LA ACEITUNA DE MESA DEBE SER DIFERENTE (José Manuel Cansino en La Razón el 25/4/2016)

España es el principal productor mundial de aceituna de mesa aportando el 24 % del total. Después de nuestra Nación, los principales productores son Egipto, Turquía, Argelia y Grecia; competidores con unos perfiles de precios y costes muy dispares.

En los últimos 25 años la producción española de aceituna de mesa se ha multiplicado por cuatro a pesar de que sólo entre 2010 y 2014, se perdieron 10.244 hectáreas de este cultivo sólo en la provincia de Sevilla (que produce el 72 % de la aceituna de mesa de Andalucía). La productividad de las empresas agrícolas del sector no cabe duda de que ha aumentado en este tiempo (la superficie se reduce y la producción aumenta en un periodo de tiempo suficientemente largo como para no atribuirlo a factores climáticos).

La mayor parte de la producción de aceituna de mesa (un 65 %) se exporta, genera unos 700 millones de euros, y tiene como principales destinos EE.UU., Italia, Rusia, Alemania y Francia. Todo este proceso de éxito comercializador está muy anudado a una profesionalización creciente del sector cooperativo que agrupa a los productores y del que destaca el grupo Manzanilla Olive especializado en la producción de aceituna manzanilla y gordal. Sólo en 2015, este grupo cooperativo aportó un volumen de producción de 30 millones de kgs, casi un 30% más que el año anterior. El economista Manuel Rodríguez Gómez ha subrayado recientemente la importancia de las cooperativas en la economía agraria.

Pero a pesar de estas cifras, el sector afronta un futuro incierto como parece desprenderse del primer borrador del documento “Diagnóstico sobre el sector de la aceituna de mesa en España” publicado por la Dirección General de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Un comentario extenso de este documento es el que ha realizado el director general del grupo cooperativo mencionado, Antonio J. Jiménez, en el nº 6 de la revista El Manzanillo que es de acceso libre en la red.

Del informe del Ministerio podría desprenderse que parte del sector de la aceituna de mesa (la aceituna manzanilla y la gordal) está vendiendo a pérdidas debido a los altos costes de recolección y poda. Los costes de producción se cifran en 0.57 euros/kilo para las explotaciones de regadío y en 0.75 para las de secano. Con estos datos son varios los análisis que caben y no sólo contemplar cómo se acentúa el tránsito desde el cultivo de estas variedades hacia la aceituna hojiblanca que resiste un cultivo más mecanizado y barato.

Un primer análisis evidencia que hay un desafío tecnológico que, por su propia naturaleza, no puede resolverse a corto plazo. En definitiva, si se desarrolla una tecnología de recolección eficaz (que no dañe a la aceituna en su recogida) y alcanza el nivel de “tecnología madura en el mercado”, parte fundamental del problema se resolverá al tiempo que se pierde parte importante del “carácter” social de este cultivo que genera una importante cantidad de jornales. Naturalmente corresponde al propio sector de la aceituna y a la industria de maquinaria agrícola, financiar la investigación en proyectos de I+D+i hasta conseguir una tecnología que ha resultado fallida hasta el momento.

Un segundo análisis consiste en imitar el modelo griego de diferenciación de su producto. A pesar de que el precio de la aceituna de mesa española está por debajo del de Grecia, la penetración en el comercio internacional de la aceituna griega está siendo mejor que la española gracias al éxito en la diferenciación de “su” aceituna frente a las competidoras. Se trata de lo que desde la perspectiva técnica y microeconómica se denomina “discriminación de precios de tercer grado”. Es fácil entender la idea manejando el manual de “Microeconomía en casos” coordinado por la profesora Rocío Román de la Universidad de Sevilla. En esencia, cuando se consigue diferenciar un producto hasta el punto de que el consumidor es muy sensible a esa “marca”, su demanda se hace más rígida y está dispuesto a pagar un precio más alto. Naturalmente, el reto está en conseguir financiar campañas de promoción a medio plazo sabiendo que cuando se trata de un producto “a granel” ningún productor individual está dispuesto a asumir el coste sabiendo que sus competidores se van a beneficiar igualmente de la campaña que sólo él financia. Es el problema que los economistas llamamos de “pasajero gratuito”. Quizá la solución haya que buscarla en los 304 millones de euros que el programa de Desarrollo Rural Andaluz destina al subprograma temático para el olivar.

