CAEN LOS SALARIOS EN ANDALUCÍA (José Manuel Cansino en La Razón el 23/11/2015)

'Convergencia' además de parte del nombre del partido político que, coaligado, sostiene el desafío secesionista fue el sustantivo más utilizado durante décadas por los labios de los responsables de la política económica española. Para el conjunto de la Nación española, converger con la renta media europea fue el objetivo que llenó hojas y hojas de programas y planes preñados de voluntad de crecimiento económico. Para los diferentes representantes políticos andaluces, converger con la renta promedio española ha sido también un objetivo crucial, aunque un objetivo en todo caso intermedio porque la renta media europea siempre quedaba más lejos.

Esta semana se derramaba un jarro de agua fría que apenas ha mojado el papel impreso ni consumido casi ningún minuto de tertulia. El salario medio percibido en Andalucía ha aumentado su lejanía con el promedio del conjunto de España a un nivel aún más bajo que el registrado en 1999. Los datos proceden de la estadística “Mercado de Trabajo y pensiones en las fuentes tributarias”. Se trata de una investigación de carácter censal basada en la Relación de Perceptores de Salarios, Pensiones y Prestaciones por Desempleo que presentan los empleadores mediante la Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo (Modelo 190). Esto significa que los datos no proceden de una “Encuesta” como los datos de “Costes laborales” que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) sino que proceden de datos “censales”, esto es, de todos los “Modelo 190” que los empleadores han presentado a la Agencia Tributaria. Son datos más fiables, baste decir que los datos que ofrece el INE no capturan la bajada de salarios que se ha registrado estos años; esta información sí lo hace.

La buscada convergencia con la media española, la reducción de la distancia respecto al nivel promedio del resto de España alcanzó su máximo en 2007.

Año	Media española	Andalucía	% Andalucía sobre España
1999	12719	10092	79,3%
2000	13279	10467	78,8%
2001	13932	10961	78,7%
2002	14370	11428	79,5%
2003	14963	12032	80,4%
2004	15658	12778	81,6%
2005	16018	13182	82,3%
2006	16849	13962	82,9%
2007	18087	15010	83,0%
2008	18996	15592	82,1%
2009	19085	15566	81,6%
2010	19113	15468	80,9%
2011	19102	15375	80,5%
2012	18601	14759	79,3%
2013	18505	14473	78,2%
2014	18420	14365	78,0%
Fuente: Mercado de Trabajo y pensiones en las fuentes tributarias

Aquel año previo al estallido de la 'Gran Recesión', el salario promedio percibido por los empleados andaluces era el 83 % del promedio nacional (18.087 euros anuales percibía, en promedio un trabajador español no muy lejos de los 15.010 recibidos en Andalucía). Ahora el salario promedio recibido por un trabajador en Andalucía sólo alcanza al 78 % del recibido en promedio en España (14.365 frente a 18.420 euros anuales). Este nivel se sitúa incluso por debajo del registrado en 1999, fecha del inicio de la serie de datos. En ese año, el salario promedio andaluz era el 79.3 % de la media nacional. Los salarios pagados en Andalucía no sólo han dejado de converger en los años de la ‘Gran Depresión’ sino que su divergencia respecto de la media nacional ha sido muy acentuada. Nunca ha habido tanta diferencia entre 1999 y 2014 (último año para el que existen datos).

La conclusión más inmediata que el análisis económico ofrece es que la devaluación interna (respuesta a la crisis bajando los salarios internos de un país) ha sido mayor en Andalucía que en el resto de España. Extremadura ha seguido una tendencia similar.

Analizado por provincias, la oleada para 2014 hecha pública esta semana pasada no deja lugar a dudas, en el extremo de la tabla con salarios más bajos aparecen cuatro provincias andaluzas: Jaén (11.935 euros), Huelva (12.289 euros), Córdoba (13.096) y Almería (13.160 euros). Son las que menos salario tienen de toda España.

Sólo un ritmo de crecimiento regional sostenido durante años y marcadamente por encima de la media nacional podría lograr la convergencia pero, incluso así, no bastaría. Se necesitaría un profundo cambio en la estructura económica andaluza hacia sectores con salarios más altos como los propios del sector industrial.

Nada de esto se espera. El panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía con el profesor Manuel A. Hidalgo al frente, estima que el crecimiento de Andalucía en 2016 será del 2,4 %, algo inferior al de España, previsto por diversos organismos en torno al 2,7 %. 

