Fue el pasado
miércoles 25 de noviembre en la sede de la Cámara de Comercio ubicada en la
sevillana Plaza de la Contratación. El día antes adelantaron la hora de inicio
para ajustarla a la agenda de la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía,
la Sra Montero. Llegó puntual con todo su equipo, lo que los anglosajones
llaman el "staff" y a diferencia de la extendida práctica de la clase
política de inaugurar jornadas como quien inauguraba pantanos o tocar la
campana para iniciar la sesión bursátil e inmediatamente irse, la Sra Consejera
se quedó durante toda la jornada porque reconoció que tenían mucho que hacer y
aprender en materia de federalismo fiscal o financiación autonómica.
Su intervención fue
diáfana y clara a favor de la cohesión nacional y de un sistema de financiación
en el que el criterio de la población pesara aún más en el reparto de los
recursos. Esta ha sido un reivindicación tradicional de los gobiernos
socialistas en Andalucía, la novedad ha sido sumar a este criterio -que no es
unánime entre los expertos pero sí legítimo- el del derecho de todos los
españoles a recibir los mismos servicios públicos sea cual sea su lugar de
residencia.
Es de lamentar que se
haya tenido que esperar al desafío separatista catalán para que una parte
significativa del PSOE se despoje del complejo de vasallaje al nacionalismo. Un
vasallaje que también ha sido ejercitado por el PP y que a la postre demostró que
las demandas nacionalistas son, casi por definición, infinitas e insaciables.
La Consejera demanda
aumentar el acceso a la financiación de la deuda andaluza a través del Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA) justo coincidiendo con la pugna entre el Ministerio
de Hacienda y una asfixiada Hacienda catalana. No está demás recordar que esta
herramienta de financiación es una herencia de los años en los que las
haciendas autonómicas tenían muy reducidas las posibilidades de emitir deuda
pública en los mercados internacionales. Salvo para Cataluña, cuya deuda está
al nivel del bono basura, cada vez es más accesible entrar en estos mercados
(aunque pagando tipos más altos de los que paga el Tesoro español) de manera
que hay que plantearse en qué momento debe desaparecer el FLA que no deja de
ser una herramienta de financiación de urgencia.
El seminario sirvió
también para contrastar el discurso nacionalista catalán en materia de
financiación con el discurso de la cohesión. Las intervenciones de la profesora
Maite Villalta de la Universidad de Barcelona y de la doctora Ana Herrero de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia mostraron claramente las
discrepancias. La diferencia fue nuevamente, que el discurso victimista del
nacionalismo catalán incontestado durante décadas es desmontado en cada foro
riguroso como esta jornada que diseñó el Centro de Estudios Andaluces; un
centro cuyas cotas más altas de contribución a la ciencia económica las alcanzó
con el liderazgo de los investigadores Joaquín Aurioles de la Universidad de
Málaga y de Ignacio García de la Universidad Pablo de Olavide. Precisamente el
profesor García comparte ahora su trabajo con el centro de investigación FEDEA
en el que coincide con Ángel de la Fuente, uno de los mejores economistas
españoles y artífice determinante del desmontaje del discurso nacionalista
cuando publicó las balanzas fiscales junto con Ezequiel Uriel y Ramón Barberán.
El modelo de
financiación autonómica debe revisarse a la luz de análisis rigurosos como los
presentados el pasado miércoles pero es un error orientar el debate sólo a
conseguir mayores recursos. Pocos discuten que sin el sistema educativo en
manos del nacionalismo separatista, el desafió catalán no se sustentaría. Es
inaplazable, por tanto, rediseñar las competencias educativas en España de
forma que no acaben siendo herramienta de enfrentamiento sino de crecimiento en
las competencias y calidad en la formación de los estudiantes. De la misma
forma que ahora se están abandonando los vasallajes al nacionalismo, hay que
tener altura de miras para que servicios públicos determinantes como la
educación al tiempo que tengan un espacio para las particularidades regionales,
estén blindados al adoctrinamiento en el odio al de enfrente. Las comunidades
autónomas deben ser generosas en este punto igual que el resto de actores,
familias y profesionales de la educación, en aras de superar el enfrentamiento
interno.
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