Un último análisis sería el incluir a la superficie de olivar (en general a toda la superficie arbórea puesta en producción) como sumidero de emisiones de CO2. Esta propuesta entroncaría directamente con uno de los tres pilares de la actual Política Agraria Común. Específicamente, hay países que incluyen en el cálculo anual de su Balance de emisiones el sector “Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura”. En aquellos en los que no existe una actividad de desforestación importante, este sector aparece siempre con signo negativo, esto es, actúa como un sumidero de dióxido de carbono como consecuencia de la actividad fotosintética de árboles y plantas. Por su naturaleza, el secuestro de CO2 que sería atribuible al sector del olivar es posible que sea pequeño pero habría que ponerlo encima de la mesa antes de descartarlo como parte de la solución al futuro de este sector productivo. Una solución que también pasa, ineludiblemente, por la diferenciación de su producto y por la mecanización. 

ENTREVISTA EN ONDA LOCAL SOBRE EL OBJETIVO DE DÉFICIT AUTONÓMICO

Esta es la entrevista telefónica que me han hecho sobre la cifra de déficit para la Administración regional en 2016:

http://www.emartv.es/2016/04/22/jose-manuel-cansino-2/

PARÍS A LA FIRMA (José Manuel Cansino en La Razón el 18/4/2016)

En esta semana, concretamente el próximo 22 de abril, estará disponible para su firma el Acuerdo de París sobre el cambio climático alcanzado en el mes de diciembre pasado. Están invitados a la ceremonia y a la firma todas las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Una vez firmado, la rapidez con la que el acuerdo entrará en vigor en cada país dependerá de la práctica que tenga establecida para este tipo de compromisos internacionales. Las prácticas varían entre la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

El Acuerdo será exigible el trigésimo día contado desde la fecha en que no menos  de  55  Partes  en  la Convención, cuyas  emisiones estimadas representen globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), hayan  depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en la sede de la ONU.

Es en este marco internacional en el que se da un nuevo impulso al proceso de descarbonización de las economías mundiales que pasa por conseguir el desacoplamiento entre el crecimiento económico y las emisiones de GEI, o lo que es lo mismo, conseguir crecer sin que ello conlleve una mayor emisión de este tipo de gases. Esto permitiría alcanzar lo que se denomina estabilización climática.

Previo al inicio de la Cumbre de París, los países asistentes enviaron sus “Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación” (NAMAs por su acrónimo en inglés). Esto supuso una eficaz herramienta diplomática para comenzar una negociación difícil conociendo el compromiso de partida de cada país.

Lo interesante es saber cuál o cuáles son las hojas de ruta de los países para conseguir el desacoplamiento entre el crecimiento económico y el aumento de emisiones de GEI. Un artículo reciente de Nate Aden publicado por el World Resources Institute sostenía que 21 países, entre ellos España, estaban ya reduciendo sus emisiones de GEI al tiempo que conseguían un crecimiento económico positivo. El periodo que tomaba es el que va de 2000 a 2014 pero las conclusiones no son del todo correctas. He tenido la oportunidad reciente de publicar junto con otros colegas dos estudios sobre esta cuestión para la economía española en sendas revistas científicas internacionales y el desacoplamiento sólo se produjo en un año. Los resultados que ya conozco para otros países tampoco permiten ser tan optimistas.

Sin embargo, que la transición hacia economías bajas en carbono (técnicamente economías con desacoplamiento) no se haya logrado, no impide que existan hojas de ruta que conducen a ellas y precedentes que ya pueden mostrarse como logros (véanse los casos del Reino Unido y Suecia). Es importante subrayar el plural porque no hay un único camino hacia las economías bajas en carbono sino varias hojas en cada una de las cuáles el conjunto de medidas tienen un peso diferente.