BRASIL Y CHINA (José Manuel Cansino en La Razón el 16/11/2015)

El servicio de estudios del BBVA, uno de los centros privados más influyentes a la hora de elaborar predicciones económicas, acaba de reafirmarse en que es un poco menos optimista que el Gobierno sobre la velocidad de nuestra recuperación; creceríamos al 3,2% para el conjunto del 2015 (frente al 3.3 % del Ministerio de Economía) y al 2,7% en 2016 (al 3 % según el Gobierno). El foco de la explicación se vuelve a poner en el posible freno de la demanda mundial. En ello nos centramos en este artículo.

No obstante, no pueden pasarse por alto dos hechos igualmente relevantes pero sin apenas impacto en el análisis del BBVA. El primero es que mientras que el informe de este banco sostiene que el desafío independentista no impacta claramente en las perspectivas de crecimiento, el presidente de los empresarios señalaba estos días que son muchas las empresas que están demorando decisiones de inversión hasta que no termine de resolverse el pulso separatista. Para ser exactos, el presidente Rosell afirmó que muchos empresarios están instalados en el 'Wait and see' (esperar y ver) antes de arriesgarse con nuevas inversiones.

El segundo hecho es el posible impacto de los atentados masivos del islamismo radical en París. Aunque naturalmente estos hechos no se contemplan en el estudio del BBVA, no cabe duda de que los riesgos geopolíticos afectan a los incentivos y a la confianza para la inversión en Europa y en cualquier otra zona bajo amenaza. Ahora bien, de reconocer esto a llevarlo a estimar su impacto en el crecimiento hay una notable diferencia.

Los interrogantes sobre la demanda internacional a los que se refiere el BBVA y otros analistas se ciernen principalmente sobre Brasil y China; dos de los conocidos miembros del club de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Por tamaño, relaciones con España y tipos de desequilibrios, ambas economías muestran importantes diferencias.

Brasil ha pasado de crecer a un ritmo promedio del 4.5 % entre 2007 y 2011 (en plena gran recesión de las economías occidentales) a esperar un crecimiento negativo del -0.9% para 2015 (justo cuando se afianza la recuperación de economías como la española). La economía brasileña muestra un notable crecimiento de sus precios -un 7.7 %-, un déficit fiscal previsto del  5.3 % del PIB, un déficit por cuenta corriente que en apenas cuatro años ha pasado del -1.4 al -3.7 % del PIB y un nivel de endeudamiento aún reducido. Pero los dos principales problemas de la economía brasileña son la corrupción que azota al gobierno y la caída del precio de las materias primas. El impacto de la crisis brasileña se dejará sentir, principalmente, en Hispanoamérica y más a modo de rebote en España.

Las amenazas sobre la economía china son más serias y sobre ellas hay dos tesis interpretativas muy diferentes 1) que está en la parte baja de un ciclo pero tiene recorrido para volver al 8% de ritmo de crecimiento o 2) que China está en la misma fase en la que entró Japón hace más de veinte años a lomos de una burbuja inmobiliaria, crediticia y de valores bursátiles. Lo que sí se constata de momento es que cae la inversión china y eso representa el 50% de la demanda. Añadamos que la peculiar y persistente crisis japonesa (su renta per capita no ha dejado de creer y su tasa de paro es muy reducida) aún sigue sin resolverse a pesar de tres de años de la 'Abenomics' o política económica impulsada por el primer ministro Shinzo Abe desde 2012.

El resumen es que si los países emergentes entran en recesión no coyuntural, lo vamos a notar en una menor tasa de crecimiento en mitad de una sociedad que lleva muy mal lo de esperar más tiempo antes de montarse de nuevo en el 'taco' del ladrillo. Un tiempo que, por supuesto, difícilmente volvamos a contemplar.

TRES NOCHES, UN PASAPORTE (José Manuel Cansino en La Razón el 9/11/2015)

Acampó durante tres noches delante del edificio del Registro Civil. Tenía el permiso de estudios concedido para ampliar su formación en Estados Unidos. “In extremis” consiguió el pasaporte. Otros no tuvieron tanta suerte. Trabajos que se han frustrados o retrasados. Personas que no pueden salir o que no pueden regularizar su residencia. Niños que nacen y que son administrativamente invisibles; difuntos que se mueren pero permanecen en vida en pleno mes de las ánimas benditas. Nada de esto me invento. Es la realidad en la que vive inmerso Chile desde hace casi un mes como resultado de la huelga de los funcionarios del Registro Civil.

