RECORTES EN LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA (José Manuel Cansino en La Razón el 13/2/2017)

Que el nivel de estudios es un determinante de los ingresos salariales es, no sólo intuitivo, sino también, empíricamente demostrable. Los matices que admite esto último es que no sólo es el nivel de estudios el que determina el salario de cada cual pero, aun así, sigue siendo un determinante fundamental. Más viscoso resulta medir la calidad del nivel de estudios de cada persona y la previsible forma en la que también influye en el nivel de vida de cada cual.

En estos días han coincidido en el tiempo la reedición de las amenazas de la Consejería de Educación andaluza de reducir las plazas en colegios concertados y la publicación del análisis del profesor Manuel Hidalgo de la Universidad Pablo de Olavide, que evidencia el fuerte impacto que la reciente crisis ha tenido en los salarios de los jóvenes andaluces. El comentario que de ambos hechos realizo aquí es enteramente propio y no debe relacionarse con el riguroso al análisis de este excelente profesor.

Hay dos preguntas que me planteo ¿cómo es el gasto per cápita en educación no universitaria en Andalucía? y ¿qué porcentaje de la población muestra un bajo nivel educativo? Si el primero es pequeño, posiblemente el segundo sea alto y ayude a explicar el fuerte deterioro de los ingresos, principalmente de los más jóvenes.

El gasto per cápita educativo en Andalucía está justo en la media nacional si se manejan los datos más recientes del Ministerio de Educación y los demográficos del Instituto Nacional de Estadística. Andalucía gasta algo más de 872 euros por persona en educación no universitaria, lejos de las dos regiones que gozan de un sistema fiscal privilegiado –las provincias vascas y Navarra-. En estos dos casos, el gasto es de casi 1.273 euros y 985, respectivamente. Naturalmente, hay que ver estos datos en perspectiva histórica. Desde luego el gasto educativo en estas dos regiones del norte de España ha estado siempre, sistemáticamente, muy por encima de la media nacional.

Pero si Andalucía gasta tanto como la media nacional, el porcentaje de personas con bajo nivel educativo está muy por encima. El profesor Florentino Felgueroso divulgaba en redes sociales un gráfico que mostraba que el porcentaje de personas entre 24 y 65 años con un bajo nivel educativo en Andalucía era del 50.9, sólo superado por Extremadura (57.5) y con un promedio nacional del 41 %. Como es sabido se trata de las dos regiones con la menor renta per cápita en España; una posición casi tan pertinaz como la que mantienes vascos y navarros a la cabeza del gasto educativo.

El acceso a la Educación sigue siendo el mejor mecanismo de movilidad en el nivel de renta en cualquier parte del mundo pero, particularmente, en las zonas más desfavorecidas. Si a esto le añadimos la exigencia de ser una Educación de calidad, el resultado esperado es mejor aún. A nadie se le ocurriría ir contra centros educativos que han demostrado esa calidad sobre todo si lo han hecho en entornos difíciles. Bueno, a nadie o a casi nadie.

El Colegio Altair de Sevilla es un colegio concertado y de educación diferenciada que consigue que sus alumnos reduzcan la tasa de abandono a sólo el 10 % en una zona donde el promedio está entre el 40 y el 50 %. Una exhaustiva información del periodista Romualdo Maestre ha sacado hace sólo unos días. Si primase el criterio de la excelencia educativa, este colegio debería ser analizado con interés para ver lo que puede replicarse en otros centros.

Sin embargo, en la enseñanza concertada se solapan los argumentos ideológicos y los administrativos que, con frecuencia no van a la par. Es lo que ocurre con la enseñanza diferencia si, además, está impartida por un colegio de inspiración católica. Habrá que ver si el principal asidero que las familias de la zona tienen para conseguir prosperidad para sus hijos sucumbe o no a la discriminación por razón de convicciones religiosas.

Desde luego no sería el único caso en el que se suprimen los recursos educativos donde mayor acción compensadora tienen. El mencionado profesor Felgueroso, en su reciente artículo “Lo que el recorte se llevó: evidencias sobre el Programa de Acompañamiento Escolar” ha señalado que “entre los años 2009 y 2014, el gasto público en educación se recortó en un 16.8%. Los gastos a cargo del Ministerio de Educación se redujeron en un 34.7% y los de las CCAA en un 14.9%. Estos recortes no fueron neutrales. En especial, sólo desde el 2012, la partida (…) dedicada a la educación compensatoria, es decir, aquella destinadas por ejemplo a mejorar las oportunidades educativas de alumnos de entornos socioeconómicos más desfavorecidos se redujeron en más de un 90%.” Esto es lo que hay.

