públicos externalizados (recogida de basuras, etc). La
reivindicación nace de una convicción general entre los inspiradores de estas
candidaturas; la mayor eficacia del Sector Público en la gestión. Acaso también
de otra convicción sólo extendida entre algunos de los líderes de la formación;
la antipatía al beneficio empresarial por considerarlo inequívocamente asociado
a una raíz de explotación laboral. En la primera incluso se ha querido ver una
suerte de Fascismo económico en palabras de Manuel Llamas (Instituto Juan de
Mariana). El rescate de los servicios públicos sólo es posible esperando a que
expire el plazo de la concesión administrativa o a través de una indemnización
a la empresa concesionaria. Este tipo de rescates, además de exigir un mayor
gasto a expensas de futuros e hipotéticos ahorros, convivirá durante el tiempo
de su puesta en marcha con protestas laborales de los trabajadores de las
empresas concesionarias a las que se retira la concesión.
Pero los gobiernos de Podemos no
deben ser analizados ni sólo desde la perspectiva económica ni con la urgencia
de convertirlos en anatema como han hecho no pocos analistas conservadores o
liberales comparándolos con ánimo peyorativo con el ideario de José Antonio
Primo de Rivera. Ya en la década de los 30 del siglo XX se hizo algo similar
cuando se pretendía asimilar a éste con Carlos Marx. No sólo es antidemocrático
sino también ridículo despreciar el voto de millones de españoles
atribuyéndoles insensatez económica severa. Juan Torres, uno de los
catedráticos de Economía inspiradores del programa económico de Podemos se
hacía eco recientemente de un análisis del catedrático austríaco Kurt Kratena
en el que comparando las políticas de austeridad y las que podrían asimilarse a
las de Podemos –ambas en un escenario de control de déficit público-; las
segundas salían significativamente mejor que las primeras. Sin duda los modelos
económicos cuantitativos hay que tomarlos con precaución, pero son mejor
herramienta de análisis que los anatemas.
Así como no puede sostenerse,
parafraseando al profesor Ferrán Gallego, que el Fascismo no fuera nada
distinto a la pura y simple emanación reactiva frente a la democracia,
protagonizada por escuadristas y militares a los que bastaba un atajo de
consignas para urdir la defensa miliciana de una Europa en peligro, tampoco
puede reducirse el fenómeno Podemos al voto protesta ayuno de cualquier viso de sensatez económica. Alfonso Lazo ha escrito es términos parecidos.
Yerran quienes se limitan a ver
sólo un populismo falangista en Podemos; a uno y otro planteamiento político
les separa la dimensión espiritual del segundo como se comprueba en la reciente
polémica periodística de los profesores Jon Juaristi y Manuel Parra. Pero a
saber si también les separa la idea de Patria pues si bien Pablo Iglesias la ha
incorporado a su discurso, está por ver, como ha señalado Fernando Paz, si sólo
se invoca frente a Bruselas al modelo de Syriza en Grecia pero no frente a una
“Generalitat” secesionista.
Juan Torres terminaba un reciente
análisis afirmando con razón “España no es propiedad de nadie y mucho menos de
quienes han provocado los problemas y ahora sólo buscan eternizar sus
privilegios”. En esa necesaria idea de una España ancha hosca a los privilegios
de la “beuatiful people” de los grandes partidos, sobran tanto los populismos
insensatos como la urgencia por convertir en anatema a todo el que no piense
como uno mismo.
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