El ejemplo viene a cuento no sólo de la importancia que Chile tiene para muchos españoles que, como yo, desarrollan allí parte de su trabajo; también para no pocas empresas españolas que están presentes en este país sudamericano. Pero sobre todo, es un ejemplo de la importancia que la credibilidad de las instituciones tiene como determinante del desarrollo económico y bienestar de las personas.

Pero los economistas que han estudiado la influencia de las instituciones en el desarrollo económico utilizan una definición más amplia que las limita a las instituciones públicas. En la afortunada definición de North de 1990, las instituciones de una nación son las reglas de juego imperantes. La estabilidad de las instituciones descansa en la confianza de que las reglas no serán subvertidas. En todo caso pueden ir cambiando con el tiempo pero no abruptamente sin que ello suponga, como se dijo con acierto, mantener las instituciones aunque sean injustas o subvertirlas, aunque al hacerlo se arrastren muchas cosas buenas. Pero si, además, las instituciones o reglas del juego son buenas, entonces estarán asociadas inequívocamente a mejores niveles de desarrollo y de bienestar.

El problema aparece cuando se pierde la confianza en la estabilidad de las instituciones; cuando su permanencia no resulta creíble. Por ejemplo, llevado a un terreno práctico, cuando los episodios de nacionalización no son desconocidos o llegan a ser frecuentes en un país, difícilmente la inversión privada va a estar presente en sectores susceptibles de nacionalización. Algo parecido ocurre cuando un sistema de precios garantizados de pronto deja de serlo con implicaciones financieras determinantes para proyectos a largo plazo. De alguna forma esto es lo que ocurrió en España con el final del sistema de primas a las energías renovables.

Con la credibilidad de las instituciones ocurre algo muy parecido al honor o a la reputación; tarda mucho en forjarse y muy poco en perderse. No cabe duda, que la imagen exterior de Chile se ha visto deteriorada por esta situación de paralización de un servicio público tal crucial.

Las empresas son también conscientes de esto y los profesionales también. Si hoy viajas a Chile los chilenos dan por sentado que o eres profesor universitario (el sistema universitario chileno ofrece muchas oportunidades a quien está en posesión de un doctorado) o eres ingeniero; en este último caso o trabajas en alguna de las empresas de ingeniería civil o lo haces para una empresa de energía renovables. Curiosamente, buena parte de los países sudamericanos asocian inmediatamente las energías renovables a las empresas españolas de la misma forma que la calidad de los coches mantiene a las marcas alemanas muy presentes. Quizá, los responsables de la “marca España” deberían incorporar en su “portafolio” al capital humano investigador formado en las universidades españolas además de aquellas marcas y productos tangibles.

Caminar en el fortalecimiento de las buenas instituciones españolas –en ese sentido amplio que usaba North en su definición- es crucial para nuestro futuro. En ese sentido, la corrupción transversalmente extendida y las amenazas secesionistas deben ser resueltas de forma creíble. De lo contrario, lo vamos a pagar todos como ahora los chilenos están soportando el conflicto de los trabajadores del registro civil.

LA ENERGÍA ANDALUZA Y EL DESAFÍO DE PARIS-LE BOURGET (José Manuel Cansino en La Razón el 2/11/2015)

En numerosas cuestiones, pero también en las energéticas y medioambientales, las autoridades públicas toman decisiones paralelas (a veces contradictorias y otras coherentes) en dos niveles muy diferentes. Lo que se intentará acordar en París en unos días y lo que se ha aprobado en Andalucía hace poco es un magnífico ejemplo de lo que decimos.

Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre próximos, la mayoría de los países del mundo intentarán llegar a un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kyoto. El marco de negociación que acogerá tal desafío será la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), o COP21, que se celebrará en Paris-Le Bourget. Congregará aproximadamente 40.000 participantes - delegados que representarán a cada país, observadores, miembros de la sociedad civil. Para nuestro país vecino se trata del mayor evento diplomático que haya acogido, además de ser una de las mayores conferencias climáticas que jamás se haya organizado.