DESIGUALDAD Y AUGE POPULISTA (José Manuel Cansino en La Razón el 6/2/2017)

A diferencia de lo que ha ocurrido en el conjunto del mundo, la desigualdad en la distribución de la renta ha aumentado en España tras la denominada ‘Gran Recesión’ de 2008. La principal explicación de esa acentuación de la desigualdad está en la excepcional caída del empleo en nuestra Nación. Así lo concluye José Mestres Domenech, investigador ‘Caixabank research’ en un interesante número (el de enero de 2017) en el que se trata esta cuestión. Para Mestres, entorno al 75 % de la mayor desigualdad en España responde a la caída de los ingresos del trabajo como consecuencia de la destrucción de empleo.

Junto con España pero de manera más acentuada EE.UU. y Alemania también muestran notables deterioros en la medida de la desigualdad. La clave para entender la situación estadounidense según Javier García-Arenas, también investigador de ‘Caixabank research’ está en la acentuada polarización laboral de ese país y el actual empobremiento de las clases medias que entre 1950 y 1980, pudieron acceder a empleos en la industria manufacturera con salarios elevados en relación a su nivel de estudios.

Para el conjunto del mundo la OCDE estima que entre 2008 y 2013, la desigualdad en la distribución de la renta ha disminuido si se tiene en cuenta principal –aunque no sólo- el denominado Índice de Gini. Este índice alcanza el valor 0 en la situación de equidistribución y 1 (o 100) en el caso extremo de que una única persona acapara el total de la renta de un país. La reducción en los niveles de desigualdad ha venido de la mano del crecimiento de tres principales economías emergentes muy pobladas; China, India e Indonesia.

Lo que también se pregunta el informe del Departamento de análisis de la entidad financiera catalana con domicilio social en Madrid, es la relación entre la desigualdad en la distribución de la renta y el auge político de los populismos si bien con el foco puesto –llamativamente- sólo en los etiquetados como populismos ‘de derechas’ inexistentes, por otra parte, en España en el día de hoy.

El análisis de Javier García-Arenas permite conocer un resumen de los resultados disponibles ofrecidos por las publicaciones científicas. Estos resultados sólo analizan la relación entre desigualdad y auge populista (que el autor atribuye al Partido Republicano) en EE.UU. La conclusión es que existe una evidencia estadística aunque no muy robusta entre los estados más expuestos a la competencia con China frente a los que no lo están. El análisis lo realizaron los economistas David Autor, David Dorn, Gordon Hanson y Kaveh Majlesi. Un estudio reciente demostró que entre 1999 y 2011 EEUU perdió 1.98 millones de empleos como consecuencia de la competencia comercial con China. De ellos 985.000 correspondieron a la industria manufacturera sobre la que se había construido la clase media norteamericana.

Sin embargo y cuando se analizan otros países aunque siempre con el foco puesto en los populismos “de derechas”, las variables económicas no juegan un papel protagonista en la explicación de este auge electoral. Por ejemplo, los economistas alemanes Manuel Funke, Moritz Schularick y Christoph Trebesch encuentran que el apoyo electoral a estas opciones –entre las que supongo incluyen a la AfD- aumentó un 30 % tras las crisis financieras ocurridas entre 1870 y 2014.

Finalmente, otros investigadores subrayan que frente a las variables económicas, los factores culturales son igualmente importantes a la hora de explicar la irrupción electoral de los partidos que etiquetan de esa manera tan apresurada. Por ejemplo, Ronald Inglehart y Pippa Norris mostraron que las variables culturales mostraban mejor el auge de estas opciones políticas. Esas variables culturales respondían a la preferencia de una parte significativa del electorado europeo a preservar su identidad cultural frente a un cambio de la misma fruto de una inmigración masiva. En este mismo sentido el profesor Eric Kaufmann ha indicado que los partidarios del ‘Brexit’ estaban mucho más preocupados por la inmigración que por la desigualdad. Probablemente, un estudio similar para el incipiente ‘Frexit’ podría dar resultados similares.

En esta tema sin embargo, hay dos cuestiones que el científico no debe dejar de señalar. Por ejemplo, no es riguroso no prestar la misma atención a los movimientos populistas enraizados en la izquierda radical. En este sentido, sería tan pertinente analizar el Brexit como el fallido Grexit sobre la base de que las motivaciones políticas en el primero y en el segundo caso eran diferentes. La segunda cuestión es la rapidez con la que se reparten las etiquetas de populistas a partidos que tienen una ideología muy transversal frente a los esquemas tradicionales derecha/izquierda, conservadores/liberales, provida/proaborto. Naturalmente esto complica los análisis y quizás por eso escasean.