De lo que no cabe duda es de que la industria de las energías renovables vuelve a tener un escenario de desarrollo ciertamente importante. No lo es menos que las industrias de base tecnológica orientadas a la mejora en la eficiencia energética lo tienen también. En las primeras España aún mantiene una posición de ventaja internacional aunque cada vez más patentes se están registrando en otros países. Algo similar puede decirse de la industria que desarrollan técnicas de secuestro o almacenamiento de las emisiones de GEI y de las que desarrollan sistemas inteligentes (Smart) aplicados a las redes eléctricas y al planeamiento urbano. Al menos estas cuatro industrias tienen un futuro muy prometedor.

Parte de su futuro va a depender mucho de en cuánto se cifren las ayudas al desarrollo, se gestione la cooperación internacional y actúe la diplomacia española. La razón del papel conjunto de la ayuda al desarrollo y la diplomacia se deriva de que muchos países de los que no figuraron en el Anexo I del Protocolo de Kioto enviaron dos niveles de compromiso. Estos países son aquellos que no asumieron compromisos obligatorios.

Efectivamente, muchos de estos países han enviado sus “Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación” con dos niveles de compromiso, uno vinculado a no recibir ayuda internacional y otro más ambicioso en el que se considera la recepción de fondos internacionales para transitar sus economías hacia el desacoplamiento.

En el caso concreto de Chile que es el que conozco por razones profesionales, se compromete al 2030, a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007. Sin embargo, si Chile lograse la obtención de aportes monetarios internacionales (grant) el país se compromete al 2030, a aumentar su reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB hasta alcanzar una disminución entre 35% a 45%.

Por tanto, es evidente que si las industrias señaladas tienen un importante respaldo en el Acuerdo de París una vez puesto en marcha, sus oportunidades se verían favorecidas por la aportación de fondos internacionales y por la labor diplomática española que siempre ha mantenido buenas relaciones con países que están decididos a crecer económicamente sin emitir cantidades crecientes de GEI.

GENTE RICA, GENTE POBRE (José Manuel Cansino en La Razón el 11/4/2016)

Con una diferencia pequeña de días pero extrema en atención mediática, se han publicado los denominados “papeles de Panamá” y el estudio de la Fundación FOESSA (Cáritas) titulado “La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención”. Ambos son buenos retratos de la gente rica y de la gente pobre; colectivos que han existido siempre en todos los sistemas económicos pero de cuya importancia relativa sólo tenemos información desde el desarrollo de las fuentes estadísticas en la segunda mitad del siglo XX. Precisamente por esta razón no es posible hacer un análisis comparativo riguroso entre los ricos y pobres en el sistema económico esclavista, feudal, liberal-capitalista o el actual sistema económico mixto (estado y mercado).

Lo que sí es cierto es que el eco mediático de los “papeles de Panamá” y el pequeño impacto del informe de Cáritas responde perfectamente a la reprobación social de quien se adscribe a la “sociedad opulenta” –usando el afortunado término de John Kenneth Galbraith- (una reprobación quizá más por envidia de los que están fuera que por sus valores o antivalores morales). Esta misma reprobación convive con cierta conmiseración con las familias que viven atrapadas en la “trampa de la pobreza” en mitad de una sociedad que ha decidido maltratar a la propia institución de la familia.

Lo que se conoce de los “papeles de Panamá” permite confirmar lo que ya se sabía aunque aporta el dato relevante de su extraordinaria dimensión y el no menos importante de la transversalidad de la doble moral; esa que permite dar lecciones desde el Parlamento o en la gala de los premios Goya para luego coincidir no en Panamá, sino en las Islas Vírgenes Británicas que son el verdadero Paraíso fiscal donde residen las 113.648 compañías del total de 214.488 sociedades creadas por el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Despacho que, por cierto, también tiene presencia en Gibraltar; tema del que apenas se han ocupado los medios de comunicación.

El discurso de “hay que subir los impuestos a los ricos” se enfrenta a dos contradicciones terribles. La primera es que con datos de la Agencia Tributaria de 2013 (los últimos disponibles) sólo 4.553 contribuyentes declararon en España en el IRPF rendimientos superiores a los 601.000 euros al año. Puede que sean los únicos con vergüenza os los únicos que no fueron capaces de ocultar su dinero a través de Panamá o similar. La otra contradicción es que con frecuencia, no pocos de los que vehementemente piden subir los impuestos a los ricos son clientes habituales de SICAVs o reputados usuarios de los paraísos fiscales.