La Conferencia de las Partes es el "órgano supremo" de la CMNUCC y se reúne anualmente. Los países que se han unido a la CMNUCC se denominan "Partes de la Convención".

¿Qué es lo que va a abordar el futuro acuerdo? Resumidamente deberá tratar sobre la mitigación o disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 2°C. Pero también tratará sobre la adaptación de las sociedades a los cambios climáticos ya existentes; esta es una importante novedad respecto al texto de Kyoto. Si los países llegan a un acuerdo el texto que sustituya al Protocolo de Kyoto entrará en vigor a partir de 2020.

La estela de fracasos de las COP anteriores ha hecho que se ponga en marcha un interesante mecanismo previo a la reunión orientado a facilitar el acuerdo sobre el conocimiento previo de hasta dónde debe está dispuesto a llegar cada país en el momento de asumir compromisos. Este mecanismo consiste en que cada país ha debido publicar, antes de la COP21, un documento denominado “contribución nacional” (“INDC” en su acrónimo en inglés) donde presente los esfuerzos que está dispuesto a asumir. Este tipo de ejercicio constituye una gran novedad en las negociaciones climáticas internacionales.

A menos de 30 días de la COP21, en torno a 150 países han hecho públicos sus compromisos destinados a limitar los efectos del cambio climático. Hasta ahora, el conjunto de las contribuciones nacionales cubre más del 90% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero. Esta es una movilización sin precedentes.

Las contribuciones nacionales están redactadas a partir de tres principios: Ambición, diferenciación y transparencia.

Ambición: la vocación de las contribuciones consiste en superar los compromisos actuales de los Estados. Los compromisos actuales se inscriben en el marco del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto (este es en particular el caso de la Unión Europea), o bien corresponde a las acciones nacionales voluntarias suscritas de conformidad con el Acuerdo de Copenhague y los acuerdos de Cancún.

Diferenciación: Las contribuciones se examinan tomando en cuenta las circunstancias nacionales consustanciales a cada país. Los países menos avanzados y los pequeños Estados insulares gozan, en particular, de cierta flexibilidad en la elaboración de su INDC habida cuenta de su capacidad limitada.

Transparencia: Las contribuciones que han sido comunicadas por los Estados se publican a medida que entregan, en el sitio del CNUCC (http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php ).

Si lo anterior alude a lo que se cuece a nivel planetario, en el ámbito doméstico y local también hay hechos relevantes recientes. El Gobierno regional andaluz ha aprobado en octubre de 2015 la Estrategia Energética de Andalucía 2020. Un documento calificado como “estratégico” que recoge las líneas principales de la política energética andaluza en el horizonte 2020, esto es, justo antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo internacional de llegar a firmarse en París. La Estrategia Energética de Andalucía propone cinco objetivos a 2020: reducir un 25% el consumo tendencial de energía primaria, aportar con energías renovables el 25% del consumo final bruto de energía, descarbonizar en un 30% el consumo de energía respecto al valor de 2007, autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables y mejorar un 15% la calidad del suministro energético.

Los objetivos del gobierno regional son coherentes con la estrategia internacional de caminar hacia una economía baja en emisiones de carbono. Los profesionales que trabajan en esto a nivel regional saben de lo que hablan. Algunos de ellos publican en revistas científicas internacionales aunque su prestigio científico y técnico no siempre vaya parejo con el nivel de responsabilidad que ostentan. La paradoja es, sin embargo, que la mayoría de los objetivos del plan regional escapan del ámbito competencial andaluz. Las actuaciones locales en materia de política energética o de mitigación son muy cuestionables cuando lo que se abordan son temas de ámbito nacional o peninsular –el sistema energético- o globales –el cambio climático-. Un modelo de gestión consorciada de las autoridades regionales con las autoridades españolas en materia energética y medioambiental sería una buena manera de seguir avanzando hacia el logro de objetivos plausibles.

NUESTRAS DEUDAS ANTES Y DESPUÉS DE LA CRISIS (José Manuel Cansino en La Razón el 26/10/2015)

Ángel Berges y Sara Baliña (ambos miembros de Analistas Financieros Internacionales) se preguntaron recientemente ¿quién debía a quién en la economía española?, esto es, apoyándose en un subtítulo que sonaba a pugna territorial al modo de las balanzas fiscales, se propusieron dibujar el mapa de la deuda en España. Desde luego, ambos autores han aportado un documento útil pues el origen de la crisis no se entiende sin la explosión del crédito y el consiguiente endeudamiento de familias y empresas. Pero la salida de España de la misma tampoco se entiende sin el vertiginoso desendeudamiento (o desapalancamiento) del sector privado. Tomemos algunos datos ilustrativos.