DE LA CORRESPONSABILIDAD A LA ARMONIZACIÓN FISCAL (José Manuel Cansino en La Razón el 30/1=2017)

En la reciente Conferencia de Presidentes Autonómicos la presidenta andaluza ha invocado la necesidad de una armonización fiscal que homogeneice la carga fiscal de los españoles. Con independencia del peculiar y frágil soporte legal de este foro, no debe pasarse sin un análisis detenido la –a mi juicio- sensata demanda de la Señora Díaz.

Para que nadie se llame a engaño me cuento entre los españoles que piensan que el desarrollo del Título VIII de la Constitución vigente no sólo no ha resuelto las demandas de los nacionalistas sino que, muy al contrario, las ha acentuado hasta llevarnos donde nos encontramos; una impugnación creciente de la soberanía nacional que reside en el conjunto de los españoles. Yo no dudo de la buena fe de los legisladores constituyentes, sólo me limito a constatar que la “natural”insatisfacción de las demandas nacionalistas nos han llevado a una situación insoportable de la que los modelos de financiación autonómica no escapan.

Para que la presidenta andaluza reivindique la ‘armonización’ es necesario entender cómo y cuándo se ha llegado a una situación fiscal que es dispar según donde resida el contribuyente. Sin duda, el diferente trato fiscal más visible es el que exhibe el gravamen de las herencias –sin tributación en unas regiones y duramente gravadas en otras como en Andalucía-. Pero no es el único.

El origen del proceso que ahora pide revertir la presidenta andaluza es lo que los hacendistas llaman ‘cesión de la capacidad normativa’ en materia de impuestos a las comunidades autónomas. Esto es, hay que recordar el momento en el que se pasa de ceder únicamente a las regiones la competencia para gestionar un impuesto que es igual para todos los españoles a poder introducir modificaciones en el mismo. Cuando se hace esto último (se cede la capacidad normativa), los impuestos pueden llegar a ser tan diferentes como ocurre con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (esencialmente gravamen sobre las herencias) o sólo un poco diferentes como ocurre con el IRPF. La clave está en si la cesión de la capacidad normativa es más o menos amplia.

Aunque con algunos precedentes, el momento clave de la cesión de la capacidad normativa de impuestos claves en nuestro sistema tributario fue el 15 de julio 2009, fecha en la que así lo acuerda el Consejo de Política Fiscal y Financiera dando luego origen a la Ley 22/2009 de 18 de Diciembre impulsada por el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Recuérdese que es un año cercano a la reforma de muchos estatutos de autonomía, entre ellos el de Andalucía ¿Quién voto a favor de este acuerdo que abría la puerta al diferente trato fiscal entre españoles aparte del que ya se otorgaba a los residentes en Navarra y las tres provincias vascas?

Las Comunidades Autónomas que dieron su apoyo al acuerdo de reforma fueron Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las abstenciones correspondieron a las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y a la Ciudad Autónoma de Melilla. Que nadie se llame a engaño, los impuestos para los que no se cedió tal capacidad fueron aquellos sujetos a armonización por parte de la Unión Europea. De no haber sido así, probablemente también se hubieran cedido en todo o en parte.

Por tanto, el gobierno andaluz, entre otros, respaldó con su voto, un sistema de financiación que ahora cuestiona por el resultado (completamente previsible) al que ha conducido. Tan previsible como que la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, a la que dio origen anunciaba que “Los principios de autonomía (…) se refuerzan en este nuevo sistema (…) mediante el incremento de las competencias normativas de éstas de cara a que tengan una mayor capacidad para decidir la composición y el volumen de ingresos de que disponen”.

De ese acuerdo y de forma resumida, nació el respaldo legal para que las Comunidades Autónomas asumieran importantes competencias normativas en el IRPF (por ejemplo, el importe del mínimo personal y familiar, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general y deducciones varias). Otro tanto ocurrió con el Impuesto sobre el Patrimonio en el que las regiones asumieron competencias sobre mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones de la cuota. Por supuesto también se hizo lo propio con el ahora tan cuestionado Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (herencias para la mayoría de contribuyentes afectados). De esta forma y a partir de 2010 las Comunidades Autónomas asumieron competencias en las reducciones de la base imponible, la tarifa del impuesto, las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente y también sobre deducciones y bonificaciones de la cuota. La lista aún alcanza al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a los tributos sobre el juego y al luego desaparecido a instancias de la Unión Europea, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Cuando se pierde el sentimiento de pertenencia a la misma Nación y se socava la soberanía de la sociedad española, cualquier acto conjunto –hasta pagar a escote el aperitivo- se torna difícil. La cesión de la capacidad normativa de 2009 siguió el equivocado modelo de pensar que ceder a las demandas descentralizadoras apaciguaría la presión secesionista aunque licuándola en el “café para todos” que mal inspiró el desarrollo del Título VIII de la Constitución.