Al tiempo que nos despachamos diariamente con la ampliación de la lista de ricos y famosos de los “papeles de Panamá”, Cáritas advierte que la brecha en la tasa de pobreza entre los hogares sin menores y con menores es en España tres veces superior a la UE27. Y detalla que la tasa de pobreza en los hogares sin menores es del 16%, mientras que asciende al 28% en los hogares en los que hay menores, al 42% en el caso de familias monoparentales con hijos y al 44% cuando las familias tienen tres o más menores. El informe de Cáritas apunta a la muy deficiente atención que recibe la población infantil en situación de pobreza frente a, por ejemplo, la población anciana que sí tiene un sistema de protección más desarrollado que bascula en las pensiones de jubilación.

Señala además y con valentía este “contrainforme” de los “papeles de Panamá” el maltrato que recibe la institución familiar y para reivindicarla se sirve de una acertada cita del Papa Francisco en su reciente visita a Ecuador en la que sostenía que la familia era “la primera escuela de los niños, el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes, el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social, que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada, para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos. Estos servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social respecto a la institución familiar, que es la base y la que tanto aporta al bien común de todos.”

En lo demás el informe de Cáritas reivindica un mayor y mejor gasto público en atención a las familias. Siento disentir en esta recomendación que si bien es la más rápida de articular no es la única (tampoco el informe la reivindica como tal). Los economistas llamamos “trampa de la pobreza” a la situación que atrapa a muchas familias que prefieren la seguridad de percibir un pequeño ingreso público antes que buscar una salida a su situación a través de un empleo que podría conllevar mayores ingresos, pero también sería incompatible con percibir las prestación o los beneficios de los programas de atención.

Sé que habrá quien se tome a mal lo que escribo pero de la misma forma que el discurso de “hay que subir los impuestos a los ricos” es inconsistente porque los ricos ya hace tiempo que marcharon a los paraísos fiscales –Gibraltar sin ir más lejos-, tampoco es adecuado acudir al presupuesto público como la única tabla de salvación de la pobreza pese a la irresponsable deconstrucción de la institución familiar que sufrimos.

La evasión de impuestos a paraísos fiscales es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos desde hace décadas. El informe de la organización Tax Justice Network estimaba en 24 billones de euros el dinero total en paraísos fiscales en 2010. El expresidente del Comité científico de la organización “Attack”, el economista francés René Passet propuso la siguiente fórmula para acabar de un plumazo con los paraísos fiscales; “dejar de reconocer los actos jurídicos firmados en esos países”.

Respecto al problema de la pobreza familiar, creo que se debe incorporar en las demandas de todos los que estamos concernidos por la crisis de la familia, programas eficaces de lucha contra la pobreza que cada vez más, aborden la salida de la misma por la vía de la superación de la “trampa de la pobreza”.

¿DÉFICIT PÚBLICO? ¿Y QUÉ? (José Manuel Cansino en La Razón el 4/4/2016)

El 28 de Diciembre del año pasado, el mismo día en el que las organizaciones pro vida recuerdan a las víctimas del aborto, publiqué en esta página que uno de los tres grandes retos que el nuevo gobierno tendría que afrontar sería cuadrar las cuentas. Así se lo exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo y así se ha demostrado incluso superando las estimaciones de la propia Comisión Europea. Finalmente el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el déficit público español en 2015 fue del 5.16 %, casi un punto por encima de lo permitido por Europa y peor que la estimación de incumplimiento que esperaba Bruselas y que sólo alcanzaba al 4.5 % del PIB.

En resumen más de 50.000 millones de euros de gasto por encima de los ingresos y eso que no se cuentan las ayudas a la banca que alcanzaron los 547 millones en 2015; una trampa contable como otra cualquiera y que, de haberse incluido hubiera elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas hasta el 5,23% del PIB equivalente a 56.608 millones de euros. Poco de esto parece importar en un país donde se puede ser doctora en Derecho Constitucional, Ministra y sostener que el dinero público no es de nadie; un prólogo perfecto para concluir que el déficit público importa poco o es del todo inocuo. Naturalmente ni Vd ni yo podemos hacer lo mismo pero esa es otra historia.