El documento de estos autores (publicado en Cuadernos de Información económica) señala que España comenzó la crisis con un fortísimo endeudamiento que, excluido el sector financiero, se situaba en algo más del 250% del PIB, al aportar empresas y familias más de un 210% sobre el PIB, es decir más del 80% de la deuda total viva en España. El resto era endeudamiento público que se situaba en torno al 41 % del PIB .

La crisis no ha reducido el volumen de endeudamiento pero sí ha cambiado muy considerablemente su composición. En junio de 2014 el volumen de deuda total superaba ya el 322% del PIB. Sin embargo, familias y empresas no financieras (esto es, todas las empresas menos los bancos y las empresas de seguros) había reducido su deuda al tiempo que el sector público la había elevado trepidamentemente.

En este comportamiento hay muchos aspectos llamativos pero respecto al sector público uno con frecuencia muy silenciado. Resulta que los tan agitados recortes en el gasto no han tenido una magnitud que se corresponda con la atención mediática que han recibido ni con la respuesta social. Para ser exactos, hemos llegado al 46% de gasto público/PIB en 2009 partiendo de una cifra previa a la crisis de poco más del 38%. En 2014 la cifra se situó en 43.5%. Este cálculo excluye las ayudas a la Banca y además hay que considerar que si bien la crisis ha provocado una fortísima elevación del desempleo, el impacto sobre el PIB ha sido mucho más pequeño.

El ajuste a la baja del endeudamiento privado ha corrido parejo en el tiempo pero por detrás en magnitud al progresivo endeudamiento público. Como señalan los autores del informe, España es el país que más ha reducido su endeudamiento privado, y lo ha hecho en unos 40 puntos de PIB. Naturalmente, para las familias, en términos de renta disponible supone una mejora sustancial, ya que en 2008 la deuda de los hogares superaba en 1,3 veces su renta frente a 1,13 veces en 2014. 

Las familias tienen como principal acreedor a los bancos tanto ahora y al comienzo de la crisis. Aquí no ha habido ninguna novedad. Salvo las correspondientes a aplazamientos de pago en operaciones comerciales (auténtico quebradero de cabeza para empresas como El Corte Inglés), las deudas de las familias están mayoritariamente en préstamos bancarios, bien en préstamos hipotecarios o en la de financiación al consumo.

 En el caso de las empresas privadas no bancarias (sociedades no financieras), lo más relevante que encuentran los autores del estudio es el importante descenso en la deuda interempresarial, que se ha reducido en unos 270.000 millones. Su acreedor sigue siendo el sistema bancario. La estrategia del Banco Central Europeo de financiar la compra de títulos de deuda pública por los bancos comerciales para que los inversores se fueran a comprar títulos privados y reactivaran la economía no ha tenido éxito. Ahora la deuda pública está en manos de los bancos comerciales pero la economía real no ha funcionado.

El gran crecimiento del endeudamiento ha estado en las AA.PP., con unas deudas antes de la crisis de unos 430.000 millones (41 % del PIB), de los que casi un 50% (210.000 millones) tenían como contrapartida directa al resto del mundo, unos 165.000 millones a bancos, y unos 56.000 millones a fondos de inversión. Ahora la deuda supera el 100% del PIB y está, principalmente, en manos bancarias y comprada con las inyecciones de liquidez que ha realizado el Banco Central Europeo.

La conclusión final es triple, 1) estamos más endeudados que antes, 2) las familias y empresas hemos reducido muchísimo nuestro endeudamiento pero las Administraciones Públicas lo han multiplicado y 3) La elevada bancarización de nuestro sistema financiero convierte a las entidades de crédito en la principal contrapartida de la deuda, tanto en el caso de la privada como de la pública.