Parte de esa sensación social de que el déficit importa poco obedece a las muy tibias o inexistentes consecuencias para quienes incurren en él junto con la ausencia de compensaciones para las administraciones públicas cumplidoras.

Por una parte la Comisión Europea jamás ha sancionado a ningún país por incumplir sus compromisos de techo de déficit. La Administración Europea se limita a poner en marcha el denominado “protocolo de déficit excesivo” cuando algún país incumple pero todo acaba en el envío de un plan financiero trianual en el que el gobierno del país advertido se compromete a cumplir una batería de medidas hasta enjugar su déficit hasta una cuantía aceptada. Prueba de que esto es de una tibieza enorme es que España lleva ocho años consecutivos incumpliendo el techo de déficit pactado con Bruselas.

La otra explicación de esa limitada preocupación con la que se recibe la cifra de déficit hay que buscarla en las consecuencias que se derivan en España para las administraciones incumplidoras. España decidió por iniciativa del presidente Aznar llevar a rango de Ley el compromiso de Estabilidad Presupuestaria. No tenía por qué haberlo hecho; bastaría el compromiso del gobierno de turno pero así se decidió para mandar un mensaje de rigor presupuestario a nuestros socios en la Unión Europea.

La norma relevante en este asunto es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley establece que cuando alguna de las administraciones que tenemos en España presentan déficit (la General, la Autonómica, la Local y la de Seguridad Social), se ponen en marcha una serie de mecanismos de corrección que pueden acabar en la imposición de multas severas. Por ejemplo, para las administraciones territoriales (general, autonómica y local) se debe poner en marcha la denominada regla de gasto que impide que éste aumente más que el crecimiento potencial de la economía, esto es, el 1.8 % actualmente. Pero si las administraciones no acaban ajustando sus gastos a sus ingresos, la Ley de Estabilidad Española incluye mecanismos sancionadores como la exigencia de realizar un depósito del 0,2% del PIB o la intervención por parte de la Administración General del Estado. Como pueden imaginar, jamás se ha multado a ninguna administración pública a pesar de que en algunos casos como Cataluña o Valencia, las desviaciones presupuestarias han sido sistemáticas y tan abultadas que entre estas dos regiones explican la mitad del exceso de déficit del que son responsables las Comunidades Autónomas. En el caso particular de Andalucía cerró 2015 con un déficit del 1,13 por ciento, medio punto (0,53) por debajo de lo alcanzado por la media de las regiones (1,66).

Todo apunta a que el Ministro de Hacienda en funciones va a limitarse a instar a las incumplidoras a que hagan un acuerdo de no disponibilidad para garantizar que los nuevos recursos que van a recibir este año (10.000 millones de euros) no vayan a incrementar el gasto, sino a financiar el que ya tenían en 2015 y a corregir el déficit.

En resumen, el déficit público preocupa socialmente muy poco y las sanciones que reciben los incumplidores son tan suaves que en nada se parecen a las que cualquier ciudadano podría esperar cuando no equilibra sus cuentas. Recientemente un reputado profesor de Economía Pública reflexionaba sobre la posibilidad de llevar a las administraciones públicas incumplidoras ante los tribunales ordinarios de justicia. Una propuesta, sin duda, a estudiar.

Pero quedémonos con un dato esperanzador. El dato es el de la evolución del déficit primario, esto es, el déficit que queda una vez que descontamos los intereses pagados por la deuda. El déficit primario es mejor reflejo de la política presupuestaria actual ya que el déficit público global (que incluye el pago por la deuda) arrastra la inercia de déficit anteriores que se tuvieron que financiar emitiendo deuda pública incluso cuando, en un alto riesgo de pedir el rescate, España tenía que pagar una prima de riesgo altísima. El déficit primario se ha reducido del 2.4 % del PIB en 2014 al 2.1 % en 2015; algo es algo, y a ello han contribuido favorablemente las administraciones locales. Pero no nos engañemos. La disciplina presupuestaria exhibida por las administraciones locales (esencialmente ayuntamiento, cabildos y diputaciones) responde a que se acogieron al Plan de Pago a Proveedores y ello limita extraordinariamente su capacidad discrecional de gasto.