INTERRÚMPANSE. ESCÁNDALO O DEBATE ECONÓMICO (José Manuel Cansino en La Razón el 19/10/2015)

¿Se imaginan a dos médicos oncólogos, frente a frente, utilizando cada uno un minuto para defender sus diferentes opiniones sobre cómo vencer a un cáncer mientras miles de telespectadores envían mensajes o participan en una encuesta sobre cuál de los dos lleva razón? Sólo la frivolidad al abordar un problema grave en ese marco mediático nos produce un profundo rechazo. Sin embrago, estamos acostumbrados a ver cómo cuestiones igualmente importantes como las pensiones -único ingreso de millones de españoles- o el desempleo -que aún doblega a más de cuatro millones y medio de compatriotas- se aborda desde la misma fórmula mediática que consideraríamos inadmisible para un cáncer.

La economía se ha vulgarizado en una medida no pequeña en la industria del entretenimiento audiovisual española. Esa industria a la que el periodista Alfredo Amestoy se refirió como interesada fundamentalmente en el escándalo pero no en la cultura y la belleza. 

Un hito, y ojalá, no sea de los pocos ha sido el libro 'Hablando se entiende la gente' de los economistas Daniel Lacalle, Emilio Ontiveros y Juan Torres. Con un magnífico quiebro a esta sociedad abonada al bronquismo en todos los temas y al etiquetado ideológico del interlocutor sin que importe la razón de sus argumentos, este libro ha alcanzado ya un importante éxito editorial apenas editarse.

Como no puede ser de otra manera en una Ciencia que es social, en absoluto exacta y a duras penas experimental, los diagnósticos y propuestas de sus autores son, con frecuencia, dispares. No voy a hacerles la 'faena' de resumir su contenido pero sí comentaré alguno de los aspectos que más he valorado.

El primero es la coincidencia en la necesidad de mejorar la productividad de los factores en España. El valor del producto por trabajador ocupado medido en términos reales (descontando la subida de precios) creció mucho en la década de los 60 del siglo XX pero desde 1990 no crece por encima del 1%. El dato lo aportó Ángel de la Fuente en la reciente reunión del Observatorio Económico de Andalucía.

La segunda coincidencia aparece en la recomendación de no aumentar las trabas administrativas o, en opinión del profesor Torres, fortalecer el mercado interno español para favorecer el consumo, es decir, reforzar la cohesión de España antes que levantar más barreras.

La tercera y última coincidencia que menciono es la denuncia del "capitalismo de amiguetes" que denuncian los profesores Lacalle y Torres como ejemplo de una economía necesitada de una competencia empresarial sana y de una desconcentración autorreproducible del poder económico en una pocas empresas.

Naturalmente los autores están en desacuerdo en otras muchas cuestiones a lo largo de un libro que, por formato y extensión, no es un vademécum o recetario de cómo terminar de superar la crisis. 

Como muestra de una discrepancia fina que está es el trasunto del libro está el papel que le corresponde al poder público y a la economía privada en la construcción de una salida sólida a la crisis. Por ejemplo, el profesor Torres recupera una cita del difunto economista Enrique Fuentes Quintana apelando al indiscutible papel de la política en la salida de la crisis. Fuentes Quintana, entre otras muchas responsabilidades, impulsó la sección de Economía del diario falangista 'Arriba', luego fue Vicepresidente del Gobierno de UCD y desde ese cargo, inspirador definitivo de los Pactos de la Moncloa. Probablemente la Ley de Memoria Histórica, antes o después, acabe retirando su nombre de los espacios públicos. La cita misma que aparece en el libro que comentamos es de un texto del 18 de julio -ojo al calendario- de 1977. Pero el debate de fondo y actual es ¿cuál es el papel que le corresponde al sector público (la política) y al privado (empresas y particulares) es el esfuerzo colectivo de la salida de la crisis?

La salida aún es incierta pero, desde luego, tendrá que nacer del consenso si se quiere fuerte y permanente. Precisamente todo lo contrario de lo que un periodista le recomendaba a los autores del libro antes de hacerles una entrevista: "interrúmpanse, interrúmpanse unos a otros sin ningún problema mientras yo les pregunto". Ese no es el camino. Si me apuran, ni siquiera el debate 'per se'. El camino es el de escucharse con ánimo constructivo.

Me quedo con una idea que parafrasea uno de los tres autores. Los interesados deberán leerse el libro para saber a quién atribuirla. "La pregunta no es quien nos va a permitir a los españoles salir de la crisis, sino quien nos lo va a impedir".